Cuando comenzaba a abrirse paso para escalar hasta las élites de la mafia, Dairo Antonio Úsuga -quien cobraría notoriedad como Otoniel- se convirtió en un objetivo de los servicios de inteligencia militar. Antes de que entraran en escena la DEA y otras agencias que más tarde verían a Úsuga como un nuevo Pablo Escobar, el Ejército decidió seguirle los pasos para saber quién era el hombre que tendía puentes entre traficantes de cocaína y proveedores clandestinos de armas y pertrechos que abastecían a autodefensas y guerrilleros.
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La Séptima Brigada, acantonada en Villavicencio, logró infiltrarlo a mediados de 1999. Carlos Eduardo Roa Parrado, uno de los agentes más destacados del B-2, brazo de inteligencia de la unidad militar, se hizo reclutar por la organización del capo que en aquella época tenía su zona de influencia en los Llanos Orientales y se hacía llamar ‘Mauricio’.
El perfil que Roa dibujó de sí mismo le aseguró pronto la confianza de Úsuga y le permitió mantenerse al tanto de sus movimientos: despacho de cargamentos de cocaína, rutas usadas y también de crímenes selectivos y masacres. Pero después de un año de actividades que permitieron al Ejército bloquear parte del trasiego de armas y neutralizar redes de contacto con la guerrilla.
Mientras los golpes resentían e irritaban a ‘Otoniel’, alguien le sembró dudas sobre el papel de Roa y los privilegios que la organización le daba, entre ellos el de no acampar todo el tiempo en el monte y de ir a visitar con regularidad a su familia en la población de Restrepo, en el Meta.
Cuando Otoniel vuelva a Colombia, después de pagar sus delitos en Estados Unidos, la justicia colombiana podrá cobrarle sus deudas con el país.
Sin fórmula de juicio, como lo eran casi todas sus decisiones, el capo ordenó sacar del camino a quien consideró un ‘sapo’. Se impacientó con la idea de hacerle un seguimiento previo y le ordenó a Luis Miguel Hidalgo, hombre de su confianza y amigo del infiltrado, que le trajera a Roa para interrogarlo personalmente.
Hidalgo llegó a la casa del agente del B-2 la mañana del 13 de abril de 2000. A Roa no le pareció extraño que le pidiera acompañarlo a una reunión con ‘Mauricio’. No habría ningún interrogatorio, sino una ejecución a sangre fría.
Durante casi veinte años, la familia de la víctima y el propio Ejército ignorarían lo ocurrido con el agente del B-2. Su desaparición fue denunciada, pero las autoridades no pudieron hacer nada distinto a registrarlo en la base de datos de desaparecidos a cargo de la Fiscalía. Allí se leía: “Carlos Eduardo Roa Parrado, de 38 años, desapareció el 13 de abril después de que salió de su casa en el barrio Mariano Ospina Pérez, de Restrepo, en compañía de un joven. Vestía chaqueta impermeable, camisa a cuadros café, pantalón de pana café y zapatos apaches café”.
Cuatro años después, el 24 de abril de 2004, la familia Roa logró que la justicia declarara la “muerte presuntiva” de Carlos Eduardo, con lo cual sus ingresos, prestaciones y bienes podrían ser usados para asegurar en sustento de sus supervivientes. Nadie habló del rol que cumplía en vida, ya que eso sería un secreto mientras que no se confirmara la muerte.
Martha Clara Niño Barbosa, entonces Juez Primera de Familia de Villavicencio, ordenó que la presunción de la muerte fuera publicada en el Diario Oficial y en edictos públicas y oficiarle a la Registraduría para que sentara el registro de defunción de Roa Parrado, identificado con cédula 479138 de Restrepo.
El enigma terminaría quince años después, a finales de 2019. Luis Miguel Hidalgo, el mismo hombre que sacó a la víctima de su casa, se postuló ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en busca de beneficios judiciales como desmovilizado de las autodefensas y contó en detalles lo ocurrido.
Por la desaparición del investigador, el 24 de mayo de 2019 la justicia condenó a alias Otoniel a 600 meses de cárcel
El testimonio de Hidalgo le costaría a ‘Otoniel’ (antes ‘Mauricio’) una condena a 600 meses (50 años de prisión), impuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado.
‘Otoniel’ reconoció el crimen, pero no para reparar a la familia del agente de inteligencia militar, sino con la intención -frustrada a la postre- de que la Corte Suprema de Justicia no emitiera concepto favorable para su extradición a Estados Unidos.
Su defensor hizo un amplio listado de los crímenes de su cliente en Colombia y aseguró que debía privilegiarse los derechos de las víctimas que reclamaban un juzgamiento integral de sus delitos en el país, antes de que se produjera la entrega a Estados Unidos.
La Corte conceptuó favorablemente la extradición, aunque la condicionó al hecho de que la justicia de los Estados Unidos solo juzgara a ‘Otoniel’ por delitos que afectaron directamente al país. Así, dejó abierta la posibilidad de que cuando ‘Otoniel’ regrese, si algún día, responda por sus actividades criminales en Colombia.
