A puertas de superar el karma de la que parecía guerra eterna con las Farc, esperamos que los elenos sigan el ejemplo para que las Fuerzas Armadas y la justicia colombiana puedan enfrentarse, con dientes, a las bandas criminales, que impunemente se han incubado en campos y ciudades, donde conviven con la corrupción administrativa a cargo de ‘ladrones honrados’ o ‘delincuentes de cuello blanco’ y trabajan en contubernio con dirigentes políticos, que buscan llenar los espacios dejados por veteranos congresistas y dirigentes políticos que ya cumplieron su ciclo.
Actividades como el cultivo y procesamiento de coca, marihuana y heroína, contrabando, minería ilegal, robo, extorsión, secuestro, asaltos a mano armada, reclutamiento de menores, trata de personas, captura de puestos directivos y contratos de entidades públicas, han sido, entre otras variedades delictivas, manifestaciones del accionar de diferentes grupos ilegales, con o sin ideología política. Varios de ellos cuentan con la colaboración de algunos latifundistas, empresarios agropecuarios e industriales y políticos, y se han apropiado de las administraciones seccionales y municipales de importantes regiones del país, sin mayor presencia de la Fuerza pública, así como de varias instituciones del Estado con la complicidad de funcionarios de organismos de control y justicia infiltrada.
Uno de los puntos claves reiterados por sus negociadores en La Habana, entre sus exigencias para asegurar la desmovilización de los guerrilleros de las Farc, ha sido el real compromiso del Estado para desmontar las llamadas ‘bandas criminales’ o ‘Bacrim’, entre las que se ocultan reductos paramilitares que actúan al servicio de los más radicales opositores al proceso de paz, y amenazan y atentan contra la vida de dirigentes campesinos, indígenas, cívicos, políticos, y funcionarios públicos, tal como ha sucedido recientemente en el Cauca y Tolima, en comunicados firmados alternativamente por las ‘águilas negras’ y los ‘rastrojos’.
Los desmovilizados de las Farc no quieren que les pase lo mismo que a Guadalupe Salcedo en 1959, cuando fue asesinado en una calle de Bogotá, después de salir de las guerrillas de los Llanos. O la masacre que sufrieron varios militantes de la Unión Patriótica en los años ochenta.
En el campo de la corrupción administrativa que en el continente afecta indiscriminadamente a países gobernados por partidos de orientación ‘populista, de ‘izquierda’, ‘centro’ y ‘derecha’, la lucha debe ser frontal e implacable en todos los niveles de las instituciones del Estado.
Si queremos construir una sociedad más equitativa y en paz, no pueden ser pan de cada día escándalos como el de Reficar, el robo a los recursos destinados a la alimentación de los niños, ejecución de obras públicas y al deporte, como recientemente sucedió en el Tolima, con las partidas destinadas a la construcción de escenarios para los pasados juegos nacionales, o en el Cauca, con $453 millones para promoción de los Juegos inter-colegiados ‘Supérate’ .
El derrumbe de escrúpulos morales propiciados por el narcotráfico y la cultura de la ilegalidad, afectó profundamente a diversos estamentos de la sociedad colombiana. La alianza entre políticos, empresarios y delincuentes para apropiarse de las instituciones y recursos del Estado, de la economía y las instituciones y contratos, fue y sigue siendo una plaga que tuvo su máxima expresión en la ‘parapolítica’, que no desapareció con el juicio que llevó a la cárcel a muchos congresistas y jefes paramilitares.
En apartados municipios del Chocó, Nariño, Arauca y en el Cauca, como Guapi, y hasta en el Bronx, en Bogotá, cerrados grupos de socios, familiares y bandas aliadas con narcos, mineros ilegales y ‘bandas criminales’ acaparan casi todas las actividades económicas licitas e ilícitas, en complicidad con miembros a sueldo de las Fuerzas Armadas, los organismos de control y Fiscales y Jueces.
En el caso de la investigación en Indeportes Cauca, solo han revisado uno de los numerosos contratos firmados por la directiva detenida. Pero según conocedores del tema, la responsabilidad se extiende a altos funcionarios de la anterior administración departamental que buscaban apuntalar su fortín electoral para asegurar curules en futuros comicios.
La nueva sociedad colombiana en paz necesita que cese la violencia y economía ilegal de guerrilleros, paramilitares y bandas armadas. Pero también la de las ‘bandas desarmadas’ que se sirven de las primeras para robarse, en medio de sonrisas, los recursos de todos los colombianos.
