No cesó la horrible noche para Colombia. Una noche que arrancó cuando apenas América había sido descubierta por los españoles y se ha extendido a perpetuidad con la historia misma del país. De los 5 mil pesos de la Corona a Odebrecht.
Francisco de Sande, Presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, en 1602 entregó cinco mil pesos oro para que fueran depositados en la Tesorería del Virreinato, dinero que nunca llegó a su destinatario. Llevaba poco tiempo gobernando y las protestas sobre su tiranía eran constantes, razón que llevó a España a enviar un visitador que corroborara si era justo o no el levantamiento del pueblo.
Andrés Salierna de Mariaca fue el encomendado de dicha comisión, pero tuvo que liderarla desde un lecho a causa de una intoxicación, aun así ordenó el exilio de Sande a Villa de Leyva, este último prestó poca importancia al respecto y desde el municipio boyacense dejó escapar el rumor que había sobornado al visitador con la cifra extraviada y que saldría triunfante del proceso en su contra.
Mariaca murió unos días después, negando hasta el último instante su participación en el cohecho insinuado por el Presidente, Sande falleció dos semanas después y con ellos la verdad sobre lo sucedido con el dinero extraviado.
La anécdota anterior fue registrada por Juan Rodríguez Freyle en una crónica escrita para El Carnero, bien puede ser el primer caso de corrupción de la que se tenga conocimiento, aunque históricamente, el primero se haya dado a comienzos del siglo pasado, cuando Rafael Reyes, entregó a sus hermanos unos campos petrolíferos y con los sobornos de los políticos de entonces para que facilitaran la pérdida de Panamá.
Podría afirmarse, sin temor a equivocarse, que la corrupción ha cabalgado con toda calma en el país, mucho antes de que llegara a ser bautizado como Colombia. Los recursos públicos son desviados constantemente y las cifras que ha alcanzado, por escandalosas que éstas sean, ya no causan sorpresa alguna en la opinión pública. La indignación es temporal y débil, ante un flagelo mucho más antiguo que la violencia que agobia a los colombianos desde mediados del siglo pasado.
Puertos de Colombia (Foncopuertos), Ferrocarriles Nacionales, Fondo Nacional de Caminos Vecinales, Proceso 8.000, Dragacol, Cajanal, la ‘yidispolítica”, Telecom, el “carrusel” de la contratación, Agro Ingreso Seguro, Saludcoop, Odebrecht; y el más reciente “el cartel de la Toga” que destapó la olla podrida de la justicia, son sólo una parte de los casos denunciados de más renombre, sin contar los muchos que representan una mínima cuantía y otros tantos que habrán pasado desapercibidos.
La corrupción se ve representada en distintos sectores de la sociedad, su práctica se hizo cotidiana hasta en los escenarios más comunes, como el no pagar un pasaje en TransMilenio, comprar productos de contrabando, evadiendo los impuestos gravados en artículos de consumo o hasta apropiarse de los recursos públicos. Todas sus manifestaciones son el reflejo de ese cáncer que agobia al país.
No obstante, son los grandes casos los que en verdad ponen en juego la estabilidad económica y los que han puesto en entredicho a los gobiernos de turno. En cada periodo presidencial se anuncian nuevas estrategias para prevenir, detectar y castigar las prácticas corruptas en cualquiera de sus categorías: peculado, prevaricato, concusión, cohecho, fraude o tráfico de influencias.
A comienzos de este año la Secretaría Anticorrupción, creada en el 2011, dio a conocer el Índice de Transparencia de las entidades públicas durante el periodo comprendido entre 2015 a 2016, la secretaría, mediante su observatorio, analizó 165 instituciones y ninguna presentó un nivel bajo de riesgo de corrupción, la mayoría se ubicó entre el rango alto y muy alto.
La medición se hace, según Marcela Restrepo, una de sus directoras, sobre 100 puntos y entre más cerca se esté de este tope, menor será dicho riesgo.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo una calificación de 50,9, que la ubica en el segundo lugar con un nivel de riesgo alto, después de la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF). Los ministerios de Justica y de Transporte presentaron, también, un riesgo alto.
Las gobernaciones fueron incluidas dentro del observatorio, lo cual arrojó que Chocó es el departamento con mayor riesgo, ubicándose en el nivel alto con una calificación de 30,2, seguido de la Guajira que obtuvo un 43 en la evaluación, la misma que Guainía.
En cuanto a las alcaldías, Puerto Vichada, Cúcuta, Riohacha, Santa Marta y Arauca fueron las que obtuvieron los puntajes más bajos.
No es difícil inferir, de acuerdo con este informe, que los esfuerzos son insuficientes y que en los controles no han surtido un efectivo positivo en la lucha contra la corrupción, aunque el gobierno actual asegure que uno de los mayores retos en el posconflicto es, precisamente, la erradicación de la corrupción. Según el mismo índice, se requiere un mayor control social ciudadano que no calle ante las irregularidades cometidas por los funcionarios.
Teniendo en cuenta que, en teoría, los servidores públicos deben ser ejemplo de ética y de moral, el panorama está lejos de representar un mejor horizonte para el país, que en cada época ha tenido grandes monstruos que enfrentar: el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla, entre otros y la corrupción, cuyo paso no es silencioso, camina con la complicidad de instituciones que deberían hacerle frente en vez de hacerle calle de honor o, lo que es peor, la acompañen en su paso, permeando por igual a todos los poderes.
Corrupción: causa y consecuencia de la crisis social
Con la descentralización planteada en la Constitución de 1991 se pensó que dicho cambio permitiría reducir la corrupción, detectarla y erradicarla. No fue así. Se pensó, además, que la Contraloría, la Procuraduría y las fiscalías regionales podrían ejercer un control mucho más estricto sobre las regiones. 26 años después, la realidad es muy diferente y a hoy, no hay entidad pública que no esté involucrada en casos que atentan contra el erario de la nación.
La corrupción le está costando a Colombia, según el contralor general Edgardo Maya, 50 billones de pesos al año; la Procuraduría dice que la cifra es menor, 32 billones de pesos, lo cual representa un 4% del Producto Interno Bruto (PIB). La Sociedad Colombiana de Economistas (SCE) estudió la última década del siglo pasado y la primera del nuevo milenio y la cifra presentada por la entidad fue cercana a los 189 billones de pesos.
Esta enfermedad ha puesto en riesgo el desarrollo del país y provoca que cualquier discusión sobre proyectos o inversiones que se vean frustradas por falta de recursos, se quede sin argumentos. Los efectos nefastos que deja a su paso no sólo golpean a la economía del país, es un desastre social que no sólo le niega a Colombia un mejor futuro, sino que a su paso ha dejado una gran mancha de sangre.
400 años después Colombia ha sido testigo de cómo su erario no llega a su destinatario y de cómo, con el tiempo, la verdad es extraviada, muriendo, como Sande y Mariaca, en el silencio.
