Para emprender esta nota de la reiterada, muy bien reconocida, e hiperdiagnosticada e ignorada situación de crisis socioeconómica y humanitaria que viven las poblaciones aisladas del pacífico colombiano –y el resto de otras regiones aisladas colombianas-, tomaré solo el siglo XXI como escenario de la crisis. Se ubicarán solo tres momentos de estos 20 años del nuevo siglo: el 2006, el 2014 y la década de los 20. Estas menciones permiten evidenciar y reconocer una situación que en Colombia y en el mundo ya se sabe, y es la crisis humanitaria del Chocó, Valle, Cauca y Nariño pacíficos.
En esta región, en esta época y desde hace más de 50 años, se han realizado por diferentes instituciones públicas y privadas estudios, visitas de comprobación e investigaciones que permitieron realizar denuncias y reconocimientos de la tan sabida crisis socioeconómica de las poblaciones y la declarada crisis humanitaria de la región, hasta elaborar, en algunos casos, planes de mitgamiento y/o mejoramiento de la mencionada crisis. Desafortunadamente, ha pasado el tiempo y en estos últimos 20 años no solamente se puede comprobar que hoy, como hace 50 o más años, no solo persisten las graves deficiencias en infraestructura sanitaria, en condiciones de vivienda y en los servicios de salud, sino que año tras año, por el aumento poblacional, la morbilidad y mortalidad son mayores, la calidad de vida en toda la región pacífica es menor y las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de esta empobrecida región son más explícitas que en cualquiera otra región colombiana.
Rematando con la bomba de tiempo del 2021, cuando nos damos cuenta que el narcotráfico y la delincuencia organizada de los clanes Los Urabeños o La Empresa (ambos grupos paramilitares), las bacrim y los grupos desertores de izquierda se tomaron el Chocó, Buenaventura, Tumaco y toda la región, y que increíblemente, tal como se ha denunciado por los ciudadanos, estos grupos delincuenciales son los únicos empleadores eficientes que existen en esta abandonada región colombiana.
Las estadísticas del puerto de Buenaventura son absolutamente crudas: tiene una población total de 377.105 habitantes, en donde el 88% son afrocolombianos; existe una tasa de desempleo del 49%; el 66% de su gente vive en condiciones de pobreza; y cerca del 35% tiene sus necesidades básicas insatisfechas, es decir, no cuenta con agua potable, alcantarillado, energía o gas. Además, sin condiciones básicas de educación y de salud. ¿No son estas cifras y realidades de vivencia alarmantes y merecen todo tipo de cuestionamientos y reacciones sociales como protestas y motines con graves desórdenes y reacciones anárquicas y de pronto agresiones y reacciones violentas hacia las autoridades y la fuerza pública? (Ver: La problemática en Buenaventura: más allá de la droga, el contrabando y las bacrim)
Lo recientemente sucedido con la pandemia y la crisis socioeconómica generada por los actos delincuenciales y la reacción comunitaria en Buenaventura son algunas muestras del terrible monstruo del abandono de esta empobrecida y discriminada región colombiana. En una reciente visita del gobierno a la región pacífica chocoana hecha el 9 de noviembre de 2020, el señor ministro encargado de la salud, Dr. Iván González, pudo comprobar la existencia de la crisis humanitaria y socioeconómica, así no haya sido catalogada como tal, al tratar de explicar las causas de las muertes de varios niños indígenas de la comunidad wounnan del bajo Baudó chocoano, aclarando a la opinión pública que los decesos no sucedieron por una epidemia, sino por desatención oportuna y falta de recursos médicos en la comunidad. “Los niños pertenecientes al pueblo indígena wounaan fallecieron por diarreas agudas y enfermedades respiratorias que se complicaron y no habrían sido tratadas a tiempo" y “nadie sabe de qué se están muriendo los niños indígenas en el bajo Baudó”.luego de visitar la comunidad, el jefe de la cartera dijo que no existe una epidemia” (Ver: "No hay epidemia": MinSalud sobre las muertes de cinco niños en Buenavista).
Pues bien, no es la primera vez que un gobernante o un ministro visitaba y constataba las condiciones de pobreza y de abandono de esta región chocoana (ya conocidas y diagnosticadas), sino que mencionaremos dos hechos anteriores (de los cientos que han sucedido en este lapso de tiempo) donde se puede constatar que la crisis humanitaria y socioeconómica del pacífico colombiano se ha convertido en un problema de nunca acabar, a pesar de que reiteradamente no solo se denuncia e informa a la sociedad y a las autoridades gubernamentales, sino que cada vez se incrementan las consecuencias de tragedias: alta morbilidad y mortalidad, muy especialmente de niños indígenas y afrodescendientes, además de los graves impactos sociales, económicos y ambientales. Todos ellos impactan a la sociedad pacífica, causando desilusión y desesperanza, aumento de la pobreza generalizada, bajo bienestar y mala calidad de vida, absoluta carencia de oportunidades laborales y de desarrollo humano, incredulidad en las acciones gubernamentales, aislamiento social y económico de las poblaciones del pacífico colombiano y absoluta falta de gobernabilidad de esa región.
Esto sucede al observar en la cotidianidad la repetición permanente de precarias condiciones de infraestructura sanitaria, el aumento de las enfermedades prevenibles, la inexistente o precaria asistencia de servicios de la salud, además de los graves problemas causados por los grupos delincuenciales organizados que manejan a su acomodo el despacho del narcotráfico hacia el norte del continente, la minería y explotación ilegal del oro y del platino, y últimamente el tráfico humano de inmigrantes ilegales que se dirigen hacia Estados Unidos y Canadá.
Todo esto se ha traducido en una serie de graves situaciones como el desplazamiento forzado, el abandono de las tierras por parte de raizales, indígenas o colonos amenazados por los grupos armados ilegales, la destrucción de las riquezas bióticas y naturales, el avance insostenible de la corrupción y la delincuencia como una manta os cura que cada vez ensombrece el futuro ciudadano y aleja las mínimas posibilidades de la región del pacífico colombiano de tener una mejor calidad de vida y la tan anhelada paz, y la absoluta imposibilidad de lograr con la cotidianidad de la costumbre una supervivencia por lo menos de alimentos y vivienda para sus familias.
En el año 2007, la Defensoría del Pueblo y otras entidades de control del departamento del Chocó, además de la Superintendencia Nacional de Salud, hicieron graves hallazgos de desidia, corrupción y absoluta falta de gestión dentro del sistema de salud del departamento (Ver: Situación del sector de la salud en el departamento del Chocó). Así mismo, hicieron un llamado urgente, mencionando medidas disciplinarias y administrativas prioritarias que hay que tomar para salvar el sistema de salud. Sin embargo, parece que trece años después nadie ha leído este informe, y mucho menos se ha tomado alguna medida de acción urgentes dentro del sistema de salud.
Las recomendaciones realizadas en ese momento fueron:
Ante el caos observado en todos los niveles de la administración, la Defensoría del Pueblo, además de apoyar la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de cancelar la licencia de funcionamiento y ordenar la liquidación de la ARS Barrios Unidos de Quibdó y la intervención de la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís —nivel II de atención, recomienda que también se intervenga la dirección seccional de salud— de salud del departamento del Chocó y todo el sistema de salud del departamento.
Entregue el hospital en administración a una ONG o a una orden religiosa, con experiencia certificada en servicios de salud, que pueda actuar más independientemente de los problemas administrativos y políticos de carácter local.
Crear incentivos a los médicos recién graduados para que su año social obligatorio lo realicen en los sectores marginados del Chocó.
Estandarizar los salarios de los especialistas, mediante adecuados incentivos para lograr la permanencia de sus servicios en una región de tanta complejidad.
Instar a los órganos de control del nivel nacional a que cumplan su labor de vigilancia y control en la región.
La Defensoría espera que estos hallazgos no se queden en el vacío sino que sirvan de acicate a los entes de control y vigilancia para que cumplan sus obligaciones constitucionales y legales en lo de su competencia, en especial los del nivel nacional, ya que se observa lamentablemente una inexcusable desidia, complicidad y complacencia de parte de sus homólogos a nivel local.
En el año de 2014, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, redactó un documento oficial denomindo Crisis humanitaria en el Chocó, del cual me permito transcribir textualmente lo siguiente:
La Defensoría del Pueblo, en desarrollo de su mandato constitucional y legal de impulsar la efectividad de los derechos humanos, ha venido manifestando su preocupación por la crisis humanitaria que padecen los habitantes del Chocó y por las problemáticas de orden social, económico y ambiental. Ha visibilizado la grave situación de derechos humanos en el departamento, originada por la acción violenta de los grupos armados ilegales, que ocasionan reclutamiento y uso ilícito de niños, niñas y adolescentes. También ha denunciado el establecimiento de economías ilegales sustentadas en el narcotráfico y en el control de las actividades mineras que tienen por objeto la financiación de las estructuras armadas. Adicionalmente, viene evidenciado los graves problemas de desnutrición infantil, salubridad pública, inasistencia en salud, precariedad en la cobertura y calidad educativa y las afectaciones al ecosistema. En diversas oportunidades, la Defensoría del Pueblo ha hecho manifiesta la vulnerabilidad en que se encuentran los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres y los adultos mayores, al igual que la población indígena, afrocolombiana y carcelaria. A pesar de la gestión de la entidad y de los esfuerzos realizados por algunas instituciones del estado, Chocó sigue siendo uno de los lugares del país donde el goce efectivo de los derechos humanos de la población es más limitado. El presente trabajo es un esfuerzo de varios equipos técnicos de la Defensoría que busca aportar a la superación de la situación humanitaria y a la garantía de los derechos de todas las personas que habitan el departamento del Chocó. La Defensoría del Pueblo espera que tanto el presente diagnóstico como las propuestas formuladas logren impactar no solo en la opinión pública, sino que también permitan generar una amplia respuesta institucional de las autoridades nacionales y territoriales, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la población chocoana.
Observen, señores lectores, que esta denuncia para el departamento del Chocó es plenamente cierta y aplicable al resto de la geografía del pacífico colombiano, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; constaten que la terrible crisis socioeconómica y la bomba de tiempo de Buenaventura, con sus jóvenes, niños y resto de ciudadanos, no es una situación reciente (las instituciones gubernamentales ya la habían diagnosticado y conocido); y dense cuenta de que nada se ha realizado para tratar por lo menos de mitigar el panorama de desesperanza y tragedia que se percibe como única realidad de esta región.
