El reciente incidente de desacato al fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al ministro de Defensa “pedir perdón” a la ciudadanía —por los excesos en el uso de la fuerza que desembocaron en la muerte del estudiante Dilan Cruz en noviembre del año pasado— constituye un paso más en la profundización del carácter dictatorial del gobierno Duque. En un fallo histórico, frente a los hechos de brutalidad policial, la Sala de Casación Civil de la Corte se pronunció a fondo e impartió órdenes como prohibir el uso de armas de fuego y ordenar la expedición de una reglamentación para proteger el derecho a la protesta ciudadana, acogiendo las directrices de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) y la ONU.
El ministro Carlos Holmes Trujillo controvirtió el fallo y justificó la conducta de las Fuerzas Armadas diciendo que el Esmad actúa para hacer respetar los derechos de la ciudadanía que no participa en la protesta y para reprimir los “brotes de violencia” y “vandalismo”. Estas declaraciones constituyen una amenaza al Estado de derecho por parte de un gobierno que desconoce las decisiones judiciales, desafía la independencia de la justicia y rompe el necesario equilibrio de poderes, desatando una nueva crisis institucional.
Con la expedición de la Constitución Política del 91, Colombia logró restablecer un precario equilibrio institucional entre la efectividad de un Estado, guardián del uso de la fuerza, y la protección de las libertades individuales. Después de un largo período de violencia generalizada y de supremacía de los estados de excepción —conocidos como “Estados de sitio”—, se logró un arreglo institucional definido como un Estado social de derecho, que está fundado en el respeto a los derechos humanos, la protección de la vida, la convivencia pacífica y la defensa del interés común. En otras palabras, la Constitución del 91 logró la cuadratura del círculo, reconciliando la unidad del estado-nación con el respeto a los derechos ciudadanos y, particularmente, la incorporación de derechos económicos, sociales y culturales, como las nuevas “reglas del juego” institucional.
Este “gran compromiso” entre el Estado y la sociedad, que caracteriza a las democracias liberales modernas, se funda en por lo menos 4 acuerdos sobre “lo fundamental”: en primer lugar, el compromiso de que las “reglas del juego” se construyan mediante acuerdos públicos, con la participación de una ciudadanía activa. Este principio del Estado de Derecho implica que las decisiones fundamentales se hagan de manera pública, ya sea sometidas a la consulta popular o a la aprobación en las instancias de representación política. En nuestro país, este principio se rompió por la vía de los poderes excepcionales otorgados por el Congreso al gobierno. Con ocasión de la llegada del COVID-19, se le concedieron facultades expresas para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, pero estas han sido usadas para cambiar las “reglas del juego”. De los más de 174 decretos expedidos por el gobierno Duque con fuerza de ley, solo unos pocos se relacionan directamente con la atención a la pandemia.
El segundo principio fundamental está relacionado con el establecimiento de un sistema de pesos y contrapesos que hacen posible el control de los excesos de poder. Este principio también se ha roto. De un lado, el Congreso —en manos de una frágil mayoría de intereses procaces— decidió desvanecer su poder legislativo y declinar sus funciones de control político para diluir su papel en unas aburridas charlas virtuales. Así hemos presenciado, atónitos los colombianos, cómo este Congreso eludió el fallo del Tribunal de Cundinamarca que le ordenó al gobierno suspender las operaciones de la brigada militar EE. UU. e instó al Congreso a asumir su función de control político para examinar y autorizar estas operaciones, como es su función constitucional. Sin embargo, el Congreso prefirió guardar silencio frente a las declaraciones mentirosas del mindefensa en el sentido que lo había consultado con “algunos parlamentarios”, a espaldas del Congreso. De otro lado, ha resultado más grave aún el desconocimiento del gobierno de la independencia de la justicia. No solo el presidente Duque ha demostrado reiteradas veces su desacuerdo con los fallos de la Corte Suprema de Justicia, sino que el ministro Carlos Holmes Trujillo controvirtió públicamente el fallo de Sala Civil de la Corte Suprema y salió en defensa de las Fuerzas Armadas, equiparando el derecho a la libre expresión de una ciudadanía que protesta contra los abusos de la fuerza pública, con quienes no lo hacen. De esta forma desconoció la declaración de la Corte Suprema que señaló: “una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz”.
El tercer principio fundamental establece el monopolio de las armas y el uso de la fuerza en manos del Estado, siempre y cuando esté sometido al control civil y sea garante de las libertades y derechos de los ciudadanos. Como lo vimos con la muerte de Juliana por el disparo de un uniformado de las FF. MM. cuando transitaba por la carretera en Miranda Cauca, esta clase de atropellos han sido una conducta sistemática durante los 2 años del gobierno Duque. Dicha conducta tuvo sus orígenes en las directrices impartidas por el anterior ministro de Defensa, quien ordenó incrementar las bajas en las operaciones de las FF. MM., en lo que de conoció como una nueva versión de los “falsos positivos”.
Con ocasión de los más recientes sucesos del 9S y 11S, estos abusos han desbordado todas las normas del estado de derecho, al punto de que la comunidad internacional se ha manifestado preocupada por el creciente deterioro de los estándares de los derechos humanos en Colombia y ha llamado al gobierno a ejercer los controles correspondientes para evitar un nuevo derramamiento de sangre en Colombia.
El cuarto lugar, en relación con el criterio anterior, el Estado colombiano ha renunciado a ejercer el control de muchos territorios en disputa con fuerzas delincuenciales, donde se ha concentrado la violencia. Como la afirmara, el politólogo Gilberto Tobón: “En Colombia hay más territorio que Estado”, en la medida en que el Estado no ha sido capaz o no ha tenido la voluntad de recuperar el control de los territorios antes ocupados por las Farc. El gobierno ha incumplido los acuerdos de paz, y no ha hecho presencia para garantizar la seguridad, la vida ni la prestación de los servicios públicos esenciales en las regiones de la ruralidad profunda.
En este mismo sentido, y más grave aún, el Estado cede el control de vastas zonas fronterizas a los grupos delincuenciales. Aún se recuerdan las imágenes de cómo se realizó el ingreso de Juan Guaidó por Puerto Santander, Norte de Santander, un territorio bajo el control de los Rastrojos. De acuerdo con los testimonios entregados por el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, "el operativo de ingreso a Colombia de @jguaido para el concierto del 23 de febrero del año pasado fue coordinado por el grupo paramilitar de los Rastrojos, quienes montaron una operación candado desde Guaramito a Agua Clara, hasta cuando llegaron funcionarios públicos a recogerlo".
En estas condiciones, el país ha entrado en una encrucijada que amenaza la estabilidad del Estado de derecho y el retorno a los “estados de excepción” que, parece gustarle mucho al gobierno Duque, para paliar su propia incapacidad y su creciente pérdida de legitimidad.
En este contexto, los caminos de la democracia liberal comienzan a bifurcarse entre la salida dictatorial que propone el gobierno y sus aliados y la profundización de las conquistas alcanzadas con el Estado social de derecho.
La dictadura civil puede proporcionarle al gobierno Duque una vía de escape para la supresión de las libertades individuales y las garantías institucionales. Se trata del retorno al “Estado de sitio” donde los poderes excepcionales del Estado se colocan en cabeza del gobierno por encima de la democracia-liberal y se rompe el equilibrio de poderes.
Sin embargo, ese camino de la dictadura civil no está exento de riesgos y peligros. El primero de ellos tiene que ver con el deterioro creciente de los DD. HH. y el rechazo de la comunidad internacional, que, dicho sea de paso, le importa muy poco al gobierno Duque. Su negativa a recibir las visitas de los delegados de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ACNUDH, y las afirmaciones del gobierno de que se trata de “una intromisión en la soberanía del país” es una prueba de ello.
El segundo factor de riesgo lo constituye la creciente pérdida de legitimidad de su gobierno que, a pesar del confinamiento, se manifiesta en el aumento de las protestas y el rechazo a sus políticas. Incluso, voceros autorizados de la Iglesia, los partidos políticos tradicionales y el sector empresarial, han salido a manifestar su preocupación, cuando no su abierto rechazo, con el rumbo que está tomando el país bajo la conducción del presidente Duque.
De la otra orilla, va ganando cada vez más espacio la propuesta de un “pacto histórico” de todas las fuerzas democráticas y sociales que buscan defender las conquistas del estado social de derecho y profundizar las libertades y los DD. HH.
