Colombia sembró, durante 2 siglos de existencia, y 3 décadas de renovada constitución, la crisis como régimen absolutista. La ideología que heredan los funcionarios es “síganle la corriente” al jefe de turno, quien mantendrá activado el retrovisor, desvirtuará sus retrasadas intervenciones y condenará al sucesor.
La culpa de todo lo actual no es exclusiva del gobierno Petro: la inédita cadena de eventos detonada por el estallido social, el toque de queda y la pandemia, desnudó deficiencias históricas que habían pasado de agache, y Duque se limitó a evadir las urgentes reformas estructurales, como la de la salud, aunque esa coyuntura pudo haberla catalizado; previamente, Santos había sido relecto, y sus aportes también fueron pobres.
Hace tiempo que el congreso está desnaturalizado. Dilata los debates, sabotea el quórum decisor y se entretiene haciendo control, para justificar su onerosa nómina, aunque esa función ha defraudado tanto como en las “ia”.
Las cortes “tampoco rajan ni prestan el hacha”, y han declarado inexequible a la constitución, o la condenaron a permanecer como “letra muerta”, porque en la práctica así lo impone el carrusel de favores así lo exige, usando la excusa de que el estado está quebrado y prefiere declararse fallido, antes que honrar debidamente las garantías o los derechos fundamentales.
Falaces, los informes de gestión siempre aparentan que la gestión es buena, o que las cosas no están tan mal, aunque los ciudadanos “comunes o corrientes” continúan manifestando su desaprobación. Bogotá, por ejemplo, atestiguó que la incompetencia y los pésimos desempeños de Petro y Claudia López hicieron improbables la continuidad de la izquierda, los verdes o las Mujeres, que incluso renunciaron a tener candidatura a la alcaldía.
No gestionaron el riesgo del Fenómeno del Niño (ni la Niña). Sin embargo, ellos y sus predecesores tienen el descaro de generar choques -eléctricos- para movilizar marchas de protesta e iluminar aspiraciones presidenciales, pues la “corrupción” se popularizó por la malversación de los recursos públicos, aunque seguimos ignorando el envilecimiento de los valores y la ausencia de integridad de quienes incumplen sus promesas.
Supuestamente, hace rato Petro estaba listo para asumir la mayor dignidad ejecutiva; pero no tenía redactadas las reformas ni los planes de desarrollo; tampoco había identificado a su equipo de trabajo, y la improvisación es evidente.
Con el alcalde Galán ha sucedido algo similar -y diferente a la vez-, pues tengo la sensación de que le quedó grande, porque no tiene una visión clara para la ciudad, y reencauchó a muchas fichas de Duque, quien también se rajó como demostró el castigo electoral en la primera vuelta de 2022.
Desperdició el bimestre de empalme, tras una votación récord, y 4 meses de gobierno, antes de tomar algunas decisiones impopulares, aunque mediocres para mitigar el efecto de la inminente escasez en el suministro eléctrico y agua potable. Sumando a eso los huecos, las polisombras, los limosneros, vendedores ambulantes y habitantes de calla, debemos reconocer que la Atenas Sudamericana está en ruinas.
Bogotá “hace aguas”, porque está al nivel de los tugurios africanos o indios, y los ciudadanos están contagiados por la desesperanza aprendida, pues prefieren “no denunciar” ante las instancias que corresponde, pues allá les “maman gallo” y terminan diciendo “deje así”.
Entretanto, sigue consolidándose el movimiento de “incultura ciudadana”, entre quienes están “mamados” de reconocer que aquí “no pasa nada”.
Acatando la libertad de empresa y mercado, La Superintendencia de Industria y Comercio no intervino la “inflación por avaricia”; tampoco a quienes encontraron en la multiplicación de los datos personales una alternativa lucrativa, ni a las áreas de servicio al cliente que sabotean dejando en espera a quienes intentan “quejarse” o “reclamar algo”.
Qué degaste. Aunque se ofendan, los policías compran contrabando y teléfonos robados; reciben comida o regalos a los vendedores ambulantes, saben dónde venden droga y dónde hay prostitución infantil. Y los jueces dejan libres a los pocos ladrones y pervertidos que capturan, tengan o no cuello blanco.
Y la Línea 123 sirve para nada más que para sacarle más la piedra al ciudadano. Las respuestas que se reciben son infames, en el conmutador, y en los PQRS que se rebotan entre entidades.
