El análisis de causas y efectos de la criminalidad en Colombia, y las decisiones y acciones para erradicar el flagelo, son responsabilidades imperativas, éticas, morales y legales, de los representantes de la autoridad, elegidos o designados.
Lo que acontece en Colombia, sobre inseguridad ciudadana, demuestra que las autoridades correspondientes, no son capaces de entender la gravedad del problema y desacatan el ordenamiento legal vigente, sobre protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Las medidas de prevención y control que ensayan las autoridades no producen resultados aceptables, porque son laxas, incoherentes y contradictorias frente al arraigo y gravedad del problema.
El Gobierno tiene la obligación de diseñar, estructurar y aplicar estrategias y procedimientos legales que produzcan resultados concretos, favorables a la seguridad ciudadana.
Han transcurrido más de dos años, de ejercicio del poder, del actual gobierno y no hay resultados positivos, en seguridad ciudadana y control de la delincuencia.
Es ridículo e irresponsable, de parte del gobierno, que delincuentes, desde centros de reclusión, dirijan y ordenen acciones criminales.
Delincuentes condenados, disponen de recursos tecnológicos para manejar las organizaciones criminales y es de conocimiento de las autoridades. El gobierno conoce y reconoce hechos. Pero no decide nada concreto , al respecto. Se comprometió a bloquear las comunicaciones, desde los centros carcelarios. No ha cumplido. Se conoce que más del 40% de las extorsiones, son hechas desde las cárceles.
Se sabe, que de los 135 centros carcelarios y penitenciarios, solo dos disponen de sistemas de bloqueo de las comunicaciones y que solo en un centro funciona. Aberrante.
Las normas legales sobre detención, flagrancia, judicialización, legalización de captura y detención preventiva en establecimiento carcelario, son laxas, permisivas e irresponsables. El presidente de la República, debe reconocer el fracaso con la designación del iluso ministro de Justicia saliente y debe reconocer que se equivocó con ese sujeto.
La Reforma judicial que dejó ese desastroso ministro, en ningún sentido corresponde a lo que, en términos de seguridad ciudadana, necesita Colombia.
Hay problemas con la interpretación y alcances de la normatividad y legalidad vigente, de parte de los jueces de garantías y de conocimiento.
El déficit de cupos carcelarios, desde hace muchos años, está diagnosticado y sirve de pretexto a jueces y litigantes para dar estímulos a la delincuencia y a la criminalidad.
La inseguridad generalizada que padecen los colombianos no es asunto de generación espontánea. Obedece a causas concretas y reconocimiento honesto, de causas estructurales, relacionadas con la institucionalidad, el desarrollo socioeconómico y el marco jurídico vigente, entre otras:
Se sabe que hay más de 1,6 millones de armas de fuego con salvoconducto en manos de civiles, y que por cada arma con salvoconducto hay 6 ilegales, con promedio de una por cada 6 habitantes, sin control efectivo del Gobierno y que la corrupción ha penetrado todas las instancias del poder.
Organizaciones internacionales por la defensa de los derechos civiles y la transparencia de la justicia, señalan de manera reiterada el crecimiento de la criminalidad y la impunidad en Colombia.
Precisan que la impunidad supera el 97%. Que Colombia está entre las 6 naciones con mayor criminalidad e inseguridad en el planeta, esto, mientras respecto al PIB, Colombia sostiene el gasto militar más alto en el continente.
Ante los niveles de inseguridad ciudadana, el crecimiento generalizado de criminalidad, el Gobierno debe declarar Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana.
Esta, debe prohibir, en todo el territorio nacional, el porte y uso de armas de fuego y armas blancas y cortopunzantes a todos los civiles en el territorio nacional.
Mediante prohibición de porte y uso de todo tipo de armas y aplicación de recursos legales, debe establecer sanción por porte de armas, sin salvoconducto, consistente en privación de la libertad y reclusión en centro carcelario, por desacato a la prohibición del porte de arma, inconmutable, mínimo por un año.
La declaratoria de emergencia nacional, por inseguridad ciudadana, debe ser mínimo por 18 meses, prorrogable, de acuerdo con los resultados y ordenamiento legal vigente.
Con base en la sugerida Emergencia Nacional, por inseguridad ciudadana, el gobierno, debe ordenar, patrullajes permanentes de Policía, Ejercito y la Armada y la practica de requisas permanentes, a lo largo y ancho del país, las 24 horas de los 365 días del año a todo ciudadano y detención inmediata del infractor de la disposición, y en ningún caso debe ser inferior a un años, si el detenido no tiene antecedentes delictivos y si los tiene, debe ser procesado y sentenciado a la pena adicional que determine la ley.
El gobierno tiene del deber ético, moral y legal de responder por la seguridad de los colombianos y de erradicar el narcotráfico, que ha penetrado o esta penetrando, toda actividad de la vida nacional, como lo hace en el resto de las AMÉRICAS.
Las acciones contra la inseguridad y el narcotráfico, no deben ser solo represivas.
Debe comprender la aplicación de políticas de estado, sobre reformas integrales de desarrollo socio-económico, académicas, culturales, jurídicas e institucionales que garanticen, reducir progresivamente, el desempleo, el subempleo, la inestabilidad laboral, precariedad salarial, informalidad, pobreza rural y urbana, drogadicción, la debilidad institucional, la anarquía y el caos institucional, el cáncer de la corrupción burocrática-administrativa, etc. Estos problemas requieren un reconocimiento objetivo, que no se debe minimizar, ocultar o soslayar.
Más del 70% de los ciudadanos colombiano, esta en condiciones de pobreza, aguda o relativa y no tienen acceso a los beneficios de la inversión y asistencia estatal.
Todos, sin excepción, justa y socioeconómicamente, necesitan que el gobierno realice profundas reformas socioeconómicas y tecnológicas, para lograr desarrollo integral nacional.
Los objetivos de las reformas socioeconómicas, planteadas por el actual gobierno, son imperativos sociales urgentes e imprescindibles, para resolver y erradicar el flagelo de la inseguridad ciudadana y la criminalidad.
El gobierno debe ser pragmático en la definición y desarrollo de sus programas de gobierno y debe ser consciente que la corrupción cooptó, desde hace decenas de años, todos los niveles del poder público y sin resolver esa amenaza real, es una farsa, un engaño, una burla más, al pueblo colombiano.
Sin resolver esa pesadilla apocalíptica, no debe continuar el actual gobierno, con el sainete de la PAZ TOTAL.
