La posibilidad real de un nuevo poder popular y democrático en el país es un hecho que se ha venido comentado por analistas políticos y columnistas de prensa, en entrevistas de radio y televisión, basados en las encuestas de intención de voto y en las manifestaciones masivas en las plazas públicas, que están expresando la nueva correlación de fuerzas como tendencia predominante favorable al candidato presidencial del Pacto Histórico.
Obviamente este fenómeno obedece al desastroso gobierno de Uribe-Duque, agente indiscutible del neoliberalismo salvaje, caracterizado por la corrupción, el desempleo, la violencia institucional y paramilitar, y agravado por el manejo de la pandemia del covid-19 a favor de los grandes capitales que aumentaron sus ganancias paralelamente a la desigualdad, le exclusión, la miseria, el desempleo y la informalidad de grandes sectores sociales.
A esta situación hay que agregar las grandes las protestas sociales de abril, mayo y junio con la correspondiente respuesta violenta del Gobierno; además de la ola de protestas populares y de su transformación electoral en Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Nicaragua y Honduras; procesos que van a incidir en las próximas elecciones de Colombia, que estarán marcadas por la cresta de la ola popular que recorre a los países de América Latina.
Es en estas condiciones de crisis económica en que se debaten amplios sectores de las clases populares y de las capas medias del país, donde se puede avizorar el triunfo del PH con las consecuencias que seguramente traerá este interesante fenómeno político nunca antes visto en la historia reciente de Colombia, dada la resistencia que han presentado las clases dominantes a los cambios democráticos que necesita el pueblo colombiano.
Teniendo en cuenta este espacio histórico de la coyuntura política, los sectores democráticos y revolucionarios deben estar sobre aviso del previsible coletazo de las elites dominantes, como consecuencia del desarrollo del programa de gobierno de transición democrática para la solución de los grandes problemas nacionales con las reformas estructurales inaplazables que está pidiendo la inmensa mayoría del pueblo colombiano.
La democratización de la tierra, del conocimiento, y del crédito; el tratamiento del medio ambiente, el cambio climático y la contaminación ambiental; la implementación de los Acuerdos de Paz: verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto armado, los programas de desarrollo alternativos a los cultivos de uso ilícito, la reforma política electoral, la política de industrialización, de reforma agraria y urbana, de empleo, de seguridad, de género; en fin, la reforma de las pensiones, de la salud, de la educación, de la justicia, la nueva reforma tributaria estructural, equitativa, progresista y democrática; una nueva política internacional independiente y soberana; todos estos cambios estructurales hay que llevarlos a cabo con el concurso de las mayorías nacionales para poder asegurar su implementación y sostenibilidad en el tiempo.
Por eso hay que tener claro que la realización de los objetivos programáticos a favor de los sectores populares va lesionar los intereses y prerrogativas de las minorías privilegiadas del país, por lo que van a responder con la violencia, la desestabilización, los atentados, la desinformación y la mentira a través de los medios de comunicación y de las instituciones que le han servido desde siempre para sostenerse en el poder, como lo demuestra la experiencia de los gobiernos progresistas de América Latina frente a las agresiones del imperialismo y de los gobiernos de las multinacionales que agencian el modelo del neoliberalismo salvaje.
Es conocida la capacidad de maniobra económica, financiera, política y militar de las corporaciones multinacionales, con sus gobiernos e instituciones internacionales para imponer los programas de desarrollo de conformidad con sus intereses, como lo estamos viendo ahora con el manejo de la vacuna contra las distintas variantes de la pandemia del covid-19, por parte de los laboratorios de las multinacionales.
La acometida del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) -Bancolombia, Sura, Nutresa, Grupo Argos, de los consorcios contratistas, programadores, diseñadores e interventores del Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango; del periódico El Colombiano y de algunas universidades privadas contra el alcalde de Medellín está mostrando con claridad la capacidad que tiene el gran capital para poner a su disposición todos los instrumentos institucionales de poder financiero y político para resguardar sus intereses de clase.
Por eso el gobierno del PH tiene que acudir a la organización y movilización del pueblo para poder estar en condiciones de enfrentar la arremetida de la clase dominante, si es que en realidad se quiere dar cumplimiento a las promesas de campaña contenidas en el programa de gobierno para la transición democrática.
La perspectiva de un poder democrático para realizar las profundas reformas estructurales que necesita el país tiene que estar acompañada de la movilización organizada de las amplias mayorías nacionales, si es que en verdad se quiere realizar un proyecto político democrático de largo aliento, que tenga en cuenta un nuevo modelo de desarrollo económico, político y social alternativo al neoliberalismo, que no es otro que un modelo de socialismo democrático y humanista que tenga en cuenta la hegemonía de los trabajadores en la construcción de una nueva economía, un nuevo Estado y una nueva sociedad.
En este sentido uno de los puntos fundamentales a desarrollar por el nuevo poder tiene que ver con la Reforma Laboral Integral que pueda asumir la economía informal y organizar a todos los trabajadores en sindicatos nacionales por ramas industriales que les permita ejercer su protagonismo como sujeto de los cambios democráticos mediante un nuevo Estatuto de Trabajo.
Sin una organización nacional de los trabajadores de las diversas ramas fundamentales de la economía será imposible tener el sujeto político indispensable para la construcción de una nueva sociedad, y para asegurar la continuidad y sostenibilidad en el tiempo de un gobierno de transición democrática.
En este sentido cobra vital importancia no solamente la organización sindical de los trabajadores, sino también la organización política de los mismos en el PH, como herramienta política para construcción de un Frente Amplio para las transformaciones nacionales, combinando acertadamente la lucha parlamentaria con la lucha de masas en las calles, bajando la información de las redes sociales a la presencia física de los trabajadores en la agitación, movilización y promoción de las propuestas y proyectos de ley para las reformas contenidas en el programa de transición hacia la democracia. De ahí la importancia decisoria de una franja mayoritaria de los sectores democráticos en el Congreso de la República.
Se trata, además, de que el PH no se quede en la Capital de la República sino que se nutra con toda la diversidad económica, cultural, social y política de las distintas regiones colombianas, que sería como la clave fundamental para sostener el proyecto político en el tiempo, superando la falencia de otros frentes populares que no han tenido la perspectiva de largo aliento sino que se han agotado sin trascendencia en coaliciones para la coyuntura electoral del momento.
Hace falta entonces que además de la organización nacional de los trabajadores, también hay que construir la organización política del PH en todos los municipios y departamentos de Colombia, para poder bajar la opinión pública y las redes sociales a la construcción de poder popular en las regiones y localidades, como una forma de Estado popular para las transformaciones estructurales de la sociedad colombiana.
Hay que tener en cuenta al mismo tiempo que después de las presidenciales siguen las elecciones locales y regionales, el espacio para demostrar el arraigo popular y la vocación de poder y permanencia del proyecto democrático. Unir, organizar y movilizar al pueblo colombiano será la tarea principal de la izquierda en el gobierno del Pacto Histórico.
