Desde el año 2006 Colombia comenzó a vivir un cambio en la forma de operar de los grupos armados ilegales frente a las elecciones locales y regionales. Hasta ese momento las guerrillas aplicaban la famosa estrategia del boicot electoral y el vacío de poder, estrategia que consistían en impedir las votaciones y la presión para la renuncia a candidatos a los concejos municipales y alcaldías. Por su parte los grupos paramilitares aplicaban el famoso proselitismo armado, que consistía en obligar a la población a votar por determinados candidatos, de hecho, su máximo esplendor de esta estrategia fue la creación de los distritos electorales, los cuales eran grupos de municipios que se entregaban a políticos y allí solo ellos podían hacer campaña, en estos municipios los candidatos seleccionados por los paras sacaban más del 60 % de los votos.
Los grupos armados ilegales dejaron de influir directamente en comicios electorales, comenzaron a influir de forma más indirecta y mediante mecanismos un poco más complejos de seguir como la financiación ilegal de campañas. Desde ese momento también las organizaciones criminales dejaron la violencia masiva y comenzaron a realizar acciones de violencia selectiva.
El gobierno nacional desde el año de 2003 había desarrollado estrategias para blindar las elecciones y cada vez que transcurría algún comicios, salía el ministro de Defensa a decir que “estas son las elecciones más pacíficas de la historia del país”, cuántas veces no escuchamos al entonces ministro de Defensa Pinzón repetir lo mismo. Sin embargo, siempre se le advirtió al gobierno nacional que la estrategia de los grupos armados ilegales había cambiado, ya no iban a quemar urnas, ni impedir las votaciones, pero nunca se cambió de estrategia, y ahora el país se aboca a vivir una de las elecciones con mayor financiación ilegal de campañas y sobre todo con el asesinato selectivo a fuerzas de izquierda. Pareciera que se reviviera la violencia selectiva contra fuerzas de izquierda.
En el último mes algo más de 20 candidatos han sido amenazados, asesinados o han sufrido atentados, y casi todos ellos de la Unión Patriótica o del Polo Democrático. Por ejemplo en Palmitos Sucre el candidato de la Unión Patriótica a la alcaldía sufrió un atentado, del cual salió ileso gracias a que llevaba el chaleco antibalas. En Cesar un candidato al Concejo de Valledupar fue amenazado por militar en la UP. En Norte de Santander en los municipios del Zulia y Teorama los candidatos de la UP fueron amenazados. Igualmente tres candidatos del Polo Democrático han sido asesinados en los últimos días, en el Charco Nariño y Aguazul Casanare se presentaron los últimos casos. Además de esta violencia selectiva contra la UP y el Polo Democrático, también fue capturado el candidato a la alcaldía de Guapi de la Unión patriótica y seguro ganador en los comicios del 25 de octubre. La UP ha denunciado que es una persecución y las autoridades lo acusan de ser auxiliador de la guerrilla de las Farc.
He recorrido varias regiones del país en los últimos meses, Nariño, Putumayo, Cauca, entre otros y en todos ellos estas terceras fuerzas son acusadas por la competencia política de ser de izquierda y de ser guerrilleros, la estigmatización es preocupante, incluso las autoridades manifiestan que por ser campesinos estos candidatos y venir de zonas rurales apartadas, muy seguramente son de la guerrilla. Acusaciones sin fundamento que están llevando a una verdadera persecución política.
Uno de los mitos que han creado algunos sectores políticos y élites gobernantes es que a los militantes de izquierda los asesinan porque existen unas guerrillas y que el odio a estas guerrillas justifica un odio a la izquierda. Pero la realidad en las regiones es distinta; en Colombia asesinan por pensar diferente, por ser de izquierda y luego, para justificar el asesinato, acusan a las víctimas de ser guerrilleros.
El llamado es al gobierno nacional, no se puede repetir la historia de los años ochenta y noventa del siglo pasado cuando más de 3000 militantes de izquierda fueron asesinados, la mayoría de ellos en una alianza entre fuerzas del Estado y grupos paramilitares. La protección y garantías a la participación política son fundamentales. El reto ya no es blindar solo el día de las elecciones, lo cual es necesario, también se debe garantizar una estrategia de seguridad los meses anteriores a los comicios.
