La figura del juez comprado es el que más despierta escándalo en la opinión pública, la causa del gran descrédito y deshonra de la entera categoría de los servidores públicos y, por tanto, de la Administración Pública.
“¡El mafioso debía ser yo, y no el juez!", decía irónico un Capo mafioso italiano sin saber de que era interceptado.
La pieza teatral del dramaturgo y magistrado Ugo Betti, titulada “Corrupción en el Palacio de Justicia”, escrita en 1944, es como una especie de espejo retrovisor, anticipador de uno de los grandes problemas y retos de nuestra época: el vínculo entre la corrupción judicial y la corrupción política o si preferimos el maridaje entre la clase política y la magistratura para ejercer una influencia indebida sobre la toma de decisiones judiciales. En la escena montada por Betti, la corrupción judicial es la fuerza de gravedad que mantiene unidas las piedras del edificio. La corrupción judicial es un fenómeno que suscita reacciones contrastantes, de desaprobación y de condena moral, a veces de aceptación más o menos resignada. Puede ocurrir que las razones y los sentimientos sobre los que se basan estas reacciones convivan con nosotros, formando un cóctel de difícil equilibrio y del sabor irisado, raramente agradable. Si la corrupción política indigna a una buena parte de la población, la corrupción judicial humilla y destruye la confianza del pueblo. El riesgo de influencia política en las decisiones judiciales es particularmente peligroso para el correcto funcionamiento de la justicia, la independencia y la imparcialidad de los jueces y fiscales, así como para la independencia estructural de los órganos rectores del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.
En la Obra de Ugo Betti, uno de los jueces protagonistas de la corrupción, así se defiende ante las acusaciones “Nosotros jueces de la sección Grandes Causas somos un pequeño, solitario, inestable peñasco sobre el que caen por todas partes onduladas inmensas, terribles, verdaderas montañas espumosas. Es decir, intereses personales implacables, inmensas riquezas, hombres terribles... en fin fuerzas realmente salvajes, cuyo choque, pobres nosotros miserables, es algo de salvaje, de fascinador, de feroz. ¡Yo quisiera ver el Sr. ministro sentado en nuestro sitio!"
El reciente escándalo de un maridaje (o simple complicidad) entre la clase política, la abogacía y la magistratura asociadas para ejercer una influencia indebida en la adopción de decisiones o sobre las decisiones judiciales de la Corte Suprema colombiana no solo está erosionando gravemente la credibilidad de las instituciones y mermando la confianza de los ciudadanos, sino que también hace inclinar la balanza de la justicia a favor de una de las partes: Hay quien arregla las sentencias a cambio de dinero, quien vende informaciones ocultas y quien ralentiza las audiencias. La mera existencia de esta sombra de duda resulta indeseable y deben tomarse medidas para garantizar que el sistema judicial no sólo esté libre de indebidas influencias externas, sino también para que lo parezca. La impunidad de la que siguen gozando los magistrados y políticos corrompidos en cualquier gobierno, con el silencio de los medios de comunicación y del régimen político es absolutamente aberrante.
El maestro Piero Calamandrei en su obra", titulada Elogio de los jueces escrito por un abogado", escrita en 1935, refiriéndose a la corrupción de los jueces en los tribunales, así escribe " Lo que puede constituir un peligro para los magistrados no es el soborno: casos de soborno por dinero, en cincuenta años de experiencia, he visto tan pocos, que se cuentan con los dedos de una sola mano; y siempre los he visto descubiertos y castigados con puniciones ejemplares. Tampoco pueden considerarse amenazas muy graves para la independencia de los magistrados las intromisiones políticas: son frecuentes, pero no irresistibles. El magistrado recto no las toma en serio, y es muy raro que esta inflexibilidad suya le produzca algún peligro. El verdadero peligro no viene de fuera; es un lento agotamiento interno de las conciencias que las hace aquiescentes y resignadas: una creciente pereza moral, que a la solución justa prefiere, cada vez más, la transacción, porque ésta no turba la vida tranquila y por que la intransigencia exige demasiado trabajo.
Sin embargo, la situación ha cambiado mucho desde entonces. A más de ochenta años de la publicación del panfleto, la situación relativa a la corrupción judicial y a la corrupción política sigue siendo preocupante y parece haber empeorado en muchos sentidos. En efecto. La difusión de la corrupción en la administración pública también ha contagiado las aulas de justicia que, de lugares delegados a la búsqueda de la verdad y a la lucha contra el crimen se han convertido en ocasión para los negocios ilegales. Podemos admitir la equivocación del magistrado persona, pero no la alteración de una equidad (fruto de la arbitrariedad o capricho), integridad ética que, como es sabido, está obligado a respetar, proteger y garantizar ante los ojos de la ley y respecto a la comunidad en el ejercicio de la administración de justicia.
La mayor parte de los ciudadanos piensa que la corrupción está ampliamente extendida entre los miembros de la judicatura y también creen que la corrupción está ampliamente extendida entre los políticos nacionales. A mi entender, la tasa de honestidad, dignidad y transparencia de la clase política es directamente proporcional a la tasa de honestidad, dignidad y transparencia del poder judicial. Si la clase política está enferma, la "justicia" no está mejor. Si la corrupción política socava el crecimiento económico, obstaculiza el desarrollo, desestabiliza gobiernos y socava la democracia; la corrupción judicial socava los fundamentos del estado de derecho y la posibilidad misma de combatir la corrupción en otros sectores de la sociedad. La corrupción judicial dificulta gravemente la protección de los derechos humanos, en particular la independencia judicial y la imparcialidad. También socava la confianza del público en el proceso judicial y viola los principios de legalidad y seguridad jurídica (Judicial corruption: urgent need to implement the Assembly’s proposals, punto 2).
Emergen siempre más problemáticas sobre la máquina de la justicia, en particular con respecto a ese espurio “contrato con la impunidad" entre la política y la magistratura.
El maridaje entre la clase política y la magistratura
Auctoritas non veritas facit legem
El vínculo entre la corrupción judicial y la corrupción política o la combinación entre la clase política y la magistratura constituyen una amenaza para el imperio de la justicia, el buen gobierno y el estado de derecho. El maridaje entre la clase política y la magistratura es la tragedia de la legalidad y la justicia. Esta cultura de impunidad ha permeado y se ha profundizado en una relación perversa entre políticos y magistrados, es decir entre la ley y el poder. Se trata de un matrimonio altamente peligroso para la sociedad, ya que alimenta y abre más espacios a la cultura de la ilegalidad y a la impunidad.
Por ejemplo, un alto grado de homogeneidad (connivencia) entre los legisladores y los magistrados determinará la imposibilidad de identificar a los autores de los hechos o investigar las presuntas actividades corruptas tanto en el poder judicial como en el poder político, y las sanciones penales contra los perpetradores.
Actualmente se aprecian dos situaciones preocupantes.
Si entre la magistratura y la clase política tenemos una relación de subordinación de la primera con relación a la segunda — cualquiera que sea el tipo de subordinación —, los 'políticos' podrían incurrir en cualquier delito, vivir en un clima de impunidad casi total, y sin riesgo de ser incriminados. Si la magistratura es psicológicamente o estructuralmente temerosa o 'súcuba' de la política, no intervendrá nunca, tampoco, quizás, en flagrante delito. A mayor abundamiento, si la magistratura es el instrumento de una parte de la clase política, sólo intervendrá cuando el culpable pertenece a la parte adversa.
En el lado opuesto la situación es diametralmente diversa: si la magistratura no sólo se considera autónoma de la clase política, sino que se siente investida de una posición de suplencia y mayor legitimidad democrática -ya que el 'político' no desempeña el papel que le corresponde - ella toma el sitio de la política, es decir ocupa el espacio dejado vacío de los gobernantes para contribuir a la construcción de una sociedad más justa. En el primer caso podemos hablar de 'politización' (o de 'partidarización que toma como base a los partidos') de la magistratura, en el segundo caso podemos hablar de la captura del Estado o de la vida política por parte de la magistratura a través de la ‘vía judicial'. Ambos casos son preocupantes para el Estado de derecho.
