Diferentes autores postulan que el crecimiento económico es la base de la riqueza de las naciones, lo que su vez permite comprender la naturaleza de la política pública del Estado para direccionar su intervención en ofrecer o no mayores niveles de bienestar a la población desde el punto de vista de la distribución de la riqueza en la economía real, en términos de un mayor acervo de bienes y servicios que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida.
En los manuales de fundamentos e introducción a la economía resulta un lugar común plantear que el crecimiento económico es el aumento o expansión cuantitativa de la renta y del valor de los bienes y servicios finales producidos en el sistema económico —sea regional, nacional o internacional— durante un determinado período de tiempo —por lo regular durante un año–—, y se mide a través de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y lo adecuado es calcularla en términos reales para eliminar los efectos de la inflación.
No obstante, esta consideración teórica nos obliga a reflexionar acerca de dos importantes aspectos: el primero vinculado con el carácter de las relaciones sociales de producción y las formas productivas bajo las cuales se generan esos bienes y servicios y el segundo las fuentes de origen de dicho crecimiento y el carácter de articulación de los actores involucrados a las diferentes esferas económicas según el rol desempeñado (la producción, distribución, comercialización e intermediación e incluso la especulación); lo que finalmente incide en el desempeño de las variables macroeconómicas de la producción, el consumo, la inversión, el ahorro y el balance del comercio exterior de una determinada estructura económica.
En Colombia, particularmente en los últimos años, el crecimiento económico ha tenido como fuente principal las industrias extractivas, así por ejemplo en el período 2017-2018, la tasa de crecimiento fue solo del 2,7%, el cual estuvo influido por un ambiente de total incertidumbre económica y política, lo cual se reflejó en una contracción de la acumulación de capital en los rubros de vivienda (-5,4% y -0,7% en cada trimestre) y otro tipo de edificios y estructuras (-5,6% y -3,1%), lo que se explica por el escaso dinamismo de la demanda de esta clase de activos y los excesos de oferta de vivienda y otras edificaciones, producto de la construcción excesiva de unidades durante los años de buenos precios del petróleo.
La contribución a este desempeño lo hicieron los sectores de servicios profesionales, la administración pública y defensa, y el agropecuario, en tanto que la construcción y la minería presentaron contracciones.
Las condiciones básicas para alcanzar el bienestar social a través del crecimiento económico en Colombia presentan serias y evidentes limitaciones, caracterizadas por: la proliferación del empleo informal (48,5% primer trimestre de 2018 concentrado principalmente en los servicios comunales, sociales y personales), aumento de las importaciones masivas (11,2% más en comparación con el 2017); Los productos Agropecuarios, alimentos y bebidas, que llegaron a 13,0% de las importaciones, se incrementaron en 12,3%, mientras que las compras de combustibles y productos de las industrias extractivas (11,0% del total) aumentaron 19,0 y las de otros sectores cayeron 46%.
Fuera de lo anterior, en cuanto a la distribución del producido de la renta nacional, el país presenta una de las más inequitativas condiciones de distribución del ingreso en comparación con otros países en el mundo, según el índice de Gini se ubica en 0.53 que ubica al país como el segundo más inequitativo de América Latina después de Honduras (0.537), y el séptimo en el mundo, según el Banco Mundial. Esta realidad explica, en buena medida, la difícil situación que enfrentan muchos ciudadanos para suplir sus gastos básicos de vivienda, educación, transporte y créditos pese a que la economía vaya bien.
En consecuencia surge la siguiente pregunta: ¿por qué persiste la inequitativa desigualdad social en Colombia cuyo crecimiento económico no se traduce en bienestar para sus gentes a pesar, por ejemplo, de las bonanzas petroleras que se produjeron durante el 2006 y 2014?
Varios factores nos permiten explicar tal situación.
- Las políticas económicas implementadas por el Estado no cumplen su papel de apalancar mediante mecanismos redistributivos el mejoramiento de los ingresos y el bienestar del grueso de la población en Colombia, en particular, como resultado de la implementación de reformas tributarias (extensión de la base gravable del IVA), que contraen la demanda agregada en el consumo de bienes y servicios de los grupos poblacionales que presentan más restricciones en el ingreso per cápita.
- Otro factor que influye decisivamente en las precarias condiciones de bienestar de la población, es el relacionado con la cartelización de la mayoría de las empresas, organizadas como verdaderos monopolios y oligopolios (como es el caso de la banca) al concentrar un reducido número de empresas que no generan tasas altas de empleo dignas, formales y decentes para un número cada vez más amplio de personas (desde el ámbito de la vinculación laboral, predominan los contratos de prestación de servicios y contratos de aprendizaje), lo que por supuesto estimula la informalidad laboral y la inestabilidad de la vinculación de trabajadores y empleados en el tiempo.
- La dependencia en cuanto a la generación de ingresos de la economía colombiana supeditada al desempeño de unos pocos sectores productivos como es el café, el petróleo, carbón y productos de enclave como el banano, las flores, entre otros, sin contar la participación de la economía emergente de la coca como un sector más generador de ingresos y violencia en las diferentes regiones del país, lo anterior evidencia la escasa diversificación de su base productiva.
- La corrupción contribuye a la clientelización de los mercados del trabajo cuyo resultado es la presencia de un ejército industrial de reserva (desempleo estructural) permanente que no es absorbido por la estructura productiva.
- Finalmente, la alta concentración de los medios de producción y la acumulación improductiva de estos en el contexto de la ruralidad colombiana, como es la tierra, ha profundizado el atraso para que no exista un desarrollo integral del campo, en particular de las economías campesinas y la legislación colombiana al respecto, no contribuye a democratizar la propiedad sobre este bien de producción. Al respecto se estima que el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana, El 0,1% de las fincas que superan las 2.000 hectáreas ocupan el 60% de la tierra. En 1960, el 29% de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66%. Los predios de más de 1.000 hectáreas dedican 87% del terreno a ganadería y solo el 13% agricultura.
