En el año 2005, en la ciudad de Santa Marta se inició la construcción de un edificio ubicado en el barrio La Paz. Cuatro años después, en el 2009, se notificó por primera vez a los residentes que el departamento del Magdalena necesitaba comprar el predio, pues por este lugar estaba previsto que pasara la doble calzada de la Concesión Ruta del Sol Santa Marta - Ciénaga. Desde este día, los propietarios del predio se han visto involucrados en una serie de pleitos judiciales que se prolongan hasta el día de hoy, todo porque la gobernación y la Ruta del Sol pretenden demoler la construcción en los próximos días, pero esto sin haber pagado antes el valor real a sus propietarios.
El lío comenzó el mismo 2009, pues se realizó un primer avalúo del predio que arrojó una cifra absurda teniendo en cuenta las características de la edificación. Los propietarios no se opusieron a la compra del predio, sino a los ridículos avalúos realizados por la Ruta del Sol. Por este mismo motivo, en el año 2011 se abrieron los primeros casos judiciales en los que el juzgado solicitaba avalúos distintos; para esto se asignaron diferentes peritos afiliados a la lonja de Santa Marta. Desde entonces, la Ruta del Sol se ha negado a aceptar los avalúos hechos por dicha organización, dejando como avalúo válido únicamente el realizado por ellos, el cual no corresponde al valor real de la propiedad. Tanto la Ruta del Sol como la Gobernación no hacen más que dilatar los procesos judiciales para evadir responsabilidades a toda costa. Y como si fuera poco, funcionarios de la Ruta del Sol dicen que los propietarios piden “cuatro veces más que el valor real de la propiedad”, cuando lo único que han hecho es resignarse a su merced.
Prueba de esto es que entre el 2011 y el 2016 no pasó nada con el proceso a excepción de una irrisoria sentencia dictada por un juez donde se “embolataron” los valores y los pagos: los propietarios, cansados del “rifirrafe” de la Gobernación y la Ruta del Sol y acatando otra sentencia, hicieron entrega de la parte del predio solicitada para la vía. La sentencia que expresaba el valor de la propiedad fue finalmente publicada el 15 de enero del presente año, pero los problemas siguieron: el 25 de enero, la Gobernación mandó a demoler la propiedad sin haber acatado la sentencia, es decir, sin cancelar primero el valor del predio. Además, funcionarios de la Ruta del Sol declararon que como el predio no se entregó, ellos debían demolerlo, y que la cancelación se haría al acabar el proceso, según ellos, al cabo de diez o quince años.
La demolición fue milagrosamente impedida, aun cuando la tutela con este fin fue rechazada y remitida a la Corte Suprema de Justicia, todavía sin respuesta. A pesar de que el Tribunal Superior considerando la situación ordenó a la Gobernación hacer el pago del predio y la respectiva indemnización, los abogados de la Gobernación y la Ruta del Sol dilatan el proceso por medio de memoriales y hasta de una súplica todavía no respondida. Cuando las cosas parecían esclarecerse (la Gobernación pagó a la Ruta del Sol el valor del predio para que estos pagaran a sus propietarios), la Ruta del Sol se negó a hacer el pago, pues solo aceptarían pagar el valor que resultó del avalúo realizado por ellos, desconociendo la sentencia y la orden de La Gobernación.
A día de hoy, la familia sigue esperando que la justicia colombiana haga algo. Para ellos, quedaron demostradas las ignominiosas negligencias de las instituciones tanto privadas como gubernamentales; llevan casi diez años en una disputa cuyo único fin es que se hagan las cosas con transparencia, y más aún cuando se trata del mismo gobierno. El pleito pasó de un plano judicial a uno moral, donde la pelea de estas personas, al igual que la de muchos otros colombianos, es que las cosas se traten con justicia y sobre todo, respetando la dignidad de las personas.
