Mientras el presidente Duque insiste tozudamente en justificar la grave crisis de seguridad y derechos humanos que padece el país responsabilizando al narcotráfico e intenta legitimar la persistencia de su gobierno en la llamada guerra contra las drogas, la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (WHDPC) –comisión bipartidista independiente del Congreso de los EEUU- publica un informe donde cuestiona el paradigma de la política antinarcóticos norteamericana y reconoce un secreto a voces: el Plan Colombia fue un fracaso.
Tras 50 años de ingentes recursos invertidos y de innumerables pérdidas humanas, si el objetivo de la llamada guerra contra las drogas era realmente la reducción del consumo y la destrucción de la economía capitalista del narcotráfico, estamos ante un estrepitoso fracaso. En cambio, como disfraz para la intervención directa de EE. UU. en toda América Latina y el fomento de lucrativos negocios, la política antinarcóticos ha sido todo un éxito. Así también lo testifica la misma comisión cuando reconoce la función contrainsurgente y de “seguridad nacional” cumplida por el Plan Colombia: “Un estado que hace dos décadas estaba al borde del colapso es ahora el más firme aliado de EE. UU. con una democracia vibrante y una economía de mercado estable”. Justamente dedicaré uno de mis informes a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad a los actores internacionales en el conflicto armado interno, donde la injerencia norteamericana amerita capítulo especial.
La política prohibicionista y punitivista impulsada por Washington desde tiempos de Nixon, además de cebar el poder de una entidad tan corrompida como la DEA y de generar grandes utilidades a sectores del complejo militar industrial norteamericano, solo ha redundado en la elevación de los precios de los narcóticos y por tanto de las ganancias del narcotráfico que inexorablemente vierte sus capitales en el sistema financiero global e irrigan todo el mercado mundial. La demanda desbordada en especial del mercado norteamericano, el prohibicionismo y la complicidad del sector financiero, mantienen al narcotráfico como un significativo renglón del capitalismo mundial. Es sobre estos aspectos que debe trabajar cualquier estrategia que pretenda atacar realmente esta problemática.
El Informe de la WHDPC aunque enmarcado todavía en el prohibicionismo y el intervencionismo desnuda varias realidades ya denunciadas. La política ecocida de la aspersión aérea que había vertido sobre nuestras selvas y montañas más de 15 millones de litros de glifosato hasta 2012, así como la erradicación forzada no son eficaces para disminuir la oferta de cocaína. “Destruir laboratorios y confiscar precursores químicos puede ser más rentable y menos dañino para las comunidades locales que erradicar los cultivos de coca” plantea la Comisión bipartidista, que nuevamente deja en cuestión toda la política de Trump-Duque cuando afirma: “Enviar trabajadores y fuerzas de seguridad a áreas remotas para eliminar pequeñas parcelas de coca es un esfuerzo inútil”. El ensañamiento contra el campesinado cultivador y la opción por la ocupación militar solo pueden entenderse por intereses políticos y geopolíticos, no por su efectividad para derrotar al narcotráfico.
Tras 50 años de lucha antidrogas, más de 11.000 millones de inversión norteamericana solo en el Plan Colombia, y más de dos décadas de ocupación militar en el país, la derrota es bochornosa: «La cantidad de coca cultivada alcanzó un récord de 212.000 hectáreas en 2019, incluso cuando el país intensificó sus esfuerzos, erradicando más de 100 hectáreas” certifica WHDPC. Seguir insistiendo en esta política fracasada no solo es criminal con nuestros ecosistemas y comunidades rurales, sino estúpido.
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Es hora de abordar el debate con rigor y superar la moralina con que la derecha asume el tema del narcotráfico
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Es hora de abordar el debate con rigor y superar la moralina con que la derecha asume el tema del narcotráfico. Revaluar la fracasada política actual no es estar a favor de los carteles ni de la violencia, insistir en ella por el contrario es funcional a quienes se han beneficiado de esta economía ilegal y del prohibicionismo. No hay autoridad moral ni en Washington ni en el Centro Democrático para hablar del tema ni para insinuar relaciones non sanctas a quienes cuestionamos la fracasada estrategia.
Desde el caso Irán-Contras que financiaba la guerra en Centroamérica y cuyos más conspicuos involucrados aun hoy ocupan cargos públicos en EEUU, hasta las actuales relaciones entre el grupo narcoparamilitar de Los Rastrojos desplegado en la frontera colombo-venezolana y su relación con grupos opositores de ese país, se ha evidenciado el aprovechamiento de las mafias del narcotráfico para objetivos geopolíticos de Washington. Mientras tanto el presidente Duque que tanto culpa al narcotráfico por todo lo que sucede en el país no hace tiene la misma vehemencia para actuar con los funcionarios de su gobierno y de su campaña involucrados con agentes de los grandes eslabones de esta cadena ilícita: el lavado de activos. Ni los “Ñeñes” ni los “Memos Fantasmas” ni sus socios, reciben fumigaciones y ESMAD como sí lo sufren las comunidades cultivadoras.
El informe de WHDPC aporta entres sus recomendaciones varias claves que en hora buena deberían ser tenidas en cuenta en Bogotá y en Washington. La primera plantea que sea el Departamento de Estado el que directamente lidere y coordine la lucha antidrogas para el hemisferio. Esta sugerencia contienen una fuerte crítica implícita a la DEA, de manejo gubernamental, que no solo se hunde en la corrupción de sus acuerdos con criminales y sus operaciones de entrampamiento, sino que como quedó demostrado en el caso de Néstor Humberto Martínez, venía siendo usada como instrumento político del gobierno Trump. En segundo lugar, la comisión bipartidista cuestiona la práctica neocolonial de la certificación: “Reemplazar el proceso de certificación y designación de drogas por herramientas más efectivas para evaluar los esfuerzos de los países para contrarrestar la delincuencia transnacional y sancionar a quienes no actúen. El proceso de certificación actual ofende a nuestros socios y hace poco para disuadir las prácticas corruptas en naciones hostiles”. Criticamos la certificación desde que fue usada políticamente contra el gobierno Samper y hoy sigue siendo usada en este sentido contra Bolivia y Venezuela.
Finalmente la WHDPC pone el énfasis de lo que ha de ser una política integra y eficaz del lucha contra el narcotráfico en el desarrollo social: “Se debe formular una estrategia que integre programas de interdicción de drogas, seguridad y desarrollo alternativo en un enfoque integral y focalizado que aborde las necesidades específicas de las comunidades afectadas por las organizaciones criminales”. Realiza un seguimiento de los programas sociales apoyados por EEUU, reconoce la importancia del Acuerdo de Paz y la necesidad de apoyar la reincorporación de los excombatientes, e incluso analiza la importancia de las vías terciarias en la derrota del narcotráfico. En resumen la Comisión bipartidista en lo referente a Colombia coincide con el Acuerdo de paz, el mismo que es desconocido de facto por Duque y Holmes Trujillo.
Siendo opositora al gobierno de Pastrana denuncié que el Plan Colombia no resolvería el problema del narcotráfico porque no atendía a sus causas, mientras muchos aplaudían para obtener favores políticos. Hoy incluso en EE. UU. validan su fracaso. Ha llegado la hora de enmendar los errores en esta materia. El Acuerdo del punto 4 de la Mesa de La Habana Solución al problema de las drogas ilícitas, que entiende el consumo como un problema de salud pública, el cultivo como un problema social irresoluble sin reforma rural integral -por lo que crea los llamados PNIS-, y redirecciona la persecución contra los grandes eslabones de la cadena, es un plan mínimo en el que deber comprometerse un gobierno democrático. Esperemos que el informe de la Comisión WHDPC tenga eco en el nuevo gobierno del presidente Biden y podamos pasar la página de más de 20 años de costoso y doloroso fracaso.
