La situación en la cárcel de Villavicencio se desbordó y los contagios por COVID-19 cada día aumentan de manera alarmante. Ya son 679 los presos enfermos, es decir, más del 30% de todo el penal. Por tal razón, la Corte Constitucional decidió intervenir y salir en defensa de la salud de los reclusos, que duermen unos encima de otros y no tienen las condiciones mínimas para ser atendidos debidamente.
La Corte le dio tres semanas al INPEC para que tome acciones. Y la orden es clara: el director de la cárcel de Villavicencio, el capital Miguel Ángel Rodríguez, deberá entregar una lista en la que indique cuántos de los presos todavía no han sido condenados, cuántos han cumplido el 40% de la pena, cuántos han cumplido con las 3/5 partes de su condena y cuántos son mayores de 60 años que además padecen enfermedades graves.
Esa información deberá ser entregada a la Corte, a la Defensoría y a los jueces que deberán agilizar el trámite para otorgar la libertad de aquellos que cumplan con los requisitos de la ley y el decreto de excarcelación firmado hace 23 días. El decreto ha sido poco eficinete y solo han salido poco más de 300 reclusos en todo el país. Y la cárcel de Villaviencio, donde hay tantos contagiados, pide acciones inmediatas, teniendo en cuenta que el hacinamiento en el penal es del 98%.
