El capítulo de Thomas Greg & Sons y el contrato de pasaportes queda cerrado este 2 de octubre cuando se vence el compromiso de la Cancillería con ellos en la tarea de elaboración de los pasaportes de los colombianos que han tenido durante más de una década. Desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Queda eso sí viva la demanda por $117.000 millones que fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpuesta por su apoderado el abogado Juan Pablo Estrada.
El tortuoso episodio contractual que buscaba, por decisión del Presidente Petro de no permitir otorgar contratos con un único proponente comenzó el año pasado y tuvo como consecuencia la renuncia de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Martha Lucia Zamora y la suspensión del canciller Álvaro Leyva por seis meses, decisión en cabeza de la Procuradora, Margarita Cabello.
Con la suspensión de Leyva, el Presidente encargó en el cargo al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, quien debió afrontar las dificultades del contrato para la elaboración de los pasaportes, atravesado por un pleito legal en el que ha tenido que entrar la Andje.
Ahora, a menos de seis meses de quedarse sin quién elabore los pasaportes de los colombianos, el Gobierno Petro encontró una fórmula encaminada a dejar a Colombia con la capacidad instalada para seguir elaborando estos documentos en el país, para lo cual se escogió a la Imprenta Nacional. El timonazo fue mayúsculo si se tiene en cuenta que más de una docena de empresas, con componente internacional, fueron habilitadas para presentarle sus ofertas a la Cancillería.
El canciller ha dado algunos adelantos de la solución que tienen en mente. Con la Imprenta Nacional como ancla del proceso se buscaría una empresa extranjera como aliada con experiencia y es allí donde ha empezado a sonar el nombre de la mexicana Acceso Holográficos. Se trata de una firma que ya ha estado interesada en entrar al negocio de los pasaportes colombianos en el pasado y que ha tenido problemas en su país por presuntas prácticas anticompetitivas e incluso en Colombia con la elaboración de sellos antifraude para la Fábrica de Licores de Antioquia que terminaron siendo no funcionales.
En un debate de control político al que fue citado Luis Gilberto Murillo el 24 de abril le preguntaron acerca de la posibilidad de que la mexicana sea contratada, lo cual no confirmó, pero tampoco negó, sino que simplemente aseguró que van a hacer un proceso de selección objetivo. Por el momento tienen la fórmula pensada en el papel, pero aún falta mucho camino para decidir el nombre definitivo de los socios, un privado y un internacional escogidos. El tiempo no corre a su favor.
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