Esta es la crónica de un gobierno que en un año no ha logrado disipar las dudas con las que nació. Aquel 7 de agosto, un viento impertinente, agorero, desordenó el protocolo de aquel día gris cuando el presidente menos preparado y experimentado de nuestra historia de malos gobiernos juró defender la Constitución como el presidente número 33. Incluso desde ese día, fue evidente que el recién estrenado presidente iba a encontrar en su propio partido el menos fiable de sus aliados, o, como olvidar el desastroso discurso del presidente del Congreso, plagado de falsedades y malas intenciones, al punto que opacó la que debía ser la hora del nuevo mandatario.
El gesto no fue, ni mucho menos gratuito, pues desde ese mismo instante fue claro, como lo indicó una de las senadoras del partido de gobierno, “una cosa es el gobierno y otra el partido”. Esa división, que en aquel momento parecía sutil, terminó siendo definitiva, porque si algo no ha podido hacer este joven presidente, es contar con el respaldo de su propio partido, menos aún con aquellos que juraron lealtad cuando los votantes forzaron la segunda vuelta electoral. En aquel momento, todas las fuerzas políticas tradicionales, sin importar antagonismos pasados, unieron sus vocaciones burocráticas y retardatarias para elegir al inexperto señor Duque con el compromiso de contar con la respectiva cuota de representación en el codiciado aparato estatal.
Sin embargo, con el paso de los nombramientos clave, fue evidente para los caciques de siempre que el botín no iba a ser más que migajas y la luna de miel, terminó antes de consumarse el amor. A continuación, me propongo exponer tres de los varios puntos grises que han marcado el primer año de gobierno del presidente Duque.
Uno de los detonantes de la violencia,
la desigualdad y la injusticia es el problema de tierras
Uno de los detonantes de la violencia, la desigualdad y la injusticia que fundó el ciclo de violencia que no parece tener fin en nuestro país, es el problema de tierras. Resulta que Colombia, es el quinto país del mundo y el primero de América Latina con mayor desigualdad en la tenencia de tierra. Este dato lo demuestra el último censo agrario, el cual encontró que el 0,4 % de los dueños de la tierra tienen el 77 % del área que produce agricultura. Es por ese motivo que el primer punto del acuerdo de paz, es el que precisamente aborda la imperante necesidad de llevar a cabo una Reforma Rural Integral (RRI). A pesar de ello, en lo transcurrido desde aquel cercano, pero a la vez distante 7 de agosto de 2018, el gobierno ha hecho más bien poco por implementar de forma correcta este punto clave. Sobre el mismo, lo único que ha hecho el gobierno hasta la fecha es, de acuerdo con la experta Jhenifer Mojica, “legalizar tierras, lograr que tengan papeles de propiedad saneados y estén registradas. Si bien esto sí estaba planteado en el Acuerdo, en la práctica no es una agenda de paz ni agraria ni de desarrollo rural, más bien de seguridad jurídica para el mercado de tierras”.
Los nombres de las víctimas se multiplican cada semana
sin que el gobierno logre avanzar contra este atroz delito
Por otra parte, no se debe olvidar que es precisamente el tema de tierras, muchas de ellas arrebatadas de forma ilegal a sus propietarios campesinos, por diversos grupos delincuenciales, las que reclaman las lideresas y líderes sociales, o del territorio, para ser más precisos, que han sido y siguen siendo asesinadas y asesinados por diversos actores ilegales. No podemos olvidar que la cifra, que los nombres de las víctimas se multiplican cada semana sin que el gobierno logre avanzar contra este atroz delito. Infortunadamente el número de nombres y de historias crece con el paso de las semanas al punto que no hay cifras exactas. Sobre este drama, el gobierno ha tratado y fallado en implementar una estrategia de prevención y esclarecimiento sólida, y como no ha podido, entonces ha optado por presentar resultados falseados, como el informe Barbosa, que sostiene de manera irresponsable y con evidentes fines políticos que tras la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO) el número de homicidios ha disminuido en un 35%. Este informe, preparado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, tiene, por lo menos cinco errores metodológicos, como sostienen la investigadora Valeria Rozo y el investigador Rodrigo Uprimny, quienes exponen que “i) se basa en una única fuente; ii) distorsiona la propia metodología de esa fuente única; iii) compara períodos no comparables; iv) ignora la diferencia entre correlación y causalidad; y v) pierde de vista que existe un subregistro sobre la muerte de líderes sociales, que obliga a trabajar con metodologías más complejas”. Que un informe de esta naturaleza incurra en estos errores, muestra que el gobierno ante su incapacidad opta, no por corregir, no por enmendar su ineptitud e incompetencia, sino por ocultar y mentir sobre la gravedad del asunto para manipular a la ciudadanía con una narrativa que busca restarle importancia al problema presentando resultados favorables a una gestión que no ha hecho en realidad.
Otro de los puntos negros ha sido la mediocre gestión
para avanzar en la implementación de los acuerdos
Sin duda, otro de los puntos negros del gobierno durante este año ha sido la mediocre gestión para avanzar en la implementación de los acuerdos, que debería de haber sino uno de sus pilares, si la presidencia hubiera sido ganada por una persona seria y comprometida con el país. Pero ese no fue el caso y la verdad es que si el proceso se ha sostenido ha sido por la presión ejercida desde la comunidad internacional y las diversas agencias de la ONU. La verdad es que la única voluntad por parte del gobierno, ha sido la del saboteo a la paz, como el lamentable intento de objetar la ley estatutaria de la JEP. Cómo olvidar, que a un día para que se venciera el plazo legal para que firmara la ley, el presidente, que juro respetar la Constitución, optara por objetarla, irrespetando el trabajo de la corte constitucional y poniendo en vilo el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los peores hechos del conflicto colombiano. Desde ese momento, el partido de gobierno, concentró todos sus esfuerzos y desplegó todas sus trampas para dilatar las votaciones hasta en cuatro oportunidades. Sin consenso en el Congreso, las objeciones volvieron a la Corte Constitucional, que dictaminó de forma unánime hundirlas, para fortuna de Colombia e infortunio del gobierno.
Desafortunadamente, no es suficiente este espacio para continuar señalando los demás tropiezos de un gobierno sin brújula, -economía naranja, corrupción en el ejército, regreso de la política de los falsos positivos, censura, problemas fiscales, etcétera- que no ha logrado tender puentes, ni hacer compromisos reales tendientes a mejorar las condiciones de millones de ciudadanos y ciudadanas en su día a día, que no cuenta con interlocutores en otros campos políticos diferentes al suyo, que ni siquiera tiene el apoyo de sus copartidarios. Lo peor es que en esta coyuntura mundial, su inexperiencia, su torpeza y terquedad nos está enturbiando el futuro. A pesar de ello, y quizá pecando de ingenuidad, quedan tres años para que rectifique, para que por fin entienda que su papel tiene un impacto real y perecedero en la sociedad, tres años para que el señor Duque defina cuál va a ser su legado, si el de un hombre que sobrepuso los intereses de unos pocos sobre los de la nación o el de uno que supo que su cargo le imponía la responsabilidad soberana de guiar a su país hacia la construcción de uno más equitativo y justo para todo el conjunto de su ciudadanía.
