De los hechos sobresalientes en los últimos doscientos años está sin duda la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de la República; y lo digo plenamente convencido de que es un acontecimiento histórico si tenemos en cuenta las circunstancias adversas que le antecedieron por parte de las campañas políticas opositoras que sembraron de duda la victoria del presidente electo en la segunda vuelta presidencial.
Las acciones que se confabularon contra la lucha democrática del presidente electo estuvieron enmarcadas en una campaña de mentiras y de miedo con el cuento de que todo se iba a derrumbar y que los cambios democráticos que se estaban anunciando, iban a llevar al país a un salto al vacío; muchos de los grandes medios de comunicación le mintieron a la gente del común con el cuento engañoso de que el presidente electo iba a expropiar a los pequeños propietarios de apartamentos, fincas, carros y haciendas, todo con el fin de fomentar una mentalidad adversa a los cambios sociales, económicos y políticos que le están haciendo falta al país para poder salir adelante, en medio tantos años de frustración, desigualdad, pobreza, violencia y corrupción.
Pero a pesar de todas las penurias y dificultades, de todas las mentiras y falsificaciones, se ganó en la segunda vuelta por una cantidad considerable (700 mil votos) y ahora tenemos una nueva situación política que augura un nuevo porvenir para todos los colombianos.
Quién iba a pensar que al otro día de las elecciones aparecerían como por arte de magia el Partido Liberal, el Partido Conservador, entre otras corrientes políticas, ofreciendo con su apoyo la capacidad de maniobra y gobernabilidad en el congreso de la República para poder llevar a cabo las reformas estructurales de su programa político.
Obviamente la cosa no va a ser tan fácil como muchos están creyendo; la situación económica del país, el déficit fiscal, el desempleo, la corrupción y la violencia, para no citar sino algunos indicadores económicos y sociales, van a marcar las dificultades que interpondrá con seguridad la casta dominante que ha subyugado al país durante 200 años.
Solo que ahora tenemos la presidencia de la República y la correlación de fuerzas en el Congreso para poder hacer las reformas estructurales y organizar el pueblo excluido, explotado y oprimido, para que se apropie del verdadero poder popular a través de las organizaciones de base en todo el territorio nacional.
Para no ir muy lejos ya se empiezan a ver las contradicciones y enfrentamientos de los apetitos burocráticos y de poder entre el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, por el manejo del llamado empalme del gobierno saliente con el gobierno entrante, en torno a grupos políticos que quieren continuar con el control de los grandes temas económicos de la ciudad y del departamento, como Hidroituango, El Tren de Cercanías, El Metro, El Tranvía de la Ochenta, la Ciudad Aeroportuaria del oriente Antioqueño, los puertos marítimos de Urabá, las autopistas de las 4 G, para no hablar sino de los aspectos principales que le darán conectividad, movilidad y la visión internacional al departamento y a la ciudad.
La pregunta ahora es cuál va a ser el papel de los “independientes” del alcalde de Medellín en el manejo del gobierno del presidente electo y del Pacto Histórico en Antioquia, y a su vez cuál va a ser el papel protagónico de las corrientes de la izquierda socialista dentro del Pacto Histórico en Medellín, Área Metropolitana y demás subregiones del Departamento como Urabá, Oriente Cercano, Bajo Cauca antioqueño, Occidente, Nordeste, y Magdalena Medio, teniendo en cuenta el ajedrez político que se empieza a mover para las próximas elecciones locales y regionales de octubre de 2023, en el marco político de las reformas estructurales que se pretenden implementar, como la tributaria, agraria, laboral, pensional, salud, educación, justicia, ejército, policía, procuraduría, y muy especialmente la reforma política, marco en el cual se va a tener que mover la izquierda democrática y progresista.
En el mismo sentido tenemos que contar con el papel de los representantes y senadores del Pacto Histórico en la región con miras a las elecciones locales de 2023; es en esta perspectiva que debemos mirar los aspectos programáticos y de la lucha de masas por el poder local, teniendo en cuenta el comportamiento de los parlamentarios del Pacto Histórico, que ya se reunieron el 11 de julio en Medellín, con la presencia de Roy Barreras como presidente del Congreso, con el fin de estructurar los proyectos de ley sobre las reformas de fondo que se van a presentar el 20 de julio, cuando se instala el nuevo Congreso de la República.
Es en este escenario donde la izquierda va a tener que jugar con habilidad practicando la unidad de acción política y la movilización de masas, para que los sectores del liberalismo socialdemócrata no la vayan a llevar al aislamiento político de las luchas de masas y de las consignas democráticas y revolucionarias.
De la reunión de los parlamentarios del Pacto en Medellín hay que conocer sus conclusiones jurídicas y políticas, sobre todo en lo que se refiere a los proyectos de ley, como uno de los principales insumos para la implementación del programa de gobierno a nivel regional y local, sobre todo en lo referente a los contenidos del Acuerdo de Paz, (Tenencia de la tierra, participación política, solución al problema de los cultivos de uso ilícito, justicia, paz, verdad, reparación y compromiso de no repetición para las víctimas del conflicto armado)
Teniendo en cuenta, además, las buenas señales del encuentro de Medellín, como fueron el anuncio de la reunión de los parlamentarios del Pacto Histórico con la Asamblea Nacional de Venezuela para fines de agosto; la buena aceptación de Luis Gilberto Murillo como nuevo embajador de Colombia en EE.UU; la visita de una alta comisión del gobierno de los EE.UU para entrevistarse con el presidente una semana antes de la posesión; la propuesta de diálogos y negociación política con el ELN con base en el cese bilateral del fuego para alcanzar una Paz estable y duradera; la utilización de las Juntas de Acción Comunal para la implementación de proyectos de construcción de vías terciarias en los municipios; el visto bueno del Gobierno de EE.UU. para la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con el nuevo presidente de Colombia.
Sin dejar de lado el compromiso por parte del nuevo gobierno, del cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de las demás actuaciones de la justicia especial para la paz (JEP), a la vez que concretando el contenido real del Acuerdo Nacional con la participación activa de la sociedad en los diálogos regionales vinculantes para la paz.
Como se puede ver con claridad, hemos entrado en una nueva situación política que tenemos que aprovechar para organizar y movilizar al pueblo en defensa de sus derechos constitucionales y legales, construyendo el gobierno de transición democrática.
