El economista antisistema Rodrigo Chaves (61), que cuenta solo con diez legisladores en la Asamblea Legislativa, ganó en segunda vuelta la presidencia de Costa Rica, con el 52,9 % de los votos. Su contendor, el socialdemócrata José María Figueres, del tradicional Partido Liberación Nacional (LN), expresidente (1994-1998), alcanzó un 47,1 % y en la noche del 3 de abril se comprometió a colaborar con el triunfador.
El Partido del Progreso Social Democrático (PSD) de Chaves había obtenido un 16,78 % de los votos en la primera vuelta del 6 de febrero de 2022. Figueres —cuestionado por antiguos hechos de corrupción que nunca llegaron a la Justicia—, había alcanzado un 27, 28 % de los votos y 19 diputados de las 57 bancas que componen el Parlamento. Conocidos los resultados, manifestó aceptar la convocatoria realizada por Chaves a trabajar juntos durante los próximos cuatro años.
El presidente electo, consciente de su escaso apoyo parlamentario, inmediatamente después del domingo 3 anunció que la excandidata del Partido Unidos Podemos, liberal, Natalia Días, integrará su gabinete. Durante la campaña electoral anunció que si el Parlamento le dificultaba sus proyectos apelaría a la vía del referéndum, lo que suscitó críticas, entre ellas la del expresidente de la Asamblea Legislativa Carlos R. Benavidez: “Pretender gobernar por referéndum es ilusorio, inviable y jurídicamente imposible. Solo se explica por a) un deseo de gobernar de forma anti-democrática, b) peligrosa ignorancia, c) el objetivo expreso de engañar a la gente d) una mezcla de a) con b) o a) con c” .
La abstención ciudadana en el balotaje fue de 42,85, % confirmatoria del desencanto que provocó en los electores las opciones que dejó la primera vuelta. En su discurso de triunfo Chaves dijo que el abstencionismo es «el partido político más grande de Costa Rica». El cuerpo electoral se compone de 3,5 millones de electores.
En 2018, el abstencionismo fue de 32,97 %, diez puntos menos que en 2014, en que trepo al 43,5 %.
Costa Rica lleva 75 años de democracia ininterrumpida y en Latinoamérica es uno de los ejemplos ya clásicos en materia de estabilidad, integración social, e Índice de Desarrollo Humano (IDH), según los parámetros de diferentes organismos internacionales.
Lo anterior no quita que existan problemas sociales y económicos y que 383.500 personas, un 23 % de la población tica —como se la denomina coloquialmente— viva en la pobreza y en pobreza extrema subsista un 6,3 de los hogares (104.500 personas). En otro plano, el incremento de acciones del crimen organizado registra episodios de sicariato con ejecuciones y hasta masacres, —como la ocurrida en octubre 2021 en una finca en Llano Bonito de Buenos Aires de Puntarenas, en la zona sur del país— reveladoras de una pérdida de la seguridad que otrora fue proverbial en este país beneficiado por la naturaleza, con bondades ecológicas, beneficiado por el turismo y buen receptor de jubilados del Primer Mundo.
Narcotráfico y política
En noviembre de 2021, el diputado Luis Ramón Carranza, del Partido de Acción Ciudadana (PAC) que deja el gobierno dijo que el país podría elegir como presidente a alguien que sea «representante de un cartel del narcotráfico», porque entendía que el Congreso costarricense no quería investigar la penetración del narcotráfico en la política nacional luego de haberse denunciado un caso (Azteca) que involucró a un candidato a diputado por el Partido Restauración Nacional.
En mayo de 2021, el periódico La Nación de San José informaba que «dos detenidos y un investigado por caso narco registran más de 30 visitas a 13 oficinas de diputados de la Asamblea Legislativa. La visita más reciente se registró el lunes de esta semana al diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana», de centro derecha.
Región convulsa
A lo que se suma un barrio especialmente convulso: Nicaragua con una dictadura feroz que expulsa ciudadanos cuyo destino inicial es el vecino Costa Rica. El Salvador donde el presidente Nayib Bukele se ha calzado las botas de siete leguas para caminar sobre la institucionalidad y los DH, hasta llegar a un autoritarismo que alarma a Amnistía Internacional y otras instituciones de defensa de los DH. Honduras, con un pasado reciente de violencia electoral —durante la campaña de noviembre 2021 en que fue electa presidenta la izquierdista Xiomara Castro, casi 30 candidatos, activistas políticos y miembros de sus familias fueron asesinados en el periodo previo a las elecciones—; y un presente en el que debe lidiar con crimen organizado de alto grado: el mero presidente Juan O. Hernández, acusado de narcotraficante, está ad portas de ser extraditado a EE. UU. Y Guatemala, donde quienes investigan y juzgan la corrupción— jueces y fiscales— deben exiliarse, y en 2018, se le impidió el ingreso al país al representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que había encabezado la misión especial de lucha contra la corrupción: el prestigioso magistrado colombiano Iván Velásquez Gómez. 16 defensores de DH fueron asesinados en 2016, y seis ultimados en 2017, según denuncia del Parlamento Europeo del 16.02.17. Guatemala presentó en 2021/22 de nuevo el cuarto mayor índice del mundo de homicidios per cápita de personas defensoras de la tierra y el medioambiente; según la ONG Global Witness. En 2020 habían muerto de forma violenta 13 personas.
En 2020 habían muerto de forma violenta 13 personas, según Amnistía internacional.
En marzo 2021, la Comisión Interamericana de DH (CIDH) ha urgido «al Estado de Guatemala garantizar la independencia judicial de las y los operadores de justicia».
Recién llegado
Sin enfrentar un escenario tan desprovisto de legisladores propios como el que sufre el presidente Pedro Castillo de Perú, Chaves, de centroderecha —considerado un «outsider» por la clase política— cuenta con pocos legisladores propios que parecieran no tener definido un programa para gobernar. Su partido creado en 2018 es relativamente desconocido en Costa Rica. En julio de 2021 Chaves, exministro de Hacienda del actual presidente Carlos Alvarado, anunció su candidatura. La financiación de su campaña electoral ha presentado puntos no claros que motivaron la investigación de la Fiscalía anticorrupción.
Señalado como acosador sexual en su trabajo del Banco Mundial, en 2019 fue sancionado internamente por esa institución. Dos profesionales «junior» del Banco, quienes eran subalternas de Chaves, lo denunciaron por comportamientos inapropiados, cuando ellas tenían 22 y 24 años respectivamente. Chaves ha descalificado esas denuncias que ubicó en el terreno de un «malentendido».
El 8 de marzo de 2022 hubo protestas contra su candidatura protagonizada por colectivos de mujeres. En la primera vuelta de las elecciones se registró la mayor representación femenina en la Asamblea Legislativa (47 %) en la historia del país
