Un paro cívico inició el pasado lunes 11 de julio en puntos estratégicos del municipio de Chiriguaná en rechazo al cierre del Hospital San Andrés, ocasionado por la profunda crisis financiera en la que las EPS y el Gobierno Nacional lo han sumido.
Desde las tres de la mañana, los habitantes del municipio de Chiriguaná se tomaron la carretera. La variante, conocida como el cruce, fue el principal escenario donde se desarrolló la manifestación, pero puntos como la “Y” de Rincón Hondo y la salida de este corregimiento, Agua Fría, la Aurora y San Roque, este último perteneciente al municipio de Curumaní; también fueron obstaculizados como recurso final para llamar la atención del Gobierno nacional, cuyo desinterés ha permitido que EPS como Emdisalud, Saludvida, Cajacopi y Caprecom, entre otras, adeuden a la fecha cerca de 14 mil millones de pesos al Hospital y la cartera se haya elevado por encima de los 17 mil millones de pesos.
De los más de 32 mil habitantes de Chiriguaná, un 53% de ellos se encuentra con necesidades básicas insatisfechas, según cifras del DANE. Cinco mil familias padecen los abusos y extorsiones de Electricaribe, el municipio entero se halla sitiado por dos de los cinco peajes que Juan Manuel Santos y Vargas Lleras acaban de aprobar en el Cesar, en un acto de privatización de las carreteras, entregadas a sus amigos de la empresa Cóndor. Como si no fuera suficiente calvario, ante los ojos alcahuetas de la alcaldesa, diputados y Congresistas del departamento, la Gobernación ordenó el cierre de uno de los más importantes Hospitales del departamento, dejando a la suerte la salud y la vida de más de 200 mil personas de Astrea, Curumaní, Pailitas, Tamalameque, Chimichagua, La Jagua de Ibirico y El paso.
El cierre del Hospital de segundo nivel San Andrés de Chiriguaná inició desde el 1 de julio, pero la crisis lleva ya varios años. Este colapso de hoy es el resultado de la aplicación de una política neoliberal que privatizó la salud, convirtiéndola en un servicio con ánimo de lucro en beneficio de unos pocos organizados en asociaciones delincuenciales –asesinas- denominadas “EPS”, que funcionan como intermediarios entre hospitales y clínicas (IPS) y pacientes (Clientes). El negocio consiste en cobrarles a los clientes por atenderles mal sus enfermedades –o no atenderlos- y no pagarles a las IPS por ese servicio, el cual se ven obligados a prestar mal porque, como se evidencia en el caso puntual de Chiriguaná, no se les paga a los trabajadores, ni a los médicos. A la fecha superan los 11 meses sin salario.
Y cuando uno cree que la pena es demasiado cruel, aparece el Contralor General de la República denunciando detrimento patrimonial por indebida gestión fiscal en la administración de los recursos que la nación ha destinado a este Hospital.
Ante la manifestación de las comunidades, que luchan por defender su salud y su vida, Juan Manuel Santos y Franco Ovalle, responden enviando al ESMAD, para que sin temor maltraten y asesinen, como lamentablemente acaba de ocurrir, a quienes sólo exigen lo que merecen: el respeto a sus derechos y la inversión adecuada de sus impuestos en algo tan necesario como un Hospital.
Santos y Ovalle deben exigir a las EPS que paguen su deuda con el Hospital de los Chiriguaneros, así como la que tienen con las demás IPS, especialmente el Rosario Pumarejo de López, el cual terminará en una manifestación mayor si el Gobierno nacional y departamental no atienden con prontitud esta situación, pero sobre todo, si la figura asesina de las EPS sigue existiendo esta manifestación se expandirá por todo el país, donde este sistema ha hecho aguas.
@maradelrosari10
