La corrupción sin duda alguna es un problema de información asimétrica en el mercado público, sin embargo, en los últimos años ha estado evolucionando sistémicamente, es decir, ya no es el acto deshonesto de un funcionario público, sino un proceso sistémico entre los agentes económicos, los cuales con información privilegiada logran procesos de contratación con indicios de colusión y cartelización.
La corrupción sistémica, aquella altamente pensada, y donde personas naturales, empresas privadas y entidades estatales atacan los beneficios de la libre competencia y logran crear monopolios en la contratación pública, distorsionando los precios del mercado y formando sobrecostos en los procesos de licitación, genera en última instancia una pérdida en el bienestar de toda la sociedad.
Ahora bien, debido al proceso de cartelización en las licitaciones públicas y recordando que dicha cartelización ocasiona una distribución del presupuesto público, precisamente beneficiando las firmas menos competitivas, lo que termina en sustitución de empresas más eficientes por las menos eficientes en el mercado público, y en últimas, beneficiando la ineficiencia en las compras públicas. Este mal hábito en la distribución del presupuesto público genera grandes pérdidas sociales, en la medida que, las empresas ineficientes reciben los recursos con precios por encima de los precios del mercado y origina sobrecostos en la ejecución de los contratos, afectando claramente recursos públicos que compromete la realización de otros programas sociales, lo que produce una pérdida irrecuperable de eficiencia en la sociedad.
La cartelización en la contratación pública termina generando beneficios marginales a los agentes económicos que componen estos carteles, castigando la ejecución de programas sociales y sin duda alguna afectando la satisfacción social sobre el quehacer de la administración pública, es decir, los funcionarios públicos deben garantizar las leyes de libre competencia en las compras públicas, para con ello, mejorar la gestión pública y en especial generar planes, programas y proyectos, que permitan, vincular a los sectores menos favorecidos al mercado, y con ello, garantizar los beneficios de la libre competencia en todos los sectores de la sociedad.
Finalmente, la lucha contra la corrupción sistemática debe ser una prioridad para los entes de control, sin embargo, la participación de la ciudadanía desde los ejercicios de control social es una herramienta que permite optimizar los recursos públicos, es decir, necesitamos acciones contundentes de los entes de control y una mayor participación de la ciudadanía desde el control social, la creación de veedurías ciudadanas y la vigilancia social, solo así será posible que los beneficios de la libre competencias impacten positivamente la sociedad.
