República Dominicana se había convertido en un pieza clave para la constructora brasileña desde que Marcelo Odebrecht decidió, en el segundo semestre de 2014, trasladar a Santo Domingo la oficina desde donde se coordinaban los sobornos para las obras en América Latina, por considerar que el país le ofrecía más seguridad. Odebrecht deberá pagar en República Dominicana una multa de USD 184 millones y revelar en 30 días los nombres de las personas y sociedades que recibieron sobornos por la contratación de obra pública entre 2001 y 2014.
Uno de los peces gordos en caer fue el empresario dominicano Ángel Rondón, quién según la brasileña recibió USD 92 millones para ser usados en sobornos y 6,5 millones de euros por la intermediación con la filial española Canal de Isabel II, la Triple A Dominicana. Rondón compartía la presidencia de la empresa de aguas con Diego García Arias, quien representa a Inassa, la compañía colombiana que gestiona la mayoría de las filiales del Canal en Latinoamérica.
Diego García Arias, quién reside en Barranquilla, fue detenido y está solicitado en extradición por la Audiencia Nacional de España, pues formaba parte de la junta Directiva de la Triple A junto con el ya capturado Edmundo Rodríguez Sobrino. El otro ya capturado es Ignacio González de quién se indica en la investigación que cobraba una comisión de un millón de dólares por obra, a través de dos empresas radicadas en Colombia y Santo Domingo.
