La ciudadanía de Costa Rica nos dio nos una lección republicana al votar mayoritariamente (60, 66 %) contra la nueva amenaza que se cierne sobre las democracias en Latinoamérica: el fundamentalismo religioso en su versión evangélica que, no obstante, demostró con el 39,34 % de los votos obtenidos en la segunda vuelta electoral del 1° de abril mantenerse como riesgo latente.
Nueva amenaza desde que el continente ha conocido en los siglos XX y XXI casi todos los intentos antidemocráticos: dictaduras de derecha y de izquierda, golpes militares fascistas y nacionalistas; líderes populistas y, décadas después, lideres neopopulistas; y, últimamente, supuestos progresistas devenidos en corruptos favorecedores de sus entornos familiares y partidarios.
Ahora el turno es para estas organizaciones económicas que recaudan dinero y votos con base a la extorsión y manipulación de los sectores más vulnerables. Para ello encuadran genocidas, como el guatemalteco Ríos Montt; corruptos como cualquier partido político; y si es necesario, violentan la legalidad, como quedó demostrado en las elecciones ticas: el candidato derrotado Fabricio Alvarado mediante un mensaje de audio conminó a unos 300 pastores evangélicos a que exhortaran a sus feligreses de todo el país a que le votaran, algo expresamente prohibido por la constitución de ese país.
Lo anterior explica su triunfo en primera vuelta, sumado a otros factores: la dispersión de la oferta electoral del sistema político costarricense, la abstención de un 37 % del electorado y el desencanto ciudadano con el Partido de Acción Ciudadana (PAC) fundado en el 2000 para renovar la política costarricense y que gobernó los últimos cuatro años.
Este último factor determinó el castigo en la primera vuelta al candidato oficialista hoy presidente electo, Carlos Alvarado quedó tres puntos por debajo del pastor candidato y obtuvo solamente 10 bancas del total de 57, cuando el PAC llegó a tener 17, y también es la advertencia cívica que los ticos le hacen para el período que se inicia: el “cementazo” no puede reiterarse. Alude a un préstamo millonario del Banco de Costa Rica a una importadora de cemento chino que ambientó una red de influencias entre políticos y empresarios privados.
Están frescos en los ticos memoriosos los hechos de 2004 cuando, en una semana, dos expresidentes del conservador Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rafael A. Calderón (1990 - 19194) y Miguel A. Rodríguez (1998 -2002), fueron encerrados en celdas contiguas de la prisión de La Reforma por delitos de corrupción. Difícilmente olviden los costarricenses la vergüenza de que Rodríguez —creador en el país del estatuto ético del funcionario público— ya ejerciendo como secretario general del a OEA, subiera en Washington a un avión de TACA y bajara esposado en el aeropuerto Juan Santamaría, de Alajuela. A estos hechos se suman las acusaciones que en esos años hubo contra el expresidente liberal José Figueres (1994 – 1998) involucrado en el caso Alcatel.
El triunfo de Carlos Alvarado es una victoria del centro del espectro político costarricense. Es el triunfo de una generación joven que vio amenazados sus derechos humanos de segunda y tercera generación; es el triunfo de las alianzas hoy electorales, y que si no se concretan programáticamente, será más de lo mismo. Es un triunfo del voto de la mujer que está representada en Epsy Campbell primera vicepresidenta latinoamericana negra, exlegisladora, economista y autora de varios libros. Es el triunfo de “una nueva República incluyente” como ella misma lo ha dicho horas después de la victoria.
Además, es la reducción del abstencionismo en la segunda vuelta: bajó a un 33%, cuando en el balotaje de 2014 había registrado un 43,5%.
En la noche del triunfo Alvarado, consciente de su debilidad parlamentaria, tendió la mano a todos los partidos y su discurso tuvo un talante suprapartidario, con palabras que suenan nuevas en el desgastado lenguaje de líderes latinoamericanos cuando las refrenda con su primer anuncio: casi la mitad de los puestos del próximo gabinete fueron ofrecidos a los demás partidos como forma de lograr el gobierno de unidad nacional que propuso. Para ello será obligatorio que los partidos suscriban una agenda de temas legislativos, los cuales deberán aprobar y no obstaculizar.
Son seis partidos que tendrán representación en la próxima Asamblea Legislativa: Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN), Restauración Nacional (PRN), Frente Amplio (FA) y Republicano Socialcristiano.
La primera señal en materia de reducción del déficit fiscal – uno de los serios problemas a enfrentar desde que el 2017 cerró con 6,2% del PBI - sería lo aprobado el martes 3 en comisión legislativa: subir de 15% a 20% los impuestos a salarios superiores a 2,1 millones de colones (USD 3.500) y a las jubilaciones de lujo.
Credenciales. La democracia costarricense no es una realidad nueva en el escenario regional. Hace 40 años el istmo centroamericano era un tema de debate y controversia en muchos países. Tras el derrocamiento de Anastasio Somoza en Nicaragua el 17 de julio de 1979, tuvo lugar el golpe militar en Guatemala —el 15 de octubre de 1979— y se desató la guerra abierta entre la guerrilla y el régimen de El Salvador. Se sumó la guerra llevada adelante por la “contra” nicaragüense apoyada por la administración Reagan contra el gobierno sandinista.
Surgieron instancias multinacionales para encontrar una solución pacífica estos conflictos que amenazaban con convertir toda Centroamérica en un campo de batalla. El Grupo Contadora, así llamado porque se reunió por primera vez en 1983 en esa isla panameña, formado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, fue una iniciativa que no logró la paz. Como también fue infructuosa la gestión del Grupo de Lima formado en apoyo a Contadora por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.
Entonces terció Costa Rica. Fue en agosto de 1987 que el tratado de paz denominado Esquipulas II tuvo resultados, que, si bien se demoraron una década en ser definitivos, neutralizaron la guerra y fomentaron la convivencia y coexistencia pacífica entre los cinco estados.
El liberal Oscar Arias, entonces presidente de Costa Rica (1986 – 1990), fue fundamental en viabilizar ese plan regional que impulsó la solución pacífica para el conflicto nicaragüense y para la pacificación de toda Centroamérica. Cierto es que Esquipulas II también contó con el concurso del demócrata cristiano Vinicio Cerezo, primer presidente civil de Guatemala ese país (1986-1991) en veinte años, pero en Arias tuvo la conducción.
Esquipulas II fue decisivo en el fortalecimiento de la democracia política, la desmilitarización del Estado y la sociedad y la búsqueda de la reconciliación nacional en el istmo.
La tarea pacifista del costarricense a quien en reconocimiento a su obra regional le otorgaron el Nobel de la Paz en 1987, continuó desarrollando la difusión de la democracia, la práctica del desarme —que su país ejemplifica desde 1948 con la disolución de las Fuerzas Armadas— a través de la Fundación Arias para la Paz, siendo premiado también con otras distinciones entre las que se destaca el Premio Príncipe de Asturias en 1988, y con el voto ciudadano para una segunda presidencia entre 2006 y 2010.
Por todo esto es que hay que mirar a Costa Rica y aprender de su ciudadanía y, por ahora, de su flamante presidente Alvarado. No solamente por el bien de los ticos, sino por la urgente necesidad de que surjan reales líderes latinoamericanos capaces de unir a sus conciudadanos gobernando para todos, y no menos importante, que contagien en la región donde hemos sufrido el discurso confrontacional generador de profundas fracturas sociales, emitido desde las primeras magistraturas por quienes siguen siendo líderes de su facción, antes que presidentes de la nación, y que por si fuera poco, en varios casos defraudaron las expectativas de propios y ajenos.
