La pelea de vieja data entre Peñalosa y Petro refleja dos modelos políticos antagónicos en su visión política y económica del estado. Pero hay un elemento que los identifica, que los hace iguales.
Una vocera y exfuncionaria del peñalosismo afirmó en una emisora radial, tratando de deslegitimar las propuestas económicas de Petro, que este vínculo a la secretaria de integración social, cuando fue alcalde de Bogotá, a 13.000 contratistas de prestación de servicios, que nunca fueron a trabajar y recibían sus pagos sin ningún reparo.
Lo dicho por esta señora no es nada nuevo, todos los alcaldes de la ciudad en los últimos 30 años han acudido a esa figura de los contratistas para pagar los favores a sus clientelas, y la izquierda no se ha diferenciado, ni siquiera Claudia López, que ganó con la promesa de acabar con ese vicio, que es una falta disciplinaria, fiscal y hasta penal.
Llama la atención es que la exfuncionaria de Peñalosa, por ser Petro al que denuncia, le parece lo peor, y especialmente porque no iban a trabajar esos 13.000 contratistas, (y que deben de ser miles y miles de otras entidades públicas distritales que no menciona) y cobraban. En su ansiedad por la denuncia omite advertir que los contratistas no tienen la obligación de asistir a sus sedes de trabajo todos los días.
Pero lo más sorprendente es que no dice que en la Alcaldía de Peñalosa ese mismo volumen de contratistas continuó, pero que para la exfuncionaria no es escandaloso porque ellos sí iban a trabajar.
Realmente es increíble cómo esta forma de vinculación laboral se volvió la regla general, cuando debe ser la excepción por ley, y no pasa nada. Los organismos de control han permanecido sordos y mudos ante esa realidad administrativa y el servicio civil distrital y la función pública nacional unos pintados en la pared institucional. Y los sindicatos con la retorica cómplice del trabajo decente.
Este panorama parece no va a cambiar de las instituciones públicas del Estado si se observa con detenimiento que ninguno de los tres candidatos presidenciales toca el punto.
Es como la aceptación tácita de una realidad inmutable del oxígeno necesario del cual alimentan a sus electores.
Siendo el clientelismo del empleo público la fuente de la corrupción parece ser un tema secundario para los candidatos.
Ni una propuesta para democratizar el empleo público y la implementación de mecanismos meritocraticos para su vinculación de forma vertical, es decir, desde los contratistas de prestación de servicios hasta los directivos y gerentes de las entidades y empresas públicas del estado.
Fukuyama lo ha señalado en sus escritos sobre la administración pública: si no hay meritocracia en las formas de vinculación del empleo público para que ingresen los mejores al Estado, estos seguirán siendo países subdesarrollados.
