Uno de los requisitos para que el gobierno pudiera volver a fumigar los cultivos ilícitos con glifosato era tener un Plan de Manejo Ambiental. Dicho plan fue entregado por la ANLA en abril de 2021, sin embargo, no contó con la suficiente difusión entre las comunidades que se pueden ver afectadas por las fumigaciones y aspersiones. Y es que la ANLA adelantó las socializaciones en plena pandemia del Covid-19, por lo que realizó reuniones semipresenciales pero se apoyó principalmente en audiencias virtuales que trasmitió por sus redes sociales.
A la Corte Constitucional llegó una tutela que pedía revisar el plan de manejo ambiental, pero sobre todo garantizar el derecho a la información, pues en el país son muy pocas personas en las regiones que tienen acceso a internet de banda ancha. Según el DANE, en el país solo el 52.7% de los colombianos tiene conexión a internet, y de esa cifra, únicamente el 16,2% tiene conexión en centros poblados y rural disperso. Así lo señala la sentencia que tuvo como ponente a la magistrada Cristina Pardo.
En marzo de 2020 el Ministerio del Interior expidió una resolución en la que negó la consulta previa a las comunidades que podrían verse afectadas por las aspersiones en 104 municipios del país. Sin embargo, la Corte Constitucional exigió que este proceso se lleve a cabo, no solo como una mera notificación de los planes de erradicación de cultivos ilícitos, sino como un proceso en el que la decisión sea consensuada y tomada en conjunto con las comunidades indígenas, campesinas, afro o raizales.
El presidente Iván Duque en 2018 prometió que las aspersiones con glifosato regresarían en su gobierno, pero nunca cumplió con los requisitos que puso la Corte Constitucional.
Puede consultar la sentencia aquí:
