Para cumplir las condiciones impuestas a Ecopetrol por la decisión de enlistarse en la Bolsa de Valores de New York, la empresa se autoimpuso un Código de Ética con el cual busca que todos los trabajadores, contratistas y grupos de interés tengan comportamientos íntegros.
En ese Código de Ética hay conductas prohibidas, deberes y obligaciones paralelos a los previstos en el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) que regula la conducta de los trabajadores del Estado, lo que en nuestra opinión hace ilegal ese código. Además, se creó una oficina especial en Ecopetrol, con la función de investigar esas conductas y aun no se ha diseñado un procedimiento para su operación, asunto también violatorio del debido proceso.
Desde que entró en vigor, decenas de trabajadores de Ecopetrol han sido despedidos solo por “sospechas”, por la apertura de una investigación, sin respetar nunca la presunción de inocencia, un asunto no solo jurídico sino ético. La consecuencia, con recursos públicos se están pagando indemnizaciones por cientos de millones de pesos, por despidos sin “justa causa”. Un asunto que atenta contra el mismo principio de integridad que el citado código y su oficina, supuestamente protegen.
Además, Ecopetrol ha sido condenada a reintegrar e indemnizar a decenas de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos violando, por ejemplo, fueros de estabilidad laboral reforzada. Por esas condenas, basadas en decisiones equivocadas, los responsables deberían ser investigados y sancionados fiscal y disciplinariamente, pero no se sabe nada, porque generalmente los despidos son encubiertos, tolerados o permitidos por la alta administración de Ecopetrol. La sentencia T-434, emitida por la Corte Constitucional, el pasado 1 de octubre de 2020, es un ejemplo de lo señalado.
Lo más grave es que esos despidos de trabajadores y trabajadoras, producidos por acusaciones de “faltas a la ética” no tocan a la cúpula de Ecopetrol.
Recientemente a nombre de la USO le solicité a la Junta Directiva de Ecopetrol que iniciara un procedimiento interno para investigar si las conductas cometidas por su presidente, Luis Guillermo Echeverri, eran contrarias al Código de Ética de la empresa. Luigi, como es popularmente conocido, no solo fue conminado por un juez a rectificar las mentiras vaciadas en una carta dirigida al director del diario El País de España contra el senador Iván Cepeda y además fue llamado por el Consejo Nacional Electoral, a declarar como exgerente de la campaña Duque Presidente en el marco del escándalo conocido como la “ñeñe política”. Pero también debe llamarnos la atención, que a Luigi Echeverri se le denomine miembro supuestamente “independiente” de la Junta Directiva, cuando es pública su estrecha relación con Iván Duque y el expresidente Uribe, a quien recientemente le dedicó un poema.
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A Luigi Echeverri se le denomina miembro supuestamente “independiente” de la Junta Directiva, cuando es pública su estrecha relación con Iván Duque y el expresidente Uribe, a quien le dedicó un poema
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Por recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo –OCDE–, no debería haber en las juntas directivas de las empresas estatales miembros del gobierno, por eso Luigi funge como “independiente” en la Junta Directiva de Ecopetrol. Evidentemente decir lo que no es, es antiético.
La Junta Directiva de Ecopetrol, en su totalidad, en una escueta respuesta, sin firma, señaló que no encontraba méritos para investigar a su polémico presidente. Todo puede estar amparado “bajo la ley”, pero también es totalmente antiético.
Es la misma administración de Ecopetrol la que no respeta un acta de acuerdo que suscribimos en 1997 para proteger la estabilidad laboral de los trabajadores sindicalizados detenidos y no condenados, mientras no dudó en entregarle todos los beneficios laborales al expresidente de Reficar y otros directivos, vinculados a ese escándalo de corrupción, el más grande de los últimos tiempos. Muy ético. Muy coherente.
Hace poco, de nuevo amparado en el Código de marras, Ecopetrol despidió a un dirigente sindical porque intervino en un mitin contra la deficiencia en la prestación en los servicios médicos de la empresa. Prepara el despido de otro dirigente por el mismo hecho, mientras tanto guardan silencio sobre las revelaciones de los periodistas Alberto Donadío y Daniel Coronell, denuncias en las que es mencionado el actual vicepresidente jurídico de la empresa, el Dr. Fernán Bejarano, por el presunto pago con dineros de Ecopetrol a un “cazador de nazis” que al parecer diseñó el genocidio de la Unión Patriótica en el gobierno de Virgilio Barco.
La cúpula directiva de Ecopetrol tiene muchos líos éticos. Juzga con diferente rasero las conductas. Típico de las élites colombianas, nos siguen dando cátedra de moral desde la incoherencia.
Edwin Palma, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO)
