Preocupa que el Ministerio de Educación hoy piense enviar de vuelta a los niños a las aulas de clase, más teniendo en cuenta que en los colegios públicos la población por aula supera los 40 estudiantes, lo cual implica que haya hacinamiento y altas posibilidades de contagio por COVID-19.
Sumada a esta problemática están las condiciones de algunas instituciones educativas que carecen de baños apropiados con agua permanente, espacios amplios de recreación, lugares de desinfección, elementos de aseo, etcétera. Por este motivo, los colegios serían grandes focos de contagio para la comunidad educativa.
Por otro lado, dado que son muy expresivos, es imposible evitar que los niños se abracen y jueguen muy cerca, lo que quiere decir que el distanciamiento social no será fácil de controlar. Además, de acuerdo con lo dicho por la comunidad científica, ellos son grandes vectores de contagio.
Y eso no es todo, otro asunto que preocupa es la condición médica de algunos profesores que tienen enfermedades preexistentes, por lo que pueden un considerable correr peligro. Lo anterior teniendo como referencia que en la medida que pasen los meses, los contagios por coronavirus aumentarán y de ese modo estarán tanto familias, alumnos y maestros expuestos a la pandemia, agregándose a ello la llegada de la época fría en el segundo semestre del año, donde aumentan las consultas por resfriados.
Se habla de enviar la mitad de los infantes al aula por turnos semanales y combinar con clases virtuales. No obstante, esto no garantiza que se disminuyan los riesgos de contagio, pues al estar encerrados en un salón por varias horas, la situación se convierte en un peligro latente para todos los actores que están inmersos dentro de la clase.
Obvio hay preocupación frente a la escasa conectividad a internet, sobre todo de algunos niños de bajos recursos o que están en zonas apartadas, por lo que las estrategias pedagógicas deberían estar enfocadas a este tipo de población.
En fin, de acuerdo con lo dicho hasta aquí, surgen diversas inquietudes, entre ellas las medidas de bioseguridad que se tomarían frente al reinicio de clases presenciales a finales de mayo, pues al haber un contacto directo con focos de contagio, esto implicaría que todos, tanto niños como docentes, estén altamente expuestos a enfermarse.
En consecuencia, surgen las siguientes inquietudes: ¿estarían las secretarías de educación dispuestas a proveer tapabocas, caretas y otros elementos de bioseguridad a pedagogos? En caso de enfermarse por COVID-19 un maestro, ¿se tomaría este tipo de padecimiento como enfermedad profesional?, ¿sería este cubierto por la ARL?, ¿se tienen pruebas de diagnóstico rápidas para detectar el virus?
Estas preguntan nacen debido a las condiciones a las que el profesor está expuesto en un plantel educativo, teniendo como referencia que también estarían atendiendo alumnos de forma presencial y virtual, lo cual acarrearía una sobrecarga laboral en ellos.
