Cuando se promulgó hace dos años el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Duque, Ley 1955 de 2019, con un capítulo sobre Electricaribe, algunas voces alertaron que sobrevendrían unos tarifazos onerosos en el servicio eléctrico de la costa atlántica.
Y así ocurrió. Los aumentos quedaron explícitos, al punto que en el mismo año se inició el incremento de cuatro pesos el kilovatio hora mensual, tumbado en diciembre de 2020 por la Corte Constitucional. Pero no era el único. También estaba el aumento del ciento por ciento de la contribución adicional sobre los gastos de funcionamiento de todas las empresas de servicios públicos domiciliarios, al pasar del 1 % al 2 %, recaudado vía tarifas, con destino al funcionamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Pero el viacrucis de los aumentos tarifarios apenas comenzaba. El año pasado, el presidente Duque y el ministro de Minas Diego Mesa Puyo estamparon su firma en el Decreto 1231 de 2020, por medio del cual ordenaron a la CREG actualizar los cargos de comercialización de energía eléctrica junto con el componente de riesgo de cartera. El propio ministro reconoció que la medida implicaría “un aumento del 4 % del costo unitario del kilovatio hora” en la región Caribe. Y la avalancha no paró ahí. Quedaba faltando aplicar el artículo 318 del Plan Nacional de Desarrollo, el que expide un régimen especial transitorio de las tarifas eléctricas en la costa atlántica porque, según la exposición de motivos, “las tasas deben subir en la costa para que esta región también se ayude, porque sus tarifas son más bajas que en el interior”.
En marzo pasado, la CREG expidió la Resolución 024 para autorizar los aumentos que exigió la empresa Air-e. Esta presentó un recurso de reposición pidiendo mejorías en las reglas, finalmente concedidas por las CREG en una nueva Resolución 078 de junio de 2021. Todo para las arcas de la concesionaria, nada para los millones de usuarios.
Aquí ya quedó definida la estructura tarifaria que impactará enormemente los pagos de los usuarios. Se establece como el valor de la base original de los activos de Electricaribe recibidos por Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira la suma de 2,44 billones de pesos, cuando apenas pagó por ellos, como se sospechaba, 285.000 millones de pesos.
La sospecha se volvió realidad hace pocos días cuando los directivos de Air-e admitieron expresamente ante un grupo de empresarios haber pagado esa suma. Los nuevos empresarios compraron la infraestructura y demás activos por el 11 % de su valor y nos está cobrando el aumento sobre 2.44 billones, además del plan de inversiones costeado vía tarifas de manera anticipada y el aumento de las pérdidas eléctricas en las mismas.
De esta forma, los aumentos tarifarios dados a conocer por Air-e son de 5 % para la industria, que compra energía en bloque (régimen no regulado), y de 9 % para los usuarios residenciales y pequeñas y medianas empresas comerciales, cuando el costo de vida en 2020 fue de 1,61 %. El aumento supera así en 5,6 veces el IPC, más de quinientos por ciento. Desde que llegó Air-e, hace diez meses, los aumentos han sido de 21,31 %, algo exorbitante, oneroso, en una época de crisis económica y social, en medio de la pandemia que azota al país y al mundo.
La situación se hace aún más intolerable porque el gobierno les ha servido en bandeja de plata un cúmulo de gabelas a las nuevas empresas que llegaron a la costa, vendiéndoles a precio de huevo la infraestructura eléctrica y entregándoles más de 700.000 millones de pesos aprobados en documentos Conpes para las inversiones iniciales, además del billón de pesos que les aprobó el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para Air-e y Afinia-EPM, so pretexto de garantizar la rentabilidad del negocio.
Los cálculos, dados a conocer por la Superservicios, revelan que el Estado, con recursos de todos los colombianos, ha aportado alrededor de 8 billones de pesos, a fondo perdido, desde la intervención de Electricaribe en noviembre de 2016. Ha de sumarse lo que seguiremos aportando los 11 millones de usuarios de la región Caribe con estas alzas infames que traerán más hambre. Recuérdese que el Dane publicó recientemente que solo el 30 % de atlanticenses alcanza a consumir las tres comidas diarias.
Pero como todo en la vida tiene su contrario, se han venido organizado los usuarios de la región para rechazar estos atentados contra la calidad de vida de la ciudadanía, como las Mesas de Usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, la Liga de Usuarios y otras formas organizativas que, por medio de la movilización y la protesta pacífica y democrática, están exigiendo salidas concertadas a una situación explosiva.
