“El nuevo terrorismo intenta crear condiciones anímicas para que amplios sectores de la población lo condenen, lo juzguen como un suceso abominable y lo sancionen como un acto irracional que supuestamente es cohonestado por un Estado tolerante, que necesita en el poder a los ineludibles para derrotarlo”.
La ubicación del sitio que debía provocar conmoción nacional no fue un hecho espontáneo ni escogido por casualidad y el emblemático Centro Comercial Andino ofrecía la oportunidad de crear pánico en el país.
Sus autores, se presume, son personas avezadas, tienen experiencia en actos criminales y conocen a su manera los escenarios colombianos. Pensar que fueron jóvenes rebeldes sin horizonte político es una fantasía.
Lo que nos deja muy en claro es que sus que sus ejecutores simpatizan con personas iluminadas que pretenden presentar una querella política contra el proceso de paz.
Por eso mismo, no tiene validez ubicar la incursión como una táctica insular; poderosos intereses han entrado en juego para lograr el caos, intentando instaurar un estado emocional colectivo que adjudique a los actores de la paz la utilización del terror y de esa manera evidenciar que los imprescindibles deben intervenir en la palestra política como salvadores supremos.
No queda duda, para quienes hemos trabajado como obreros de la paz, que el hecho fue un acto demencial contra la estética de la reconciliación y la descolonización de la libertad, en su misión de abrir las compuertas que han frenado el camino hacia la justicia social.
El nuevo terrorismo intenta crear condiciones anímicas para que amplios sectores de la población lo condenen, lo juzguen como un suceso abominable y lo sancionen como un acto irracional que supuestamente es cohonestado por un Estado tolerante.
Un adecuado acomodo a la brutalidad es la estrategia de la extrema derecha y lo será en su escalada hacia peores formas de sobresalto y pánico si el Estado no utiliza todo el poder de su inteligencia preventiva y protectora para impedir que el terror se convierta en un espiral violento.
Lo que sí queda claro es que el procedimiento utilizado es una forma de lucha, sin que exista una clara fuerza política que lo legitime, que arguya cero tolerancia para la solución pacifica de los conflictos y niegue que las instituciones se hagan cargo de las raíces históricas para resolverlos.
Recordemos la frase la frase lapidaria de Rafael Humberto Moreno Durán: “los políticos corrompieron a los narcos”, para entender la magnitud del problema.
Su violencia ciega es irracional, refleja el punto cero de la convivencia política. En cualquier tiempo es insensata y absurda; por eso, la tardanza en capturar a los responsables se vuelve indignación que la sociedad condena.
El Estado tiene los medios de llegar a los perpetradores. Las estrategias basadas en la intimidación deben ser derrotadas. Los simpatizantes, a posteriori, con la barbarie, juegan a la justificación y, ante el repudio nacional, la condenan medrosamente, por su carácter bestial.
Hemos afirmado. “La matanza, cualquiera que sea, no puede legitimar ninguna causa, mucho menos contra la paz. Si detrás del fenómeno hay autores que niegan mediante el uso de la violencia las reglas del juego pactadas para la terminación del conflicto la vía que debe seguirse es militar. El terrorismo intimidatorio no puede ser ascendente ni progresivo, permitirlo es claudicar".
En estas perspectivas brutales condenar las posiciones del Cardenal Primado de Colombia, Monseñor Castro, es como haber condenado en el pasado la participación de Monseñor Silverio Buitrago, el Cardenal Pedro Rubiano Sáenz y Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo en los procesos de paz originados en el Cauca, que produjeron la desmovilización del M-19, el ‘Quintín Lame’, el PRT y fracciones del EPL. Sancionar la rectoría moral de la iglesia es tan explosivo como el estallido bogotano.
La muerte de Carlos Pizarro no la puso en duda la justicia y éste sí fue un coletazo desesperado de agentes del Estado que, infortunadamente, en contubernio con tenebrosas fuerzas, actuaron en contra del acuerdo final de la guerra con ese grupo insurgente que había calado en el alma nacional.
¿Cómo desconocer, también, que la muerte de los miembros de las Farc constituye un crimen de lesa humanidad contra quienes han dejado las armas?
La guerra, que no la hubo en Colombia, pero sí una violencia orgánica que no concitó el sentimiento nacional, ni se caracterizó por ser ‘guerra de movimientos y posiciones’, donde el secuestro, la emboscada, el homicidio fuera de combate, las ejecuciones extrajudiciales y la extorción fueron constantes fatales, llegó a su fin mediante un acuerdo altruista entre la guerrilla y el Estado.
Si el discurso pseudopacifista se escuda estratégicamente en el rechazo al espanto del terrorismo, hermanado con el pánico massmediático que se le infundió al ‘castro chavismo’, “acaba y vámonos”, la paz está perdida y los protagonistas de la farándula política pueden desde ahora darle un exitoso parte de guerra al ‘camarada’ Trump.
