Todas las empresas periodísticas requieren para su subsistencia recursos económicos suficientes que les aseguren su sostenibilidad en la prestación de un adecuado, eficaz y oportuno servicio social que satisfaga el derecho a la información que tiene el ser y los colectivos humanos, y en consecuencia, garanticen también el derecho a la libertad de expresión, como soportes básicos y salvaguardias del sistema democrático, el cual, a su vez, debe contar con la capacidad de permanecer activo y dinámico en el transcurso del tiempo, con apoyo de los medios de comunicación, a pesar de la fugacidad de dirigentes o mandatarios de turno.
Infortunadamente, una de las características de la “cultura de la corrupción” que viene minando el sistema, y que se volvió peste en nuestro país desde las instancias locales hasta las nacionales e internacionales, afectando de manera transversal al Ejecutivo tanto como al Legislativo y al Judicial, inclusive a instituciones de control y a no pocas entidades privadas que se prestan para empobrecer y hacer miserables las comunidades con la apropiación indebida de los recursos públicos, es imponer la censura, comprar silencios, o transmitir información engañosa que permita esconder la depredación, utilizando recursos asignados a publicidad como parte de las herramientas del despojo que imponen los corruptos.
Cuando una entidad pública o privada decide pautar en Proclama del Cauca no significa que esté comprando silencio, que adquiere complicidad con el daño público que se pretende mantener oculto, o que está amarrando al medio para que no tenga la libertad de informarles a las comunidades las realidades de su entorno.
Al contrario, la inversión se hace es para impulsar la democracia transparente, para contribuir al mantenimiento de una empresa que se compromete a ser la correa de transmisión con la sociedad de valiosa información que le sirva para sus decisiones, para su conocimiento y para que pueda ser útil al desarrollo de su propio ecosistema y progreso social.
Por eso, así parezca raro, extraño o exótico en esta “cultura”, nosotros rechazamos abiertamente a quienes intentan pautar con propósitos ladinos. Es que ha sido tan invasiva la gestión pública ilícita y deshonesta, que hay funcionarios, servidores públicos y contratistas del Estado que como norma creen que el recurso público para pauta en medios de comunicación es para quienes se comprometan con ellos, para quienes les brinden la solidaria garantía del silencio, para quienes aceptan la sutil censura, la manipulación o la distribución de información amañada y tendenciosa.
Proclama del Cauca ha demostrado, en sus 40 años de labor informativa y de orientación de la opinión pública, que es más rentable y sostenible el servicio periodístico honesto y comprometido, al servicio de las comunidades, que los negocios torcidos para el enriquecimiento rápido sin importar los medios para lograrlo. Ejemplos hemos visto muchos en gobernantes y supuestos periodistas que pasan, mientras nosotros crecemos cotidianamente, sin mayores problemas, obvio, con las afugias naturales que surte el progreso.
En estas circunstancias, Proclama del Cauca se ha impuesto como medio de comunicación promover y generar cultura de transparencia, hacer accesible y comprensible lo que se hace con los recursos físicos y financieros de todos los ciudadanos. Somos críticos de la corrupción, tal vez en exceso, y comprensiblemente, esta política institucional de Proclama nos ha causado no pocos enemigos y muchos odios. Los entendemos y padecemos.
En consecuencia, es nuestro deber rechazar categóricamente cualquier supuesta inversión que se intente contratar con objetivos diferentes al servicio público; la publicidad no es para chantajear periodistas, o para creerse que negándola van a acabar con un medio de comunicación posicionado, o para comprar otros medios que se ajusten a sus designios; es para facilitar las relaciones entre los colectivos sociales y la institucionalidad, para permitir que los medios de comunicación cumplan con eficiencia y eficacia su responsabilidad en la democracia y para contribuir a la conformación de grupos sociales creativos, emprendedores, libres y no sometidos a la ignorancia o a los designios perversos de algún mandatario de turno.
Es más, la inversión en medios de comunicación es una obligación legal debidamente reglamentada por normas que regulan el derecho de acceso a la información pública y los procedimientos para su ejercicio, que son asuntos fundamentales para la democracia, porque facilitan el ejercicio activo de la ciudadanía, contribuyen a una gestión gubernamental transparente, confiable y responsable y robustecen el debate sobre lo público. Es decir, fortalece la democracia representativa y participativa y mejora la gobernabilidad.
No todos aceptan esto, también es cierto, y sabemos por qué.
Alguien había comentado en un municipio cercano al nuestro: “ya casi les tenemos listo el contrato de publicidad de Proclama del Cauca para “taparles la jeta” y que hablen bien de nosotros”. Esta es nuestra oportuna respuesta.
