El Gobierno nacional expidió, a través de la CREG, la Resolución 015 de 29 de enero de 2018, por medio de la cual establece la metodología para remunerar la distribución de la energía eléctrica en el sistema interconectado nacional. Dicha metodología es la base para buscar un nuevo propietario y/o operador para el servicio eléctrico de la costa, según el estudio hecho por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y pagado por los usuarios a través de la empresa Electricaribe, intervenida con fines de liquidación. El estudio tuvo un costo cercano a los tres mil millones de pesos y el contrato ha sido cuestionado por la Contraloría General de la República. En el reglamento de compraventa de Electricaribe aparece:
Asesor externo: FDN y sus subcontratistas:
- Financiera de Desarrollo Nacional, empresa creada por el gobierno de Santos para impulsar las obras de infraestructura 4G y usufructuaria de los recursos de venta de Isagen a Brookfield, gestora de fondos de capital financiero canadiense. La FDN está controlada accionariamente por el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el banco Sumitomo de Japón.
- Ágora Corporate Consultores: empresa creada en 2004 por banqueros senior de la oficina de Rothschild, que ha asesorado a empresarios nacionales y multinacionales.
- Brigard & Urrutia abogados, bufete conocido por escándalos en la adquisición de miles de hectáreas de tierra baldías adjudicadas a campesinos pobres y que resultaron en manos de grandes empresarios, violando la Ley 160 de 1994.
- Lazard Colombia SAS: Banca de inversión internacional con grandes escándalos en el mundo y en Colombia, denunciados por Wilson Arias. La firma fue constituida en un paraíso fiscal, Bermudas, y es investigada en el Reino Unido por presuntos ilícitos cuando asesoró la privatización de Adpostal británica.
Como se aprecia, estamos en manos del capital financiero internacional para lo relacionado con las salidas a la crisis del servicio eléctrico de la costa. Los asesores foráneos no tuvieron en cuenta a la nación ni a la región Caribe y desconocieron a los gobernadores, alcaldes, corporaciones públicas, a trabajadores y pensionados de Electricaribe, a usuarios residenciales y empresariales.
Crisis eléctrica de la costa evidencia fracaso de política de privatización
Muchas personas aducen que la crisis eléctrica de la costa está sobrediagnosticada y que hay coincidencias en los análisis. No es cierto. La problemática tiene como origen la política de privatización y enajenación del patrimonio público ordenada por la Ley 142 de 1994, basada en el artículo 365 de la Constitución Nacional de 1991, que consagra algunos derechos democráticos pero que entronizó también las políticas neoliberales de apertura económica, privatización y libre comercio. Concomitante, la responsabilidad estriba en la trasnacional Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy. ¿Acaso no fueron los españoles quienes desmantelaron miles de kilómetros de redes de cobre para venderlos en el exterior con grandes ganancias y que reemplazaron por redes de aluminio de mala calidad, y los que despidieron miles de trabajadores e impusieron la tercerización laboral, desmejorando el servicio y atentando contra las convenciones colectivas de trabajo? Tampoco podemos dejar de denunciar cómo desfalcaron los recursos de los subsidios del FOES destinados a los usuarios de las áreas especiales y que la Contraloría General de la República tasó en más de $216.000 millones, aún no devueltos, como tampoco los faltantes de los programas Prone y Faer, de normalización de redes y electrificación rural por más de cien mil millones. Según el mismo ente de control, no aparece ni la plata que les entregó el Estado ni las obras.
La intervención de Electricaribe
La intervención era inevitable, aunque no ha sido la solución, porque no podía serla por sí sola. Sin grandes recursos para invertir en las obras de infraestructura y mantenimiento no puede haber solución. Pero es una etapa de transición que puede servir para buscarle salidas a la crisis sin repetir los errores del pasado, como lo exige la ciudadanía. Otra cosa piensa la FDN y sus asesores de las multinacionales. Que el Estado y los diez millones de usuarios de la costa paguen las grandes inversiones para entregar la empresa de nuevo a una multinacional. Ahí está la Brookfield como caimán en boca de caño esperando la presa.
Electricaribe debe pasar a la órbita pública
El análisis ha llevado a muchos al convencimiento de que la salida integral a la crisis estructural del servicio eléctrico en la costa es que la empresa pase a la órbita pública, porque es la única que puede estar al servicio de los usuarios residenciales y del sector productivo y que puede resguardar los derechos de los trabajadores activos y de los pensionados que entregaron su vida laboral en esta empresa. Las fuentes de recursos son muy variadas: las regalías mineras, de las cuales la región Caribe recibe alrededor de 2,5 billones de pesos anuales. Como es sabido, de la plata de regalías el Gobierno de Santos le entregó sin ejecutar al de Duque doce billones de pesos, lo que es una verdadera vergüenza, como si el país no tuviera necesidades. El Presupuesto Nacional también debe aportar, lo mismo que los departamentos y sus capitales. Se ha hablado de una empresa eléctrica de carácter regional. Esto hace parte de las posibles y mejores soluciones.
Ahora, qué tal la despiadada deuda pública que hay que pagarles a los tiburones del capital financiero internacional, pago tasado, según el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019, en 47,93 billones, más del 25% del monto total del PGN. Para la mejora del servicio de la energía eléctrica de la Costa se estima que se requieren $7,1 billones en diez años, unos $710.000 millones anuales, 1,48% del pago del servicio de la deuda pública del próximo año.
Los platos rotos no los deben pagar los usuarios con tarifas onerosas
Observemos los aumentos tarifarios en la energía en la costa entre diciembre de 2013 y agosto de 2018, cuando el kilovatio hora (KWh) pasó de valer $303,19 a $420,72, un incremento de 38,76%. Ahora miremos la inflación (IPC) en el mismo lapso de tiempo, la cual aumentó 24,55%. La diferencia es de 14,21 puntos porcentuales, lo que significa una pérdida del 36,66% en el poder adquisitivo de los usuarios solo en pago de energía
La Resolución 015 de 2018 de la CREG establece el nuevo régimen tarifario para la Distribución de energía, que en la costa realiza Electricaribe. Se aumentan los cobros por este concepto y se obligó a las empresas prestadoras, en septiembre de 2018, a presentar un documento llamado expediente tarifario, basado en las inversiones que va a hacer en el 2019, para que sean contempladas en las tarifas a partir de abril de 2019.
Las tarifas de distribución de energía en Colombia, y más aún en la costa, tienen una normatividad favorable a las empresas oligopólicas y en contra de los usuarios, basada en los siguientes aspectos, entre otros:
El cobro contempla la remuneración de los activos como si fueran nuevos. Es lo que se llama reposición a nuevo, que no tiene en cuenta la vida útil de las redes, transformadores, aisladores, etc.
La rentabilidad, llamada tasa de retorno del capital está actualmente en 13,9%, una de las más altas del mundo, ya que a nivel internacional el promedio es de 8%.
El impuesto de renta (nominal) que paga la empresa al Estado era del 33%, pero realmente lo que pagan, según lo reconoce la Dian, es 20%. Según Juan Ricardo Ortega, ex director de la Dian, solo tributan el 7,5%, pero la empresa les carga a los usuarios en la tarifa el 33%, un robo descarado ya denunciado por varios senadores.
Sectores de usuarios y la Asociación de Ingenieros Eléctricos, ASIEB, han presionado para que estas condiciones de la normativa tarifaria sean modificadas a favor de los usuarios, pero el gobierno y la CREG han decidido lo contrario y con la Resolución 015 de 2018 están modificando los parámetros para elevar las tarifas, según algunos estudios entre 80 y 90 pesos el kilovatio hora, lo que debemos rechazar rotundamente. Debemos exigir todo lo contrario:
- Que el cobro de los activos sea acorde a la vida útil de las redes, circuitos, transformadores y demás.
- Que la rentabilidad no sea mayor a la internacional, que es del 8% (la Resolución 015 aprobó 11.8%).
- Que el impuesto cargado a la tarifa no sea el nominal sino el real.
Con estas reformas a la normatividad tarifaria se podrían rebajar un poco los altos cobros actuales y las empresas mantendrían sus márgenes de ganancias para reinvertir.
Unidad de todas las fuerzas vivas de la región
Finalmente, un llamado a que unifiquemos las fuerzas vivas de la Región Caribe, a fin de impulsar que Electricaribe sea reemplazado por una empresa de la órbita pública, que las inversiones las haga el gobierno con las regalías, para lo cual, si es necesario, se reforme la ley respectiva; que se hagan con cargo al presupuesto nacional, con las entidades territoriales y con una pequeña parte del pago de la deuda pública a la banca internacional.
Del buen servicio de energía a costos módicos depende la calidad de vida de millones de usuarios, la competitividad del sector productivo y los derechos de los trabajadores y pensionados.
Muchas gracias.
* Ponencia presentada en el foro sobre tarifas eléctricas en la costa organizado por Sintraelecol.
