A través de esta carta Archila respondió a las inquietudes del procurador sobre la implementación de los acuerdos y la reincorporación de los excombatientes de las Farc. Además, aprovechó para hacer un corte de cuentas de lo que dejó el gobierno saliente en esta materia
Este es el texto:
Fernando Carrillo Flórez
Procurador General
Procuraduría General de la Nación Carrera 5 N° 15 – 80
Bogotá, D.C.
Estimado Señor Procurador:
El Gobierno Nacional recibe con agradecimiento el apoyo de la Procuraduría General de la Nación al proceso de implementación del Acuerdo Final entre el Estado y las Farc.
Agradecemos, en esa dirección, el llamado de atención que ese Ministerio Público le hace a los exmiembros de las Farc ya que, en voz de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, “en las últimas semanas seis dirigentes de cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR y de un Nuevo Punto de Reagrupamiento en el suroriente del país tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1,500 excombatientes que residen allí”.
Conocemos el tema ya que de manera permanente hacemos seguimiento de esas situaciones, como se desprende del cuadro completo adjunto (anexo 1) pero obviamente, desconocemos las razones por las cuales ello puede haber sucedido y no implica, en lo que hace a este Gobierno, que haya fragilidad en nuestra decisión de paz. Recordará usted, señor Procurador que, por el contrario, hace días solamente, el Presidente de los colombianos pidió formalmente que el acompañamiento de la ONU se prolongara a las etapas que siguen.
El Presidente de la República también ha sido claro sobre los aspectos que no comparte de la justicia transicional y, a esos propósitos puso a consideración del país y del Congreso, los cambios constitucionales correspondientes. Esas propuestas no afectan el proceso en que vienen avanzando los excombatientes que fueron ahora abandonados por sus antiguos líderes.
No hay ninguna fragilidad en la voluntad del Gobierno para que se obtenga la estabilización de las regiones más afectadas por la violencia, ni para que los excombatientes que confiaron en el Estado tengan todo el apoyo que necesitan para que sigan la ruta que escojan y vuelvan a ser parte de la sociedad civil colombiana.
Pero, en lo que hace a las Farc, la otra parte firmante, creemos, igual que usted, que es imperioso que “… esos dirigentes de las Farc demuestren con hechos su voluntad de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación’ como es el mandato de los Acuerdos” y, más allá, hacemos propias sus palabras sobre que “[e]s equivocada la estrategia de silencio de esos seis líderes reincorporados, que contribuye a minar la confianza nacional e internacional en la paz”. Esperamos que cambien su estrategia y hagan explícita su voluntad de cumplir su cuota.
Sea entonces el momento para compartir con usted y con el país, la necesidad de enmendar las deficiencias con que se recibió la implementación de parte de la administración anterior.
Esas deficiencias que hemos heredado son significativas en muchos frentes. Pero, para concentrarnos en lo que es hoy su preocupación, respecto de los excombatientes resaltamos, tal como lo indicó en parte la Contraloría General de la República (anexo 2): (i) el precario estado de las instalaciones de los ETCRs y la ausencia de previsiones básicas de suministro y mantenimientos; (ii) la desarticulación de las gestiones estatales y la ausencia de planeación jurídica respecto de los inmuebles ocupados; (iii) la increíble suposición de que se lograría culminar el proceso en 2.5 años; (iv) la carencia de recursos en general, pero en particular para soportar los proyectos productivos, así como la mala e inoportuna asistencia técnica prestada; (v) lo inadecuado de la capacitación que se brindó; y (vi) la precariedad de la estructuración financiera y comercial de los proyectos productivos.
Obviamente, esta administración ya está trabajando en todos esos frentes. En lo que hace a las intervenciones físicas urgentes ya tenemos una matriz de necesidades (anexo 3 y anexo 4 sobre el ETCR Miravalle, foco de la situación que alertó a esa Procuraduría) que serán atendidas, en la medida de las capacidades financieras, una vez obtenida la aprobación de los recursos necesarios por parte del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz que sesionará la semana del 17 de septiembre.
Para el mediano plazo, esta Alta Consejería ha recibido directrices del Presidente para que, durante lo que queda de 2018, analicemos la manera como cada uno de los ETCRs ha evolucionado y cuáles son las expectativas de los excombatientes, de modo que, a mediados del año entrante, cuando se habrá de tomar una decisión definitiva sobre cada uno de esos Espacios y sus gentes, estemos preparados para ello, en el marco del CONPES 3931 que usted referencia. En esa tarea ya estamos empeñados, bajo la coordinación de este Despacho.
Ahora, durante la semana que está empezando se designarán los miembros del Gobierno para la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). En correspondencia, esperamos que, por parte de los excombatientes se presenten, como usted lo pide, muestras fehacientes de su voluntad de “… permanecer fieles al cumplimiento de lo acordado y evitar los mensajes de desintegración que confunden al país.”
Finalmente, señor Procurador, agradecemos el apoyo que desde su Despacho se le ha dado al liderazgo que el Presidente ha mostrado al coordinar todas las acciones de las muchas instancias del Estado que se han precisado para la protección de los líderes sociales. Esa convicción de su crítico papel inspiró al Presidente Duque al haberlo acompañado a usted en la Mesa por la Vida de Apartadó. Y, en nombre de él le reitero que, para complementar las múltiples acciones que ya se implementaron para mejorar la protección, durante septiembre de este año se dará el relanzamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y de la Política Pública que unirá los esfuerzos de todas las entidades con competencias en el tema, incluida esa Procuraduría.
Del señor procurador general, con todo aprecio,
Emilio José Archila Peñalosa
Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto
