La situación no es la mejor, por lo que se empieza a desatar la respuesta de la población. En consecuencia, el Comité de Defensores del Patrimonio Público de la Región Caribe ha iniciado una serie de movilizaciones desde el pasado 13 de febrero con unos objetivos orientados a conquistar “un servicio eléctrico de calidad a precios módicos”.
Rechazo al tarifazo
Colombia tiene una de las tarifas eléctricas más altas de América Latina. Se basan en la Ley 142 de 1994 y en las normativas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) teniendo en cuenta “la eficiencia económica y suficiencia financiera”, es decir, la rentabilidad y tasa de retorno del capital, por encima del buen servicio. La Resolución Creg 015 de 2018 va todavía más allá, porque determina que la tarifa de la energía debe reflejar el plan futuro de inversiones. Además, el documento Conpes 3933 de 2018, que establece las reglas para endeudar a Electricaribe y acometer dichas inversiones, establece que se debe asegurar que estas “obligaciones sean prepagadas en el menor tiempo posible para efectos de levantar la garantía de la nación”. Con justa razón, las fuerzas vivas de la región rechazan el tarifazo.
La segmentación del mercado es fatal
El 28 de noviembre pasado, el presidente Iván Duque definió que la política oficial era “segmentar el mercado eléctrico de Electricaribe”. Resulta que esta empresa solo tiene dos eslabones del negocio eléctrico, la Distribución y la Comercialización, cuando en el interior del país las empresas que brindan un mejor servicio están integradas por lo menos con la Generación de energía, casos EPM, Enel-EEnergíaBogotá, Emcali. La integración les posibilita la economía de escala. Es un contrasentido entonces dividir o segmentar los servicios de la empresa. Más bien se debería hacer lo contrario, integrar a Electricaribe con empresas generadoras públicas de la Costa como la Central Hidroeléctrica de Urrá y Gecelca.
Un operador público para prestar el servicio eléctrico de la Costa
La política oficial es hacer con onerosos endeudamientos las grandes inversiones que se requieren. Según la Financiera de Desarrollo Nacional FDN, son del orden de los $7,1 billones durante diez años, con préstamos pagados por los usuarios vía tarifas. El gobierno se propone también recoger deudas como el pasivo pensional de $1,2 billones, hoy a cargo de Fenosa-Naturgy, para que sean pagadas por todos los colombianos. La solución es otra. Como el Estado es el único que puede acometer estas grandes inversiones, el operador debe ser público, porque “plata sí hay, lo que no hay es voluntad política”, como lo demostró el portentoso movimiento estudiantil a fines del 2018, que le arrancó a Duque $1.5 billones de las regalías mineras para la educación superior. La ministra de Minas dice que hay $30 billones de regalías para los años 2019-2020, de los cuales una porción debería ir al sector eléctrico de la Costa para beneficiar a los diez millones de habitantes y el sector productivo.
Respaldo a los trabajadores y pensionados de Electricaribe
Cuando Unión Fenosa se hizo a Electricaribe en el año 2000, una de sus primeras ejecutorias fue realizar despidos masivos y planes de retiro voluntario para imponer la lesiva tercerización laboral, con lo cual la planta de personal directo bajó a menos de 1.500 operarios y la de tercerizados a destajo subió a más de seis mil trabajadores. Varios años sin poder presentar pliegos de peticiones y sin aumentos salariales fue la norma. Asimismo a los miles de pensionados les ha dado la empresa un trato despótico, tratando de cercenar sus derechos convencionales. Es necesario reivindicar los derechos de quienes se han sacrificado durante años para poder brindar un servicio eléctrico a la región en medio de condiciones adversas.
La tormenta perfecta
A los anteriores aspectos, todos de hondo calado, se le han agregado otros como: la propuesta de Duque en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo de eliminar el subsidio eléctrico al estrato tres (más del 20% de la población), rebajarlo en 20% a los estratos 1 y 2, continuar con los cobros abultados e ilegales en la factura eléctrica a los sectores populares y tolerar que Fenosa-Naturgy no devuelva el subsidio FOES para barrios subnormales que se embolsilló ilegalmente y que según la Contraloría General de la República supera los $218.000 millones, lo mismo que los más de $100.000 millones que le entregó el gobierno para los proyectos Prone y Faer, pero que no aparecen ni en plata ni en obras. Ahora el Tribunal Administrativo del Atlántico aprueba unas medidas cautelares ante una Acción Popular de Carlos Caicedo en el sentido de que el gobierno no puede autorizar alzas en las tarifas eléctricas ni vender a Electricaribe sin realizar dos audiencias públicas por departamento en la Región Caribe para consultar a la comunidad sobre estos dos aspectos.
Se está configurando la tormenta perfecta en medio de una crisis económica y social in crescendo.
