Se dice que la deuda que tiene la administración de la universidad con los docentes y trabajadores asciende a miles de millones de pesos; se habla de cifras que pueden llegar a equivaler a la deuda pública de una ciudad intermedia durante un año fiscal. A pesar de las buenas intenciones y posibles manejos gerenciales del rector designado por el MEN, se puede afirmar sin lugar a duda que esa institución de educación superior navega irremediablemente a la deriva.
Un rumbo que comenzó a tomar con la corrupción de sus dueños y directivos. En concreto, hay que referirse a los descendientes y familiares de los fundadores (de quienes se dice ya habrían realizado maniobras para ocultar capitales en el exterior), quienes usufructuaban costosas matrículas en otras universidades y estipendios mensuales a cargo de la institución, sin una contraprestación a la misma en términos de investigación o docencia. Ese fue el primer paso hacia la autodestrucción. No obstante, a esta falta de estrategia financiera de largo plazo con seguridad se pueden sumar muchos más episodios de mera dilapidación. Para la muestra, apenas un botón: pocos meses después de correr como un hámster dentro de una rueda tras la acreditación de calidad, la institución cayó en el colapso financiero. Sería interesante saber cuánto dinero y recursos se invirtieron en el dichoso proceso de acreditación y, más interesante aún, saber quiénes obtuvieron ganancias.
A la corrupción se le debe sumar la falsa democracia, porque si la FUAC puede ser ejemplo de algo es de cómo los sindicatos pueden carcomer lenta pero progresivamente la viabilidad de una empresa cualquiera. La universidad está hoy cerrada, pero permanecen sus estructuras físicas como monumentos al poder de sus sindicatos, que en vez de parecer organizaciones democráticas, encarnan las formas y maneras de cualquier régimen dictatorial. Con sus hechuras no están para evocar los principios fundacionales de la supuesta autonomía o de la lucha social; más bien, se pueden identificar con lo que decía el sociólogo alemán R. Michels, quien formuló la llamada ley de hierro de la oligarquía, que se puede resumir diciendo que “toda organización representa un poder oligárquico con base democrática”.
Algo verdaderamente democrático y acaso vinculado con los ahora devaluados principios misionales de la institución, hubiera sido esperar que se terminara el semestre académico para iniciar la huelga. Pero se decantaron por el caos que se ha causado a partir de suspender el semestre sin darle continuidad a los trámites administrativos. Difícil siquiera augurar cuando se podría dar por terminado el conflicto, que ya parece ir más allá de un conflicto colectivo de trabajo regular.
A partir de lo dicho, quien tenga la intención de matricularse en la Fuac por primera vez, tendría que estar muy despistado en la vida. O podría ser engañado, como hicieron con los alumnos que se matricularon durante 2017 y 2018, bajo la ilusión y la falsa información del proceso de acreditación de calidad. La Fuac se ha convertido en una institución sin valor en el mercado de la educación superior en Colombia. Gracias a la rivalidad entre directivas y sindicatos, basada en la intolerancia mutua, la institución se ha derrumbado, aunque nadie quiera admitirlo.
