Esta semana la presidencia de la Corte Constitucional cambiará de titular. Si todo se da como está previsto, quien asuma las riendas será la magistrada Cristina Pardo, quien actualmente es la vicepresidenta del alto tribunal. Su llegada a la presidencia, sin embargo, podría convertirse en un obstáculo para que la posible despenalización total o más amplia del aborto siga aplazándose, como ya ha venido sucediendo desde noviembre del año pasado.
Cristina Pardo ha declarado abiertamente impedimento u objeción de conciencia frente al tema. Así sucedió cuando fue secretaria jurídica de Presidencia durante el mandato de Juan Manuel Santos. En aquella ocasión, Pardo aseguró que no compartía, por razones ético-jurídicas, el fallo de 2006 que reglamentó las tres causales para abortar que siguen vigentes.
La discusión sobre la posible despenalización del aborto se encuentra estancada mientras se resuelven las recusaciones contra uno de los conjueces escogidos, el exrector de la Universidad del Externado Juan Carlos Rojas, para estudiar la ponencia del magistrado Alberto Rojas. Pero Pardo, además, deberá como presidenta de la corte aprobar el orden del día en cuanto a las discusiones.
A la Corte Constitucional llegó un documento de la organización Causa Justa, autora de una de las demandas que se están estudiando frente al tema y en la que el magistrado Lizarazo es ponente, señalando los problemas contra las recusaciones contra Henao y resaltando que la magistrada Pardo también podría ser recusada por sus declaraciones en el pasado.
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