Sin entrar en precisiones propias del dialecto jurídico-penal, podemos identificar al determinador como aquella persona que por cualquier medio incide en otro u otros, haciéndoles surgir la idea de llevar a cabo uno o varios delitos, siendo en tal sentido la persona que gesta la idea criminal, la transmite o fortalece en la mente de otro que va a ser el encargado de ejecutarla, es decir, de materializar la conducta adecuándola a un tipo penal o delito.
En Colombia las muertes violentas han llegado a cifras que resultan verdaderamente alarmantes, y que hacen que el país ocupe el deshonroso sexto lugar, de entre los países que conforman América Latina y el Caribe (33 países), con mayores índices de homicidios; es así como para 2021 alcanzó la cifra más alta de homicidios en los últimos 7 años, con un índice de 26,8 por cada 100 000 mil habitantes, para un consolidado de 13 709 personas asesinadas, 1200 de ellas fallecidas tan solo en el mes de diciembre.
De un crecimiento del 6 % en 2020, con respecto a 2019, pasamos a un crecimiento del 13 % en 2021 con respecto a 2020, según los datos más conservadores.
Lo anterior nos lleva a preguntamos, ¿quiénes son los determinadores o autores intelectuales de las muertes que se han dado en manos de sicarios (8095), en masacres colectivas (96 casos, con 326 víctimas), o en las masacres que por goteo se dirigen a líderes sociales, ambientales y agrarios, defensores de derechos humanos, jóvenes manifestantes y muchos de los firmantes del Acuerdo de Paz entre FARC y Gobierno?
Obviamente, la pregunta se formula no solo con respecto a las víctimas de 2021, sino con motivo de todas las vidas malogradas en los últimos años, y que llevan a que presenciemos un verdadero genocidio en marcha, posterior a la relativa calma vivida entre de 2013 y 2018, y que ha implicado, como lo indican las cifras de Medicina Legal, que en Colombia se haya retrocedido nueve años en la reducción de homicidios (así como en muchos más indicadores).
Si bien se ha logrado establecer con cierta precisión, aunque con muy poca judicialización, quiénes han sido los perpetradores de muchos de estos actos criminales, y con ellos, algunos de los autores determinadores de los mismos (entre los que se cuentan políticos corruptos, ambiciosos empresarios y hacendados, narcotraficantes, paramilitares y movimientos alzados en armas aliados con mafias), la verdad es que escapa al tradicional análisis la vinculación que como determinadores puedan tener los estigmatizadores e instigadores medios masivos de comunicación (en algún momento la iglesia era la que cumplía ese papel), sometidos a los intereses de las grandes corporaciones.
Medios de comunicación abiertamente aliados con sectores de extrema derecha, defensores de intereses corporativos nacionales, trasnacionales e imperiales, son cajas de resonancia de discursos que emplazan a que sectores fascistas, racistas, patriarcales y retardatarios de la población, en nombre de un establecimiento e instituciones corruptas, actúen en contra de todo aquello que reclame cambios.
Dentro de esos cambios están la protección derechos, protección del ambiente, dignificación del trabajo y de la vida en general, oponiéndose, por ejemplo, a decisiones judiciales que reconocen como sujeto y objetos de derechos a ríos, selvas, mujeres, negritudes, indígenas, comunidades LGBTI, y en general, grupos en estado de vulnerabilidad, revictimizándoles y exponiéndolos a estados de vulnerabilidad mucho más grandes, invitando, inclusive, a la ejecución de magnicidios por la forma irresponsable en que orientan sus mensajes, titulares y contenidos.
Solo hay que hacer un breve seguimiento a “periodistas” como Vicky Dávila, Salud Hernández Mora, María Isabel Rueda, Fernando Londoño Hoyos, entre otros, para ver cómo, además de lo reprochable que resultan a menudo sus propias intervenciones en los programas que dirigen o a los asisten, también se encargan de dar micrófono y cámara a personas que abiertamente son violentos o llaman a la violencia.
Recordemos, por ejemplo, al agresivo abogado Abelardo de la Espriella, quien no deja de ser invitado especial de una Vicky Dávila, no obstante de las amenazas y cólera que este personaje descargó, al aire, en contra del investigador Ariel Ávila.
O el señalamiento e imputaciones que estos periodistas (y otros tantos) hicieran de manera indiscriminada en contra de los jóvenes de primeras líneas, durante las protestas iniciadas en abril 2021, y que los volvió blanco de paramilitares urbanos y violentos policías, que en no pocos casos acabaron con sus vidas.
O la actitud insidiosa en contra del proceso de paz con las Farc y el acuerdo al que llegaron, así como los calificativos en contra de la exguerrillerada que ha llevado a que el baile rojo aplicado a la UP, ahora se repita en contra de los Comunes.
Y ni qué decir, del odio atizado en contra del candidato presidencial que actualmente puntea en las encuestas, Gustavo Petro, y que podrían llevar a que se perpetre un nuevo magnicidio por parte de algún desadaptado y enloquecido habitante.
Es hora de poner el ojo visor a eso que Raúl Zaffaroni llama como criminología mediática, aquella que apela a una creación de la realidad a través de información, subinformación y desinformación en convergencia con prejuicios y creencias, y basada en una etiología criminal simplista, que pone en estado de vulnerabilidad a personas y sectores populares de la sociedad, que al final, terminan siendo una cifra más dentro de la gran masacre auspiciada por el establecimiento.
*Abogado Defensor de DDHH
