La grave situación que aqueja a los habitantes de la costa caribe por el suministro de un deficiente servicio de energía eléctrica y una estructura tarifaria asfixiante no es de ahora, es algo que viene desde los tiempos de las primeras privatizaciones impuestas por el modelo neoliberal inaugurado en Colombia por César Gaviria Trujillo, que funge hoy como flamante socio del gobierno de Gustavo Petro.
Lo que sucede ahora es que el problema ha llegado a un extremo insoportable, gracias a las gabelas que el gobierno de Iván Duque les dio a las empresas Air-e y Afinia cuando les vendió la intervenida Electricaribe.
Aurelio Suárez, analista económico y panelista de Blu Radio, describe con detalles la historia de este atropello continuado contra el pueblo costeño y sus repercusiones actuales, en reciente columna titulada El Caribe, en pie, publicada en la revista Semana. Resumiendo lo que dice Aurelio, en 1997 el consorcio Houston Industries Inc.-
Electricidad de Caracas compró por 100 millones de dólares el 65% de las empresas distribuidoras de energía Electrocosta y Electrocaribe, que formaban parte de CORELCA.
En el año 2000 Electricaribe, subsidiaria de la española Unión Fenosa, compró estas empresas, y llegó hasta el 85% de las acciones; a partir de 2009, el consorcio Unión Fenosa-Naturgy se quedó con Electricaribe y dio comienzo a la etapa de mayor deterioro de este servicio coincidiendo con los peores indicadores de la empresa, que aumentó del 28% al 35% las pérdidas de electricidad, disminuyó el recaudo de cartera, la cual se trepó a 1,6 billones de pesos en 2015, incurrió en desvíos de cerca de 200.000 millones de pesos, de los dineros que el gobierno le entregaba la empresa para subsidiar el consumo de “áreas subnormales”, incumplió en cerca de 100.000 millones las inversiones que debía hacer en 2016, desarmó las redes de cobre para exportar este mineral a Europa y cobraba las más altas tarifas del servicio en Colombia.
El gobierno de Juan Manuel Santos intervino a Electricaribe y le inyectó inversiones por 442.365 millones, asumió pensiones de los trabajadores por 1,53 billones y recogió una cartera de 3,9 billones, todo ello, no para sanear la empresa, mejorar el servicio y corregir un régimen tarifario que ya golpeaba a los usuarios costeños, sino para hacerla más atractiva en su propósito de entregarla nuevamente al capital privado.
Culminó esta tarea el gobierno de Iván Duque, agregándole al regalo que Santos ofrecía a los privados un “régimen especial tarifario”, una tasa de ganancia del 12,09%, un precio de venta que era la décima parte de los activos de 6,5 billones, autorización para instalar los “contadores inteligentes” AMI y una facturación que ha venido aumentando en forma gradual, a la cual se le han colgado ítems que no tienen por qué pagar los usuarios, como las inversiones futuras y las pérdidas técnicas que se producen durante el transporte de la energía desde las generadoras hasta llegar a los usuarios.
Si a lo anterior se agrega el otro regalo de Duque a las empresas Air-e y Afinia, que terminaron quedándose con este lucrativo negocio, que consistió en entregarles la cartera de los usuarios con la extinguida Electricaribe para que incluyan su cobro en las facturas, el resultado no puede ser más nefasto para los habitantes de la costa caribe.
A nivel nacional la tarifa se ha elevado en un 27,3% en el último año, mientras que en la costa caribe esta alza ha sido del 43,4%, que resulta impagable para la mayoría de los hogares costeños.
Y frente al clamor del pueblo caribeño, que en todos los departamentos de la costa atlántica puso la mayoría de los votos para la elección de gustavo Petro, el nuevo gobierno solo toma medidas inanes como la de aceptar el llamado “pacto por la justicia tarifaria” celebrado por las empresas Air-e y Afinia, que resultan rebajando la tarifa en un ridículo 2,52%, permitiendo de esta forma que sean las empresas las que fijen las tarifas, mientras sigue hablando de su promesa de campaña de instalar paneles solares “para los pobres”.
Pero tal parece que la paciencia del pueblo caribeño se está agotando y ya comienzan a escucharse las voces inconformes, que van desde aquellas que manifiestan su “decepción” por no encontrar solución real al problema tarifario que hoy tiene a las personas de menores ingresos decidiendo si comen o pagan el servicio de energía, hasta quienes abiertamente pregonan que se equivocaron votando por Petro y hasta quienes lo acusan de haber traicionado al pueblo por aliarse con la vieja clase política para gobernar y por favorecer a empresas como Air-e y Afinia que desde hace dos años extorsionan al pueblo caribeño con sus tarifas escandalosas para la prestación de un pésimo servicio de energía.
El malestar de los costeños no solo se percibe entre los ciudadanos de a pie, los trabajadores comunes y corrientes que tiemblan con cada factura de energía que les llega; también se escuchan las voces de reclamo al gobierno nacional por parte de los comerciantes y empresarios de todos los niveles, los gremios y hasta la Iglesia Católica cuyos jerarcas firman los pronunciamientos públicos de inconformidad con la situación que padecemos los usuarios, que somos todos los habitantes de los siete departamentos sometidos al llamado “régimen tarifario especial”.
Recientemente se constituyó en Riohacha, en una reunión sin precedentes a la que acudieron, desde los siete departamentos caribeños, representantes de todos los gremios económicos, de la academia y las universidades, de los trabajadores y las asociaciones comunales, de los indígenas y el pueblo afro, de las juventudes y de las mujeres, de los obispos y los párrocos, el Frente Amplio de Usuarios de los Servicios Públicos del Caribe, la organización más amplia de que se tenga noticia en materia de unidad con un solo propósito, alejado de posturas partidistas, de diferencias raciales, religiosas, de género o de clase, defender los derechos de los ciudadanos de esta región colombiana frente a la prestación de los servicios públicos, que muchas veces son vulnerados por las empresas encargadas de suministrarlos o por las autoridades y entidades gubernamentales que tienen a su cargo velar por los derechos de los ciudadanos.
Luego de desarrollar varias acciones encaminadas a buscar solución al problema de la energía eléctrica de los habitantes del Caribe, tales como diálogos con la ministra de Energía Irene Vélez, el Superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga, y reuniones con diversos sectores que tienen relación con esta situación, el Frente Amplio de Usuarios ha mantenido la convocatoria a una GRAN MOVILIZACIÓN el día miércoles 9 de noviembre en todas las capitales y poblaciones principales de la costa caribe, para exigir al gobierno nacional que: 1. derogue el régimen tarifario especial de energía eléctrica que rige para esta región y 2. convoque una mesa de concertación con los sectores afectados con la situación tarifaria y las empresas prestadoras del servicio.
