Cuando Juan Manuel Santos era candidato a la Presidencia de la República en el 2010, se paseó por el país entero y por el Valle del Cauca, ofreciendo acabar con la corrupción en la vida pública. Derrotar ese flagelo constituía en particular, un anhelo inaplazable de los habitantes del suroccidente quienes habían padecido las artimañas del detenido exsenador Juan Carlos Martínez.
Al ser preguntado el candidato Santos sobre medidas concretas para acabar con las corruptelas ya desbordadas, ofreció algo que para muchos de nosotros fue determinante al momento de apoyarlo. En pocas palabras el futuro sucesor de Uribe expresó: voy a montar un bloque de búsqueda para perseguir y llevar ante los jueces a los corruptos. Hay países que como Inglaterra tienen experiencia en esa materia y voy a buscar su colaboración.
Pero cuando el candidato llegó a la Presidencia estas intenciones se evaporaron. El discurso anticorrupción ya había rendido sus frutos electorales. Del tal bloque de búsqueda no se volvió a hablar, y peor aún, la forma disimulada de robarse al Estado por parte de ciertos parlamentarios se institucionalizó. El nombre maldito de “auxilios parlamentarios” o “cupos indicativos”, obtuvo carta de legitimidad bajo la denominación de “mermelada”.
La “mermelada” es una extracción de decenas de billones de pesos que se le practica a las finanzas públicas. El mecanismo consiste en que un congresista presenta cierto proyecto al gobierno central, el cual lo financia con recursos del presupuesto. A continuación la iniciativa pasa a ser contratada con discrecionalidad, léase: generalmente a dedo, por un mandatario local perteneciente a la cuerda de aquel parlamentario. Grandes recursos terminan esfumados o mal utilizados.
La fronda contractual aludida está confirmada por las estadísticas: más del sesenta por ciento de la contratación correspondiente a los municipios y departamentos se hace en procesos dentro de los cuales interviene un solo proponente. En este punto es necesario mencionar que el sistema descrito tiene la ventaja para el gobierno nacional en turno, de garantizarle la lealtad de los congresistas y por ende una gobernabilidad que puede ser podrida, pero al fin y al cabo es gobernabilidad.
La consideración anotada hizo quizá que Santos, pragmático usuario de la realpolitik, dejara incólume el sistema y más aún, lo llevara a su esplendor. Pero claro, con este proceder el gobierno mismo comprometió su autoridad moral para luchar contra la corrupción. Así las cosas, cuando el mandatario señala que la lucha contra ese flagelo debe ser una causa nacional solo encuentra escepticismo. La gente se pregunta cómo va a ser posible derrotar ese cáncer si el mal ejemplo de la “mermelada” persiste.
La madre de todas las corrupciones,
la legitimadora de las conductas punibles contra el fisco
es la “mermelada”
Fue precisamente la politiquería dominante en el Congreso, atosigada de “mermelada” y beneficios espurios, la que parió ese engendro que es la reforma tributaria recién aprobada. No hay duda de que se necesitaba actuar con energía para equilibrar las finanzas del Estado, pero lo que tenemos como resultado es un esperpento injusto y regresivo, financiado principalmente con el aumento del IVA, que además se extiende a los alimentos básicos y a los artículos de primera necesidad.
El calificativo de injusta y regresiva que se da a la reforma no es exagerado. Esos epítetos provienen de considerar que el Iva impacta en mayor proporción a los sectores de bajos ingresos. Tal hecho se explica porque los pobres ante todo destinan sus magros recursos al consumo de alimentos y artículos esenciales duramente gravados, mientras quienes pertenecen a estratos superiores aplican parte de sus ingresos a otros usos como ahorrar e invertir.
Los ciudadanos pagarán las nuevas contribuciones sabiendo que los mayores recursos no tienen como destino mejorar los servicios esenciales, ni la salud, la justicia, o la educación y tampoco se reflejarán en una mejor distribución del ingreso. Esa liquidez será absorbida por la contratación convenida con parlamentarios afectos al régimen y por una burocracia voraz y politizada, proclive a las corruptelas, cuyo tamaño y beneficios no han querido ser redimensionados por el gobierno central.
Hay que repetirlo, en este contexto va a ser muy difícil que la gente encuentre creíble el propósito nacional orientado a combatir la corrupción anunciado por el doctor Santos. Mientras haya “mermelada” y mal ejemplo desde arriba, nadie entenderá que ese es un tema serio capaz de comprometer la continuidad de nuestra democracia.
Sin duda alguna la derrota de la corrupción va a ser el gran caballito de batalla en las elecciones que se avecinan. Anteayer ya anunciaron los de la Alianza Verde que impulsarán una consulta popular sobre el particular. Las medidas que se proponen son oportunas. Tal sucede con la limitación a la reelección de los congresistas; las publicaciones de declaración de renta y de los conflictos de intereses de los elegidos; la rendición de cuentas por parte de los congresistas.
Pero Claudia López y sus compañeros no pueden equivocarse. La madre de todas las corrupciones, la legitimadora de las conductas punibles contra el fisco es la “mermelada”. Ojalá que en su iniciativa no pierdan el foco y se vaya por las ramas. La eliminación de este flagelo consentido y aupado por quienes dominan el escenario político de Colombia, debe ser el propósito central de su iniciativa.
