La crisis pensional no es colombiana, es un problema estructural del modelo económico global. Sin embargo, la situación acaba de hacerse peor.
Con diferentes propósitos y estrategias mediáticas, el Ministerio de Hacienda filtró o socializó un proyecto de decreto que permitía el traslado, desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (AFP) al de Prima Media con Prestación Definida (Colpensiones), a quienes estuvieran próximos a jubilarse (mínimo 10 años para cumplir la edad establecida).
El movimiento, estimado en 350.000 cotizantes, habría significado un hito para quienes decidieran emprenderlo, generando un evidente impacto en los fondos privados de pensiones, que están en manos de las personas más ricas del país. En teoría, siguiendo la lógica del pastel, lo que habrían perdido las AFP lo recibiría Colpensiones y el Estado saldría fortalecido para atender las obligaciones pensionales, además de flexibilizar condiciones durante la pandemia.
Pese a los riesgos en el manejo de estos recursos por parte de la Rama Ejecutiva (tal como advirtió el debate sobre su liberación para financiar las 4G, a través del concentrado mercado de capitales), esta alternativa significaba un reconocimiento para millones de colombianos que han saturado con instrumentos legales al Estado, requiriendo el antedicho traslado.
Pues bien, el gobierno corporativo, una vez más, demostró su poder sobre el gobierno colombiano. Particularmente, para Asofondos, el gremio que defiende los intereses de las AFP (no de los colombianos), esa medida es evidentemente una mala solución. Según publicó Portafolio, diario dirigido por un exasesor del presidente Duque, una fuente anónima, como todo lo que sucede con el partido de gobierno, señaló que las consecuencias serían que destruyera “ahorro por $27 billones. En la práctica, un ahorro de 10, 15, 20 años”.
Dicho experto seguramente tiene intereses en otras áreas de la economía que se benefician de la captación del ahorro público mediante las AFP, y seguramente le importa poco el descontento de tantos pensionados que se sintieron engañados con el nuevo régimen —de ahí que se impuso la doble asesoría—, y la mayoría de colombianos que no dispone de mecanismos de ahorro para aspirar a una jubilación digna, pues, en caso de que tuviera sentido su defensa de las AFP, simplemente estaría abogando por una minoría.
El hecho es que el problema no puede reducirse a una pugna entre AFP versus Colpensiones, pues los únicos que siguen perdiendo son todos los colombianos que permanecen desempleados, y sin acceso a pensión, en un sistema "pasivo", inequitativo e insostenible.
La "patraseada" de Carrasquilla, una vez más impulsa al "cartel de los batracios", y comete otro crimen pensional por amor a la riqueza y la rueda giratoria.
