La corrupción es un mal que no da espera y que se expande rápidamente, incluso en estos momentos de dificultad que vive el país a raíz de la pandemia. Según el último reporte de la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020 señala que el coronavirus aumentó significativamente el riesgo de corrupción en Latinoamérica. En el país, la corrupción se ha convertido prácticamente en otra pandemia para el desarrollo de los territorios, la atención a la población en condición de vulnerabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las y los colombianos. Según datos de Transparencia por Colombia, entre el 2016 y el 2018, el 73% de los casos de corrupción reportados se presentaron en el sector público, siendo casi el 70% hechos ocurridos en el orden municipal, 25% en los departamentos y 5% en el nivel nacional. La mayoría de los casos obedecen a temas relacionados con irregularidades en los ejercicios de contratación pública; nada más preocupante en el contexto actual de emergencia social, económica y sanitaria ocasionada por el coronavirus que ha requerido agilizar varios procesos de contratación.
El monto de los recursos que el Gobierno ha destinado para la atención de la pandemia asciende a los $14,8 billones de pesos, de los cuales $12,1 billones provienen del Fondo de Ahorro y Estabilización, mientras que $2,7 billones son del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Recientemente, la bancada de la oposición en el Congreso se manifestó exigiendo al Gobierno Nacional transparencia sobre la destinación de los recursos; según los congresistas, el Ejecutivo no ha presentado información detallada sobre el destino de los recursos para la atención de la emergencia. Sobre este escenario, el coronavirus parece estar profundizando las grietas históricas del país: abandono del Estado en las regiones apartadas, pobreza, desempleo, inseguridad, asesinatos de líderes sociales y corrupción.
De acuerdo a lo informado por Semana, a la fecha, Colombia cuenta con once alcaldes con órdenes de captura por presunta corrupción en contratos relacionados con el COVID-19, y se encuentran abiertas 14 indagaciones contra gobernadores. De igual forma, están en curso 23 imputaciones y se solicitarán medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos. Por su parte, la Contraloría General de la Nación ha emitido 340 alertas por sobrecostos en contratos del COVID-19 que, en promedio, llegan al 21% de los contratos. Se trata de procesos penales y alertas relacionadas con municipios y departamentos de diferentes regiones del país, entre ellas Quindío, Atlántico, Córdoba, Santander, Valle del Cauca, Tolima, Sucre, Amazonas, Antioquia, entre otros.
Al interior del Senado se advirtió sobre la existencia de un posible cartel de las UCI en todo el país, donde al parecer algunas clínicas estarían dejando hospitalizados a los pacientes por más tiempo de lo necesario, solamente para cobrar más dinero y así recuperar capital en razón del vacío financiero que les ha dejado la no atención de otras especialidades. Nada más perjudicial, no solamente en términos económicos sino para la salud de quienes verdaderamente requieran de una camilla inmediata en una UCI a causa del contagio. Lo que se está haciendo es jugar con la vida de las personas.
Es urgente la toma de medidas de vigilancia más rigurosas por parte de entidades como la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Salud; esta vigilancia es prioritaria para que las IPS verdaderamente cumplan con los criterios de manejo clínico de los pacientes contagiados e informen oportuna y de manera transparente a las entidades territoriales. Por su parte, las entidades administradoras de la salud están en la obligación de realizar las auditorias pertinentes y a tiempo, así como la supervisión constante por parte de las Secretarías de salud departamentales, distritales y municipales.
Para hacerle frente al problema, no basta con hacerle un llamado de atención a las autoridades competentes, entidades de vigilancia y territoriales, también es un tema que pasa por la necesidad de efectuar seguimiento y control social y ciudadano al manejo de estos recursos. Los y las colombianas están en el pleno derecho de solicitar transparencia, información oportuna y amplia difusión de la documentación pública en lo concerniente al uso y destino que se le está dando al manejo del virus en cada uno de los municipios, departamentos y distritos de la nación; a contar con las garantías necesarias para efectuar las denuncias y a que las personas tengan con las medidas de protección, pues como ha señalado con preocupación Transparencia por Colombia, existen amenazas en contra de quienes intentan denunciar actos de corrupción en el marco de la atención a la emergencia sanitaria.
Hoy más que nunca los escenarios de participación ciudadana, específicamente de control social sobre la asignación de los recursos públicos, son necesarios. El rol ciudadano en el cuidado de lo público es un instrumento válido y necesario para promover la acción de un control fiscal que cuente con el conjunto de la sociedad y que exija esa presupuestación abierta tan importante para pensar en un avance hacia la protección social, el compromiso de todos por aplanar la curva de los contagios y la lucha contra la corrupción, ese enemigo público que está resultando ser peor que la enfermedad.
