Las raíces o antecedentes de la crisis socioeconómica y humanitaria del Pacífico colombiano, mostrada con los datos de la primera parte de esta nota y complementada por denuncias anteriores hechas en los medios informativos (como estas: Con la desidia estatal, el ELN sigue fortaleciéndose en el Chocó; La muerte bailó en las fiestas de San Pacho; Así se ve Quibdó sin reciclaje; El grito desesperado de una vendedora de pescado en Chocó; Desplazamiento masivo en comunidad El Buey, río Iró (Chocó); Con cantos y aplausos, mujeres chocoanas exigen al congreso respaldo a la JEP), dejan clara la inseguridad, la corrupción de los gestores públicos, la gran brecha con las necesidades básicas insatisfechas (NBI), el desplazamiento forzado, la hambruna por falta de trabajo y oportunidades, la destrucción del medio ambiente y sus recursos naturales, la falta de gobernabilidad de la región, la presencia y dominio permanente de grupos delincuenciales de izquierda y derecha y de bandas criminales sin ideologías políticas, el abandono estatal, entre muchas otras situaciones, que agravan y hacen cada día más difícil la supervivencia y el mejoramiento en el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida en el pacífico colombiano.
Con eso en mente, las causas y raíces de la crisis son antiguas, profundas y estructurales. De hecho, los expertos y estudiosos, quienes se han ocupado a fondo de la cuestión, coinciden en señalar que la pobreza del Chocó y del Pacífico obedece, entre otros, a los siguientes factores: un legado colonial de instituciones débiles y con un carácter centralista al estilo del desarrollo español de los siglos XIV, XV y posteriores; difíciles condiciones geográficas y climáticas de la región chocoana y otros municipios y asentamientos costeros del pacífico que incrementan los costos de los factores de producción, el transporte y aíslan la región del resto del país; una estructura económica enfocada casi exclusivamente en un único sector, la minería del oro y la pesca artesanal; y el aislamiento de los departamentos costeros del pacífico de la actividad económica nacional (Bonet, 2007). Además, en los últimos años, los departamentos de la región se han visto expuestos a nuevas problemáticas como la incursión de los grupos organizados ilegales, como las bacrim y otros ya mencionados.
Es innegable que todas estas situaciones se han incrementado por una deficiente gestión pública en toda la región pacífica, además de la reiterada corrupción a nivel regional y nacional, lo cual ha contribuido a que en el pacífico colombiano se viva una auténtica y permanente crisis socioeconómica y humanitaria que demanda acciones urgentes inmediatas conjuntas: de la institucionalidad pública, tanto del orden nacional, como departamental y municipal, y de todos los organismos internacionales que tengan que ver con los derechos humanos, la vida y la salud, como la ONU, la Organización Panamericana de la Salud, la OEA, las Comisiones Internacionales de Prevención de Delitos de Lesa Humanidad y las ONG que tratan de proteger los derechos ciudadanos en el mundo y todas aquellas instituciones que tienen que ver con el desarrollo económico y social (ministerios de trabajo, de desarrollo, de gobierno),el DNP, los grandes emporios de inversionistas nacionales y extranjeros y demás instituciones en pro del desarrollo social.
Sobre la mencionada declaración del Dr. Iván González mencionada en la primera parte de la nota tengo la siguiente observación: claro que no es una epidemia, señor ministro, lo que produjo las muertes infantiles de la comunidad infantil wanoo a finales del 2020, tiene absoluta razón, lo que existe es: una grave crisis humanitaria y socioeconómica en toda la región y desde hace más de 50 años, conocida por este y todos los anteriores gobiernos, pero igualmente ignorada y desatendida completamente por todos y por siempre. Señores lectores de esta nota y señores gobernantes, me he tomado el trabajo de analizar un poco las últimas estadísticas oficiales del Dane, sobre los promedios de los años de esperanza de vida al nacer en toda Colombia. Observen los siguientes hechos numéricos estadísticos:
Ranking (clasificación por años de esperanza de vida al nacer) en los departamentos colombianos, clasificados de mayor a menor en años de esperanza de vida y por género:
En primer lugar, he constatado, respetados lectores, que en Bogotá D.C., donde reside el gobierno nacional, el promedio de esperanza de vida al nacer está en 76.83 años para hombres y 81.02, para mujeres; 3 años y 9 meses en hombres por encima del promedio nacional (73.08), y en mujeres 2 años y 8 meses aproximadamente por encima del promedio nacional (79.37).
Como segunda premisa sustraída de estas estadísticas, menciono que Bogotá D.C., Boyacá, Antioquia y Atlántico están por encima de los promedios nacionales, de modo que serían sitios ideales para sobrevivencia en los casos de posibilidades de desplazamiento familiar y pensando en la mejor calidad de vida.
En tercer lugar, he comprobado que en la región chocoana, con cifras de 66.62 y 74.89 años, para hombres y mujeres respectivamente, la gente está condenada a desaparecer más rápido: 10 años y 3 meses antes que un hombre bogotano, y 6 años 2 meses antes que una mujer bogotana. Muy seguramente si se realiza el estudio regionalizado para Buenaventura, Tumaco y demás municipios del pacífico colombiano, se va a encontrar una situación similar a la del Chocó. Un poco diferente claro en el Valle, Cauca y Nariño, donde la esperanza de vida de sus capitales (Cali, Popayán y Pasto) debe ser superior a la de sus regiones pacíficas, pero no mayores a 10 años de vida.
¿Cómo se puede explicar y recomendar a los jóvenes e hijos de estas poblaciones del pacífico, nietos o niños menores que para tener una mejor calidad de vida y posibilidades de subsistir más tiempo, tienen que irse a estudiar, trabajar o a vivir en Bogotá, o a Cali o a Medellín, o en el peor de los casos a Popayán o Pasto? Pues “desafortunadamente nacieron en una tierra empobrecida, aislada, abandonada e ignorada región y donde nunca tendrán las mínimas posibilidades de sobrevivencia y de calidad de vida que tienen en las grandes y medianas urbes colombianas”. ¿Con qué argumentos, señores lectores, se le puede decir a los jóvenes del pacífico que tienen que abandonar prontamente su terruño si quieren sobrevivir más tiempo que sus padres y abuelos?, ¿que si quieren tener algunas posibilidades de desarrollo personal deben salir prontamente de sus veredas y corregimientos hacia las medianas y grandes urbes? ¿Cómo decirles a los jóvenes que en pro de su futuro tienen que abandonar su hogar e irse a aventurar en ciudades totalmente inhóspitas y desconocidas para ellos, acabando de plano las posibilidades del desarrollo social, y del tejido social, y destruyendo de esa manera las familias y tradiciones sociales y culturales del pacífico colombiano?
Ahora hago las preguntas pertinentes relacionadas con estas aterradoras cifras estadísticas, y son muy sencillas. En primer lugar, ¿por qué razón(es) un ciudadano de la región del Bajo Baudó chocoano, de Buenaventura, Guapi o de Tumaco, simplemente por ser afrodescendiente, indígena o colono y aislado del centralismo y burocracia gubernamental, está condenado a vivir 10 años menos que un bogotano, un paisa o un caleño? En segundo lugar, ¿no demuestran estas estadísticas una clara violación y discriminación al derecho a la vida y a la salud de esos ciudadanos? En tercer lugar, ¿la región chocoana y pacífica, al igual que los departamentos y ciudadanos de la Orinoquia, la región Amazónica, La Guajira General, coincidencialmente son las regiones con menos esperanza de vida al nacer?, ¿será por la poca cantidad de votos que existen en esos departamentos?
Señores lectores de esta nota, esta situación además de ser una clara inequidad e injusticia es una clara violación a los derechos humanos de todos estos ciudadanos, y es una crisis socioeconómica y humanitaria reiterada agravada por la terrible situación de inseguridad y desesperanza de buenaventura y el resto del pacífico, y totalmente ignorada y desconocida por los respectivos gobiernos desde hace más de 50 años (no solo por el gobierno actual), pareciera entonces que siempre el desarrollo económico y social, se prioriza de acuerdo a estratos siete en alta población votante, y que los estratos bajos uno y dos, de menor población votante y por ende de menor peso específico político (pocos representantes en el poder legislativo que toma las altas decisiones de estado) como son: Chocó, La Guajira, Regiones Orinoquia, Amazónica y Pacífica. Así, estas regiones cada vez están más lejos de una real posibilidad de solución a sus graves problemas de subsistencia y al derecho a la vida: igual, equitativo, justo y sin ninguna discriminación, por raza, religiones o creencias.
De verdad, simplemente por estar aislados del gobierno central y de los consabidos polos de desarrollo —Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla—, se los castiga con mínimas posibilidades del mejoramiento en la calidad de vida y la salud, y ninguna posibilidad de educación y de trabajo. Este tema del peso específico político e regional de acuerdo a la cantidad de la representación política está muy bien explicado en un artículo donde Jorge Armando Rodríguez explica los peros y el poco apoyo del gobierno a los preacuerdos de paz para ser tenidos en unas nuevas fuerzas de participación ciudadana —que lógicamente al poder central, nunca le van a convenir— , y que entonces ensombrecen desde el punto de vista de la participación equitativa las posibilidades de las regiones “empobrecidas o aisladas de nuestra geografía”. De la misma manera, los pocos preacuerdos políticos que se pudieron elaborar en La Habana con la guerrilla de la Farc se toman como inconvenientes para la sociedad trascendental y la oligarquía colombiana y por sus representantes legislativos, de modo que la puesta en marcha de los puntos de la reconstrucción y paz no se podrá lograr fácilmente, por lo menos a corto plazo.
Otra causa sabida, pero igualmente ignorada de esta situación de desventaja política de las regiones empobrecidas y aisladas de Colombia, es que el panorama legislativo es muy grave, pues de las 108 representaciones del Senado, 100 son de circunscripción nacional, 5 de la Farc hasta el 2026, 2 para los indígenas y una para la segunda fuerza electoral en votación. Con este sistema, el poder centralista, va a continuar por siempre igual, ya que las regiones aisladas por su capacidad votante no podrá alcanzar ni siquiera unidas un 10% de la representación total, y la gestión política que se puede hacer desde el centro, cada día será más precaria y de muy poco peso específico político para lograr apoyo real hacia las regiones aisladas, de modo que continuamos con los motes mencionados en el nombre de la nota: llover sobre mojado, cuento de nunca acabar y crisis hiperdiagnosticada, pero totalmente ignorada o subestimada por su poco peso específico político en el panorama global de la política colombiana.
Además que el desarrollo y nuevo poder económico y social, se hace con los inversionistas internacionales, y con los gremios, industriales, comerciantes y demás entes importantes de los grandes centros del desarrollo, no con las comunidades afros o indígenas abandonadas y aisladas del centralismo, falta realmente mucho trabajo por parte de gobernantes e inversionistas internacionales, que llamados a intervenir en la explotación de nuestros recursos naturales, puedan convencer a las comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales acerca de los beneficios de la explotación de riquezas bajo los mandamientos del desarrollo sostenible y el cero impacto ambiental y los beneficios hacia las comunidades vecinas a loa proyectos. Como caso patético del desarrollo económico y su poco o ningún impacto socio económico y en la salud y calidad de vida de las comunidades, se puede mencionar el caso del cerrejón en la guajira, con influencia en la mayor cantidad de área de la península, y muy poco impacto dentro de las comunidades wayúu y otras asentadas en la región, por x o y razones la morbilidad y mortalidad infantil, las condiciones de vivienda, la infraestructura sanitaria y la salud, la potabilización del agua (rodeados por el mar) no se han podido mejorar ostensiblemente.
Muy parecida situación tenemos en el Pacífico, donde teniendo ríos y mar a la mano, no existe agua potable en la mayoría de sus ciudades, corregimientos y asentamientos; donde teniendo la mayor luminosidad solar, no existe interconexión o generación eléctrica, y menos fotovoltaica; y donde teniendo tierras pródigas para la agricultura selectiva, no hay más que agricultura a muy pequeña escala y de pancoger en algunos puntos. Además, las posibilidades de lograr atención médica de urgencia son nulas y las de lograr tratamientos preventivos, vacunación o programas de medicina familiar son imposibles por la poca planta y los recursos médicos, que solo existen en las cabeceras municipales, a muchos kilómetros de distancia y a grandes desplazamientos por transporte acuífero; sin servicio médico completo que podría prestarse en unidades móviles o en barcos, por ejemplo (todas estas posibles soluciones a sus problemas son una utopía para los habitantes de la región). En esa líena, el Sisbén, que beneficia a los necesitados, no cubre desplazamientos urgentes o programados hasta las cabeceras municipales de los puertos y municipios con hospitales de segundo y tercer nivel, de modo que la crisis humanitaria ahora agravada por la crisis laboral continuará quién sabe hasta cuándo. Creo simplemente, como escéptico escritor de este artículo, que el Túnel de la Línea y la Autopista del Sol, que pueden terminarse en otro medio siglo, estarán primero que las soluciones para el pacífico colombiano, pues allí no hay tantos votos.
