Existe un vínculo entre corrupción y la vulneración de los derechos humanos: el 59% de los hechos de corrupción afectaron derechos económicos, sociales y culturales, el 39% derechos civiles y políticos, y el 2% derechos colectivos y del medio ambiente.
Así lo revela el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, una plataforma de curaduría de información, investigación y seguimiento del fenómeno de la corrupción en nuestro país, que presentó su más reciente informe “Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018”.
Los derechos económicos, sociales y culturales se asocian con el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, al agua potable y servicios públicos de calidad, al deporte y a la cultura, principalmente. De todos ellos, los más afectados fueron los derechos a la educación (28 %) y a la salud (23%).
La corrupción viola los derechos humanos
En cuanto a los derechos fundamentales, civiles y políticos, el 39 % de los casos identificados afectó el derecho a la vida, a la igualdad, la seguridad, la libertad de expresión, de culto, de acceso a la propiedad privada, de asociación y movilización, de acceso a la justicia y de derechos de participación en la vida civil y política del Estado.
Por último, el 2 % corresponde a las afectaciones de los derechos colectivos y del medio ambiente, y el uso adecuado de los recursos naturales.
En ese sentido, resulta preocupante el impacto cada vez mayor que tiene la corrupción en el goce efectivo de derechos humanos fundamentales y los datos obtenidos en el informe así lo demuestran: servicios de salud que dejan de prestarse, escuelas públicas que no terminan de construirse, proyectos de vivienda que terminan beneficiando a terceros y particulares, escenarios deportivos que culminan en “elefantes blancos”, son el reflejo y símbolo evidente de la corrupción y el grado de afectación que genera en la sociedad.
Algunos casos reseñados
Por ejemplo, el derecho a la educación se violó en 2009, cuando la gobernación de La Guajira suscribió un contrato con el objeto de construir y mejorar la infraestructura de 42 megacolegios, pero éstos al final nunca fueron entregados.
En Casanare, por falsificación de documentos y apropiación de recursos, varios funcionarios de la gobernación se vieron involucrados en irregularidades en un contrato también de megacolegios en el municipio de Paz de Ariporo.
En cuanto al derecho a la salud, no debe olvidarse un caso como el desfalco de la EPS Saludcoop, una de las más grandes del país. Por gastos en viajes familiares y fuera de lugar, esta entidad prestadora de servicios de salud fue liquidada en 2016 por desviar recursos de la salud para otros propósitos.
Esto afectó a miles de afiliados que padecieron fallas en el servicio o no fueron atendidos.
‘El cartel de la hemofilia’, un caso emblemático
Como lo registra el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, en 2013, año en que Alejandro Lyons ejercía como gobernador del departamento de Córdoba (2012- 2015), empezó lo que hoy en día se conoce como el Cartel de la Hemofilia, una organización dedicada a pagar los servicios médicos prestados a pacientes falsos de hemofilia, presentando diagnósticos y resultados de laboratorio falsos, en la que participaron auditores médicos, secretarios de salud y dueños de los entes prestadores de servicios de salud.
Antes de acabar su periodo de gobierno, Lyons acordó con Edwin Besaile, quien se presentó como candidato a la gobernación el periodo 2016-2019, continuar con el Cartel de la Hemofilia a cambio de la financiación de su campaña.
El trato se realizó con la participación del hermano de Edwin, el senador Musa Besaile (2014-2018). Siendo así, Alejandro Lyons entregó a Edwin Besaile la suma de $ 2 100 millones de pesos en efectivo procedente de regalías de salud (FGN, 2018), mientras que el exsenador Musa firmó dos letras de cambio en blanco por más de $ 4 000 millones.
Edwin Besaile resultó electo. La Fiscalía General de la Nación aseguró que los compromisos que pactaron iban desde garantizar cuotas burocráticas hasta la continuidad en la obtención de comisiones ilegales a partir de recursos que ingresaban al departamento por regalías y por los pacientes de hemofilia.
En el caso del Cartel de la Hemofilia se destacan una serie de irregularidades que iban desde alteraciones en los sistemas internos de las instituciones, hasta el soborno a funcionarios de todos los niveles para participar de este desfalco al presupuesto de la salud.
Esta modalidad se replicó en otros departamentos como Sucre, Bolívar y Putumayo, pero también se usó en casos asociados a falsos enfermos de Sida y falsos enfermos mentales.
Algunas conclusiones del informe
Dentro del total de actores vinculados a hechos de corrupción, se evidencia que el 39% fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular. De estas últimas, el 41% fueron Concejales y el 40% Alcaldes, seguidos por Gobernadores (10%), Diputados (7%) y Senadores (2%).
La Corrupción Administrativa (73%), que corresponde al manejo inadecuado de los fondos y potestades públicas por parte de funcionarios públicos, obtuvo el mayor número de hechos de corrupción identificados en este registro, seguida por corrupción privada (9 %) y corrupción judicial (7%).
De los hechos asociados a la corrupción administrativa, los procesos de contratación pública (46%) continúan siendo el principal problema.
El informe Monitor identificó, entre enero de 2016 y julio de 2018, el 327 hechos de corrupción reportados por 46 medios de prensa nacional, esta información fue ampliada y confirmada con boletines oficiales de órganos de control en los 32 departamentos del país.
