En las últimas semanas la ley de financiamiento (como la ha llamado el gobierno nacional) se ha convertido en el debate más importante dentro de Congreso y de la opinión pública. Esto desde que la Honorable Corte Constitucional la declarara inexequible por vicios de procedimiento, con efectos diferidos a partir del 31 de diciembre del presente año. Sí o sí el gobierno debe aprobar una nueva reforma tributaria antes de terminar el 2019 si no quiere terminar con un vacío fiscal. Aunque ha sido la ley del año, son varios los proyectos de ley que esperan realizar su trámite legislativo en 2020 y que, sin duda alguna, serán dignos de todo debate en la opinión pública. Algunos de estos proyectos serán controvertidos y otros, un poco más aterrizados. Aquí un recuento de los proyectos sobre los cuáles se deberá prestar especial atención en el próximo año:
Regulación a la protesta social
Frente a la protesta social son dos los proyectos de ley que cursan en Congreso: el primero es el del senador Jonathan Tamayo, más conocido como Manguito, que con apenas tres artículos pretende generar garantías a la protesta. Dos de los tres artículos responden a meros formalismos: objeto y vigencia de la ley, mientras el segundo es más escueto aún. Se pretende en ése artículo que se permita marchar los días sábados y domingos, exclusivamente. Esta ley está llamada a especial atención en dos aspectos (el de fondo y el de forma); el primero —de fondo—, porque a toda luz está por encima de la constitución al condicionar de manera taxativa (y descarada) el derecho a la protesta social que está elevado a rango constitucional. No hay que ser una eminencia en Derecho Constitucional para saber que de aprobado este proyecto de ley, la Corte Constitucional lo declararía inexequible por ir en contravía a la Constitución. El segundo aspecto —el de forma— es importante, pues ha de analizarse el grado de preparación de nuestros congresistas al presentar proyectos de ley tan mediocres que no responden seriamente y a la altura de las necesidades del país, sino que responden banalmente a unos intereses. “Además de absurda y mediocre, inconstitucional”.
El segundo proyecto es de autoría del representante Víctor Manuel Ortiz, del Partido Liberal. Aunque si bien el proyecto busca evitar el vandalismo dentro de las manifestaciones, en uno de sus apartados se encuentra no un mico, sino un orangután. Al aumentar las penas, se refiere a las personas que “oculten su rostro total o parcialmente, de tal manera que no permita su identificación o la dificulte”. Supremamente lesivo resulta este apartado, pues, aunque va dirigido al vandalismo, en la práctica podría convertirse en justificación para la violación del derecho de protestar. De aprobado el proyecto (y en especial el apartado) se igualaría el tener el rostro cubierto con ser un vándalo. Amparados en esta futura ley y como medida de prevención, cualquier persona podría ser considerada como vándalo en potencia al llevar su rostro cubierto aun siendo contrarias sus intenciones. Muy parecido resulta este proyecto a un apartado del decreto 1923 de 1978 “Estatuto de Seguridad” mediante el cual se valió Julio César Turbay para criminalizar la protesta. En ambos casos tener una "capucha" y/o el rostro cubierto es sinónimo de vandalismo.
Parece ser que los intereses para el próximo año están puestos sobre la criminalización de la protesta social y la no garantía de derechos fundamentales de nuestra Constitución. Si se quiere continuar siendo un “Estado democrático”, debemos poner en debate estas propuestas.
Ley Andrés Felipe Arias
La ley “por medio del cual se garantiza el derecho fundamental a la impugnación, el principio de favorabilidad y se dictan otras disposiciones” es aquella con la que el Centro Democrático pretende lanzarle un salvavidas al exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, Uribito. Por la entrega de aproximadamente 550 mil millones de pesos a los más ricos del país, mediante los recursos de Agro Ingreso Seguro, el exministro fue investigado y condenado por la Corte Suprema de Justicia y también recibió una sanción de la Procuraduría General de la Nación. La condena mediante acción de tutela fue revisada por la CSJ y fue dejada en firme.
Sin embargo, el Centro Democrático ya radicó la ley hecha a la medida de Arias. Mediante esta se busca que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuente con una “Sala de Descongestión” que se encargará exclusivamente de revisar todas las sentencias condenatorias que hayan sido proferidas en única instancia. Actualmente aquellos que hayan sido condenados en única instancia no pueden apelar a la decisión, pues jerárquicamente no hay institución por encima de la Corte Suprema de Justicia que actúa como máxima instancia.
Con este proyecto de ley lo que se busca es que todas las sentencias (y por "el ladito") la de Arias sean revisadas por una Sala Especial. Esta ley en sí resulta lesiva, pues le quita facultades a la CSJ y beneficia a todos mal llamados “perseguidos políticos” que han sido juzgados por esta. En lo macro, la doble instancia no resulta descabellada, pero el propósito escondido del uribismo sí lo es. Lo que pretende el uribismo es poder controlar a su antojo la nueva Sala al no haber podido ejercer control sobre la Sala Penal. El uribismo se dará los quiebres para poner allí sus fichas más fieles e importantes que respondan a sus intereses amañando futuras sentencias (¿absolutorias?).
Sectores de oposición están en contra de la aprobación del proyecto y, el uribismo, en un lobby impresionante trata de sumar apoyos. Todo indica que la ley está llamada a prosperar, pues cuenta con apoyo de la bancada de gobierno (partidos Centro Democrático, Conservador, De la Unidad, Mira, Colombia Justa y Libre y Opción Ciudadana). El próximo año los ojos de la opinión pública estarán puestos sobre este proyecto, indiscutiblemente. En el trámite legislativo, además, se ha de estar muy pendiente de los impedimentos que se presenten, pues para nadie es un secreto que varios de los congresistas tienen familiares cercanos condenados en única instancia los cuales se beneficiarían con la ley.
En materia de paz y justicia
Proyecto de ley “por medio de la cual se amplía el plazo de comparecencia voluntaria de terceros y Agentes del Estado diferentes a los miembros de la fuerza pública, ante la Jurisdicción Especial de Paz”. Sin duda el ampliar el plazo para que terceros y agentes del Estado (diferentes a miembros de la fuerza pública) comparezcan ante la Jurisdicción Especial de Paz, asegura que la verdad que ya se está contando continúe y se convierta en símbolo de reparación para todas las víctimas. Prorrogar por un año más para que estos comparezcan resulta acertado si se quiere continuar con todo el proceso que se lleva para llegar hasta lo último en materia de verdad sobre el conflicto armado. Lastimosamente el proyecto ya levanta animadversiones entre los Congresistas, y especialmente en los del Centro Democrático. Especial atención se debe tener sobre este proyecto de ley, pues el gobierno y su partido harán hasta lo impensable para lograr la no aprobación del proyecto, así como lo hicieron con las 16 curules para las víctimas. Si no se defiende este proyecto de ley, el uribismo asestará un nuevo golpe contra el acuerdo de paz y contra las víctimas de más de cincuenta años de conflicto.
Eutanasia
Por último, pero no menos importante el proyecto de ley sobre la eutanasia y el suicidio asistido dará mucho de qué hablar el próximo año. Con este proyecto lo que se busca es regular estos dos tipos de muertes que deberán ser practicadas por profesionales en salud, cuando el paciente de manera libre a partir de la “petición libre, informada y reiterada del paciente, que esté sufriendo intensos dolores, continuados padecimientos o una condición de gran dependencia y minusvalía que la persona considere indigna a causa de enfermedad terminal o grave lesión corporal”.
En una sociedad tan conservadora como la nuestra este tema resulta bastante espinoso. Es tal el grado de conservatismo el colombiano que este tema no ha sido tratado en Congreso con la suficiente altura que se merece. La eutanasia y el derecho a morir dignamente ha sido puesto sobre el escenario público solo después de que la Corte Constitucional en Sentencia de 1997 exhorta al Congreso legislar sobre la materia. Han sido varios los intentos que desde diferentes sectores del legislativo se han hecho para la regulación de esto: en 2012 y 2013 se presentaron proyectos. Este 2019 ha sido importante, pues han sido presentados dos proyectos (en las dos Cámaras) que regulan el tema. En Cámara de Representantes, Juan Fernando Reyes (autor del proyecto) no logró conseguir mayorías y su proyecto fue hundido. Ahora, en Senado, Armando Benedetti busca mayorías que le permita aprobar el proyecto un nuevo proyecto de ley que permita cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional desde 1997. Desde ya el proyecto está llamado a no ser aprobado, pues Benedetti no tiene asegurada mayoría en Senado. En Cámara el proyecto tampoco cuenta con mayorías y está llamado a hundirse nuevamente.
Definitivamente el camino de aprobación de este proyecto está algo complejo y será función del autor (y de su bancada) conseguir los votos necesarios para que sea aprobado. Mientras tanto, y alejándonos de la independencia de poderes, lo regulatorio en este tema seguirán siendo las sentencias y pronunciamientos que la Corte Constitucional hiciere.
