Se catapultó y extendió a toda la geografía nacional la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
Ante la gravedad del flagelo y la apocalíptica amenaza social y económica, los gobiernos y órganos de poder institucional, prefieren asumir actitudes, decisiones y acciones inútiles y hasta ridículas y cómplices, como en el caso del novelón respecto a la prohibición del parrillero en moto y uso de chaleco.
Para distraer al público, hacen aspavientos sobre los cotidianos lechos criminales o los niegan como en los ya endémicos falsos positivos, durante el gobierno de Uribe Vélez y los de Puerto Leguízamo en el gobierno de Duque. Otro tanto ocurre con la carnicería contra líderes sociales, no afines al gobierno y al régimen.
Las nuevas organizaciones guerrilleras o disidencias, son consecuencia de los incumplimientos de los Acuerdos de Paz, durante el gobierno de Duque y de las trapisondas y torpedos del régimen gobernante, con el agravante que esos nuevos grupos armados, ya no actúan por objetivos ideológicos.
Probablemente entienden que la toma del poder, conforme a los criterios y motivaciones de antaño, ya no es posible y optaron por alianzas con organizaciones al servicio del narcotráfico, la delincuencia común y la criminalidad.
Los demoledores efectos los tiene que padecer la comunidad nacional. Son consecuencias e imputables a la irresponsabilidad del actual gobierno y su tutor, Uribe Vélez y sus secuaces. Son hechos y resultados que catapultan la amenaza criminal en toda la nación.
En el fondo, el retorno de los desmovilizados a las armas, es responsabilidad del régimen que usufructúa el poder institucional y económico desde 1810, en alianza y al servicio de la criminalidad nacional e internacional, a través del narcotráfico.
La delincuencia común y organizada, con el estímulo de la anarquía y el caos institucional, son el caldo de cultivo para el crecimiento de la criminalidad generalizada que se extiende por todo el país.
Parece que el gobierno y el Régimen que representa, prefieren tolerarla y utilizarla para obtener dividendos en para la permanencia en el poder.
Las causas medulares están en la inequidad socioeconómica, el desempleo y sub empleo, el desplazamiento interno forzado, la concupiscencia institucional, la irresponsabilidad e inmoralidad del poder público, factores que determinan el precario desarrollo integral nacional y el excluyente modelo económico-político, que propician el desempleo, el subempleo, la pobreza y la indigencia.
Es oportuno, conveniente y necesario, reiterar hasta el cansancio, el significado de las inocultables realidades socioeconómicas que tiene que padecer el ciudadano colombiano: Organizaciones internacionales por la defensa de los derechos civiles y transparencia de la justicia, reiteradamente señalan el crecimiento de la criminalidad y la impunidad en Colombia. Precisan que la impunidad supera el 97%.
Estadísticas verificables, ubican a Colombia entre las cuatro naciones con mayor criminalidad, inseguridad ciudadana e inequidad socioeconómica, en el planeta. Esto ocurre mientras sostiene el gasto militar más alto del hemisferio, proporcional al PIB (mayor al 6% del PIB). El régimen lo sabe.
Colombia gasta más de $120.000 millones diarios en su aparato militar, policial e inteligencia, más inversiones en equipos y logística pagados con recursos de instituciones regionales y locales.
¿Ese es el costo de la inseguridad ciudadana?
Las acciones, decisiones, tolerancia y complicidad del gobierno son absolutamente irresponsables. Son totalmente incoherentes con la magnitud y gravedad del flagelo criminal.
Hechos: Hay más de 1.5 millones de armas de fuego legalizadas, en manos de civiles. Pero por cada arma con salvoconducto hay 6 ilegales. Promedio de una por cada 5 habitantes, sin control efectivo, por parte del gobierno. El gobierno y el negocio militar, se niegan al desarme de civiles. ¿Para apoyar el negocio de venta y tráfico de armas?
Colombia se ubica entre las tres naciones de mayor inequidad socioeconómica del mundo y mayores registros de criminalidad e impunidad delo planeta.
El desafío, de cambiar la inseguridad por seguridad general y desarrollo económico integral, es cósmico, en términos prácticos.
La amenaza no se supera y resuelve con el formalismo de Consejos de Seguridad, lamentos plañideros, bendiciones de humo, cadenas de oración y verborrea engañosa. Requiere decisiones concretas e inmediatas. Demanda la adopción y aplicación de normas legales específicas para enfrentar la amenaza y programas permanentes de desarrollo socioeconómico integral nacional y control institucional efectivo, y permanente, en todos los niveles de la vida nacional.
Para derrotar la criminalidad es imprescindible sustituir importaciones por producción nacional, redefinir y reorientar el modelo económico-político, cimentar la ética y la moral pública y social, en todo tipo de actividad nacional.
Se debe extirpar para siempre la impunidad y la corrupción en todas las instancias de poder público. No es posible alcanzar esos objetivos solo con la aprobación o modificación de leyes o decretos.
La corrupción penetró toda la contratación pública y la institucionalidad, en toda la geografía nacional. Por eso la justicia es inoperante y propicia impunidad.
Para el próximo gobierno, la inseguridad ciudadana y la criminalidad deben ser objeto de las primeras decisiones de gobierno. Son asuntos y problemáticas de interés nacional.
La inseguridad ciudadana y la criminalidad, deben atacarse removiendo las causas primarias que las estimulan, generan y sustentan. No puede revertirse y extirparse solo con aumento de pie de fuerza, toques de queda y misas diaconadas. Requieren estructurar, aprobar y aplicar Políticas de Estado específicas para reducir efectivamente el desempleo, la informalidad, la pobreza y la indigencia.
Esas decisiones políticas de estado, deben estar acompañadas de la Declaración de Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana, mediante la cual prohíban el porte de todo tipo de armas, de fuego y blancas, en todo el país.
En la misma declaratoria deben ordenar realizar juicios sumarios al que incumpla la prohibición, con sanción de detención intramuros inconmutable, mínimo por tres años, si no tiene antecedentes o más según la gravedad de los antecedentes.
Debe contener ordenamiento específico sobre manejo legal del detenido y sobre juicios sumarios y condena intramuros, inconmutable.
Debe ordenar que, Ejército, Policía y Armada, practiquen requisas permanentes, durante las 24 horas de todos los días y durante los 365 días del año, en todas las vías y caminos de la geografía nacional.
Todo ciudadano debe entender y encontrar la razón de que la solución de la problemática de la inseguridad ciudadana y la criminalidad nacional, solo es posible resolverla si se resuelve, la impunidad judicial, el desempleo, la informalidad, los bajos salarios, la corrupción, la politiquería, el clientelismo, la mediocridad e inmoralidad de quienes ejercen poder público.
De esa forma se puede resolver el problema, pero el ciudadano debe contribuir con acertar por quién votar. El próximo gobierno debe estar decidido a actuar inmediatamente y a recurrir al Constituyente primario, si es necesario, para lograr las reformas constitucionales requeridas para institucionalizar las reformas, que el Congreso no apruebe o desvirtúe su contenido.
