La decisión de la Corte Constitucional de moderar la rapidez del Fast Track pone en una situación extremadamente compleja la implementación legislativa del Acuerdo Final. El impacto inclusive es más negativo para el Acuerdo que la victoria del NO en el plebiscito. Ad portas de solicitar una prórroga para que el procedimiento especial vaya hasta octubre el tiempo se vuelve más valioso y la agenda presupuestada por el gobierno y las Farc ya debe priorizar los proyectos más estructurales. Al tumbar los numerales H y J que permitían la votación en bloque y la solicitud de un aval previo para modificar los textos de iniciativa exclusiva del gobierno la Corte coge desprevenido al mundo político y jurídico en el país. Su decisión tumba parte del corazón del Acto legislativo para la paz y anticipa acalorados debates para las próximas semanas.
El balance al Fast Track se puede considerar sobresaliente. Desde su activación en noviembre de 2016 se han expedido tres actos legislativos (JEP, Seguridad jurídica y Reincorporación política) y tres leyes (Amnistía, Derecho a réplica a Voces de Paz y Estatuto de la oposición). Hay otros tres actos legislativos en el horno (Regalías, Reforma política y Circunscripciones especiales) y dos leyes ordinarias en comisión quinta (Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Adecuación de tierras). Se podría pensar que el balance es positivo, por lo general, la expedición de un Acto legislativo le puede tomar al congreso un año y en menos de seis meses, gracias al ajuste en el procedimiento permitido por el Fast Track, han salido tres. Sin embargo, al analizar la línea de implementación legislativa acordada en el punto 6 del Acuerdo y la cantidad proyectos que hacen fila (sin contar los que faltan por llegar) el panorama se torna inquietante.
Posiblemente lo que ha dificultado el procedimiento sean las prácticas regulares de los congresistas para presionar: desbaratar el quórum, salirse del recinto o solicitar audiencias para “dilatar” los debates y que el gobierno ceda a presiones particulares. Eso quedó claro con la actitud de la bancada de Cambio Radical en la expedición del Acto legislativo de la JEP. Asimismo, se evidencia un preocupante estancamiento en los proyectos que tienen que ver con el punto de Reforma Rural Integral porque de los dos que han sido radicados solo a uno se le ha dado primer debate. ¿Qué pasa con la Reforma Rural Integral? Este es el punto que menos avances ha tenido en su etapa de implementación legislativa. En ese sentido, la sentencia de la Corte que tumba la votación en bloque y la solicitud de aval al gobierno puede ralentizar tanto la implementación que lleva a concluir que sí el gobierno no le mete el acelerador a esto el Acuerdo podría quedar estancado.
Por ejemplo, el proyecto de Innovación Agropecuaria tiene 46 artículos, con la nueva disposición se debe votar artículo por artículo y si hay modificaciones estas se tienen que someter a votación. Con el Fast Track los congresistas podían votar en bloque y las modificaciones quedaban amarrada a la posición del gobierno en las plenarias. Esto del aval previo afecta especialmente a las Farc porque de facto los convirtió en legisladores en tanto que en la CSIVI (Comisión de seguimiento donde tiene tres delegados) también decidían sobre su viabilidad.
Ahora, su función se reducirá a diseñar los proyectos con el gobierno y cruzar los dedos para que el congreso no modifique mucho de lo pactado. Si el Fast Track no avanza con rapidez las Farc podrían alegar que les están incumpliendo y que las reglas del juego les fueron cambiadas. Nada más alejado de la realidad. Deben entender que no es la primera vez que las altas cortes le cambian las reglas de juego a los presidentes en su búsqueda de la “paz”; ya le pasó a Uribe cuando las cortes le cambiaron su proyecto inicial de justicia y paz. Así van comprendiendo lo que significa la vida institucional en la legalidad.
No creo que sea una mala señal de la Corte Constitucional al proceso o una estocada final al Acuerdo. La Corte en su autonomía ha proferido sentencias que han salvado al país de la perpetuación de un presidente en el poder o frenado ideas radicales como las contenidas en el fallido estatuto antiterrorista del mismo presidente. Ahora se pronuncia sobre un tema de trascendía nacional en defensa del principio de división de poderes y la potestad configuradora del legislativo. Argumentos muy válidos. No todo se vale argumentando la excepcionalidad de la paz. Ya depende del congreso asumir una voluntad de impulso y al gobierno propiciar consensos partidistas en torno a la implementación. ¿Lo logrará? En un gobierno tan desgastado e impopular y en pleno año pre-electoral lo dudo bastante. Afortunadamente, el conflicto con las Farc ya cesó. Por encima de todo, ese es el logro histórico.
