La corrupción política es la acción de corromper, descomponer, dañar, utilizar mal y en beneficio propio lo que es común. Por esta razón, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, mediante resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, aprobó la convención contra la corrupción, tras reconocer que esta es “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
Además, es un fenómeno maligno que invalida los resultados económicos, debilita las instituciones democráticas, “perturba el orden social y destruye la confianza pública, permitiendo que prosperen la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana” (Kofi Annan). El corruptus es el individuo que corrompe, destruye y descompone lo que es saludable en perjuicio del beneficio público, es el que sustrae los bienes materiales y carece de respeto por el bien común.
Ahora bien, la corrupción es más perjudicial para quienes padecen los efectos nocivos de la desigualdad material, ya que impide la realización de los derechos humanos, afecta la vida cotidiana de muchas maneras diferentes, permite que las mafias se incrusten en las instituciones y mata de manera silenciosa. Hace doscientos años hubo un primer hecho relevante: Colombia fue el primer país de América en contraer un empréstito con Londres y envió a un funcionario a traer el dinero, pero este dispuso de buena parte para su uso personal, provocando un faltante que sirvió de excusa para trabajadores, campesinos, esclavos del campo y de la ciudad fueran reclutados para una guerra en la que se perdieron las vidas que servían para el trabajo (Bonilla, H. U.N. Colombia: 200 años de deuda externa).
Vivir de la corrupción se convirtió en un fenómeno endémico, que se reproduce a diario. Con corrupción cercenaron al país y vendieron a Panamá y con parte del pago construyeron ferrocarriles que después también vendieron. El país se acostumbró a oír de préstamos y cuentas secretas, doble contabilidad, sobrecostos, lobby, compraventa de decisiones, concesiones, crímenes. Se robaron los puertos, la flota mercante, la energía, las vías 4G, las elecciones. Con corrupción han impedido el acceso a alimentos, medicamentos y tratamientos sanitarios, mutilado oportunidades de empleo, cerrado las puertas de universidades a jóvenes que terminan raptados por el crimen. Con visos de corrupción a diario se emiten noticias manipuladas que anuncian crímenes contra líderes sociales, opositores políticos y defensores de derechos humanos, de los que en algún párrafo se puede leer que también luchaban contra la corrupción y denunciaban corruptus.
La corrupción aparece como algo cercano, el fraude es común y vive cerca. Se sabe de pagos por un turno para obtener una cita médica, suplantar una identidad, evitar un comparendo de tránsito, apadrinar a otro para un empleo, favorecer en un concurso, imponer una reina de belleza, ocultar otro fraude, modificar actas, usar en beneficio propio información privilegiada, decidir en un juicio, tapar una falta, modificar resultados, falsificar recibos, dar un voto, desvirtuar una noticia, cambiar una hipótesis de investigación judicial, entregar un diploma falso, falsear datos en una hoja de vida, testificar en falso, fabricar miedos y mentiras. También se sabe de concesión de contratos sin requisitos, nepotismo, cobro sexual de favores políticos, maquillaje de informes de gestión, alteración de la verdad, publicidad engañosa, abuso del poder para humillar, silenciar y mandar matar. Lo anterior se reconoce más fácilmente por grandes fraudes, desfalcos, robos continuados al erario, desvío de capitales públicos al sector privado, manejo de cargos y contratos, compra de votos para elecciones, pago de “bonificaciones” de empresas por facilitar el despojo libre de obstáculos (derechos).
La esfera pública y privada se han vuelto difícilmente separables, las instituciones públicas fueron penetradas por sistemas de gestión, control y administración que por responder a indicadores crean climas propicios al engaño, al fraude. La corrupción es un hecho de la vida real y las elites gobernantes son las indiscutibles responsables históricas que volvieron tradición apropiarse de los bienes públicos y ofrecerse impunidades.
Como ocurrió en el Perú de Fujimori, en cabeza del exjefe de inteligencia montesinos, en Colombia hay cientos de grabaciones telefónicas y de video de hechos de corrupción que involucran a miembros de cada rama del gobierno, congresistas, ministros, empresarios, periodistas, directivos, militares y otros, con la intención de preservar pruebas que luego puedan ser utilizadas para exigir cooperación y sostener la impunidad, como parece ocurrir respecto al régimen de la seguridad democrática. Si estas “pruebas” cayeran en manos de autoridades éticas, correctas, con responsabilidad democrática e independientes, podrían proporcionar detalles contundentes sobre cómo funcionan las redes políticas, judiciales y administrativas de corrupción y permitir que sea de dominio público el conocimiento sobre cómo se controla y manipula a la sociedad mediante la tradición de la corrupción y entonces sería fácil eliminarla de raíz.
