La democracia moderna como sistema socio-político es de origen secular. La revolución francesa marcó el fin del Antiguo Régimen echando por tierra la estructura de privilegios medievales que sobrevivían en la Europa de finales del siglo XVIII, incluida la eclesiástica romana. Por si fuera poco, Napoleón Bonaparte ordenó en 1798 la aprehensión del Papa Pío VI, quien se oponía junto a algunas coronas conservadoras de Europa a las medidas revolucionarias francesas que dieron origen a un incipiente Estado laico en dicho país y posteriormente —bajo las órdenes de Napoleón— en toda Europa. Esto tras el debilitamiento del papado, que volvió a tomar fuerza después del tratado de Letrán de 1929.
El modelo revolucionario francés permitió el triunfo del liberalismo en occidente y la implantación de gobiernos de representación popular y de tradición burguesa, que proclamaron declaraciones de libertades civiles y que produjeron procesos independentistas en América latina.
Sin embargo, en nuestro país (y en la mayoría de los otros de América latina) la independencia no significó desligarse de la tradición religiosa romana, la cual conservó sus privilegios coloniales. La Iglesia Católica resistió los embates que significaron las leyes liberales proclamadas en Colombia durante la vigencia de la constitución de Río Negro de 1863 (Tuición de cultos y desamortización de bienes) y retomó su estatus tras el concordato de 1887 celebrado entre el gobierno de Rafael Núñez y el Papa León XIII, entregándole: múltiples exenciones tributarias, el pago de una indemnización por los perjuicios causados durante el olimpo radical, el reconocimiento de una renta vitalicia a la Santa sede, auxilios económicos para conventos y seminarios pobres y el control de la educación y los registros civiles del país.
Todo lo anterior como consecuencia de la política restauracionista de Núñez que insistía en que la religión era un elemento de cohesión y unidad nacional y por ende la religión católica debía protegerse y hacerse respetar. Anecdóticamente, la iglesia hizo que el Estado colombiano se comprometiera a parar el funcionamiento de los mercados durante las horas de misa y a alejar los mismos de las cercanías de sus templos.En la práctica política esto significó reconocer oficialmente la vigencia de un orden social medieval y feudal en el país y a rechazar ideas seculares que pusieran en riesgo el control social de la iglesia.
Con el avance del siglo XX, otras confesiones cristianas empezaron a ganarse su lugar en el país y a propugnar la libertad religiosa y de cultos de la mano con líderes seculares, universitarios, ateos, científicos, intelectuales, agnósticos y católicos moderados, que coincidieron en que la construcción de una sociedad más justa, pasaba también por la consolidación de un Estado laico, que no privilegiara por asuntos ideológicos a un segmento de la sociedad, mientras discriminaba a unas minorías por no pensar igual que los favorecidos.
De esta manera, líderes protestantes participaron de la constituyente de 1991, convencidos tanto de sus dogmas cristianos como de la necesidad de respetar y proteger las diferencias en la sociedad colombiana. Se encontró por fin la fórmula de coexistencia entre democracia y cristianismo en el país, a partir del reconocimiento de una ética de mínimos que el Estado debe garantizar. De mínimos, porque todos los sectores de la sociedad, divergentes ideológicamente, coincidían en el respeto por la dignidad humana, la igualdad ante la ley por el simple hecho de ser personas y el respeto por las libertades humanas y civiles. Si la constitución de 1991 hubiera consagrado —como su antecesora de 1886— una ética de máximos, las minorías seguirían llamadas a acomodarse a estilos de vida impuestos y prediseñados por autoridades morales externas y no por el dictado de su conciencia.
Por ello, es inexplicable que ahora sectores protestantes del país que se han beneficiado durante más de dos décadas de las virtudes democráticas dialógicas de la carta de 1991 pretendan imponer mediante las leyes civiles su propio criterio de moral. Este es el debate de fondo. La sociedad no está debatiendo con el referendo anti adopción de Viviane Morales y las iglesias evangélicas si es bueno o malo que la comunidad LGBTI pueda adoptar niños o no. Tampoco se está debatiendo si se considera el homosexualismo una práctica pecaminosa o no. Lo que está en juego es si el protestantismo colombiano asume el rol de la iglesia católica medieval que dictaba lo socialmente aceptable y no, o si la ciudadanía prefiere conservar un Estado democrático que proteja nuestras libertades a partir de una ética de mínimos.
