En el país ibérico se puso fin a siete años de gobierno de la derecha y en medio de un acuerdo común entre partidos políticos diametralmente opuestos.
El mandato de Mariano Rajoy ha llegado a su fin, tras casi una década al frente de la política española. El pasado 1 de junio y con 180 votos a favor se ha aprobado un procedimiento que fuerza al presidente a dimitir, quien tras innumerables escándalos de corrupción en su partido, no ha tenido más remedio que aceptar la decisión del Congreso de los Diputados y ceder así el cargo a Pedro Sánchez del PSOE.
El caso que acorraló al PP
La trama Gürtel ha sido la desencadenante del efecto dominó y aunque han pasado diez años desde el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción española, no ha habido un solo momento en el que la oposición al PP dejara de hacer mención sobre los lazos del partido con lo que se convertiría en palabras del juez en “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central”
Es tal el entramado, que algunas fuentes sugieren que el robo de dineros públicos podría ascender a los mil millones de euros, razón más que suficiente para que la burbuja del PP estallara, especialmente cuando ha sido un gobierno garante de los empresarios que han precarizado la calidad empleo y de la banca que ha dejado a cientos de españoles durmiendo en la calle.
Cabe destacar que la sentencia ha devenido en condenas que suman un total de 351 años de cárcel para 29 de los 37 acusados en el caso, siendo la pena más alta la de Francisco Correa (cerebro de la operación) quien pagará 51 años de prisión.
Caso Lezo, corrupción más allá del suelo español
En 2017 se daría a conocer un escándalo más del PP, en este empresarios y políticos de Colombia y España se unían para beneficiarse mutuamente, la investigación sugiere que sería de la magnitud de Odebrecht en Latinoamérica, las cifras estimadas sobre el desvío de capital público a paraísos fiscales asciende a los 23,5 millones de euros, aunque la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción española sugiere que el monto es mucho mayor, aproximándose a los 36 millones de euros.
En Colombia la investigación continúa, se conoce como el caso Inassa y ha sacado a la luz posibles nexos de congresistas colombianos con el entramado español. El dinero que ha circulado es tal, que el exgerente de Inassa, Edmundo Rodríguez, llegó a cobrar mensualmente hasta 30.000 euros.
Rodríguez fue destituido del cargo por su aparición en los Panama Papers, siendo entonces reemplazado por el exdirectivo de Prosegur Alberto Muguiro, nombrado en el cargo por Cristina Cifuentes, quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y una ficha más del PP que cayó tras su propio escándalo personal, el cual incluyó mentir sobre una titulación de maestría en la Universidad Rey Juan Carlos y cómo lo había obtenido.
¿Qué oculta el caso Inassa en Colombia?
Hay un nombre clave en la investigación, Diego García Arias, uno de los cerebros de la operación de desfalco y quien se convirtió en el testigo clave del caso. Logró librarse de ser extraditado a España a cambio de su testimonio, confesando que de Colombia llegaron a salir hasta 82 millones de dólares provenientes del erario público, además de los 900.000 dólares que le correspondieron como pago tras la compra irregular de Emissão, la filial de Inassa en Brasil.
No es muy claro tampoco de dónde salió el dinero que García Arias ingresaría en las cuentas de la Fundación Familia y Valores, una organización que hacía parte de la iglesia cristiana Castillo de Oración y Milagros, donde su madre Lyda Arias de García ejerce como pastora y quien cuenta con inmuebles en el país por más de 2.000 millones de pesos (alrededor de 700.000 dólares).
Pero la investigación no ha destapado únicamente el robo, pues en grabaciones obtenidas por la Unidad Investigativa de la Guardia Civil española, sale a flote el soborno a funcionarios públicos para obtener contratos a favor de Inassa, así como la financiación de campañas políticas (1).
La gravedad de las indagaciones no para aquí, pues en 2008 Ignacio González, perteneciente al PP y expresidente de la Comunidad de Madrid (2012-2015), viaja a Colombia para reunirse con Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia en esa época, para que éste interviniese en su favor al hablar con Alejandro Char (2), alcalde de Barranquilla y quien además hacía parte del consejo de administración de 'Triple A', la joya de la corona para Inassa, pues factura anualmente unos 152 millones de euros.
La tarea de Char era abrirle camino a los hermanos Nule para hacer parte de los negocios de Triple A, pero en 2011 terminaron condenados por otro caso de corrupción ocurrido en la capital, conocido como el varrusel de la contratación.
Un extrabajador de Inassa le contaría a El Confidencial (3), que González pagó a Char para ser favorecido en el proceso "La información que manejábamos en Inassa es que hubo que pagar para convencer a Char. En Colombia se hacían así las cosas". Finalmente la comitiva de Ignacio González consiguió que el negocio terminara en manos del Canal Isabel II, la empresa pública española que se hizo con el 80% de las acciones.
La cuota del silencio y la extrema derecha armada
La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría colombianas han develado más de lo que esperaban, un ejemplo es que en Barranquilla Triple A llegó a pagar mensualmente a periodistas locales para que la imagen de Inassa siempre fuera favorable, asegurándose de que no salieran a la luz las gestiones realizadas por la empresa de dudoso interés.
Adicionalmente se ha conocido que Diego García pagó al bloque paramilitar 'Resistencia Tayrona', la información ha sido obtenida tras la confesión de José del Carmen Gélvez, alias 'El Canoso', que aseguró recibir dinero de 'Metroagua', otra filial del Canal Isabel II.
Cabe recordar que el bloque paramilitar del que hacía parte 'El Canoso', dejó unas tres mil víctimas en las zonas donde operaba, los estragos los sufrieron campesinos acusados de ayudar a las Farc, que fueron sentenciados a muerte por las sospechas de colaboración con la guerrilla.
Otro señalado en la financiación a estos grupos es el empresario William Vélez, también socio de Metroagua y amigo íntimo del expresidente Uribe, al punto de financiar el referéndum reeleccionista de Uribe y que hoy se encuentra siendo investigado por su posible implicación en las masacres del Aro y La Granja (4).
Vélez es uno de los magnates más poderosos de Colombia, con negocios no solo a nivel nacional sino internacional, teniendo presencia en países como Panamá, México o Perú, por lo que no pasó desapercibido para los agentes que investigan su implicación en el caso español.
Finalmente cabe preguntarse si destapar a los responsables detrás de estos casos de corrupción y su vinculación con figuras políticas colombianas tendrá el mismo efecto que en España, donde la derecha perdió su puesto en la presidencia del país, a pesar de su ardua campaña por señalar que de aprobarse la moción de censura en su contra habría una crisis que afectaría a todo el país, haciendo también énfasis en cuestionar las alianzas realizadas con algunos partidos y señalarlas de "pactos con terroristas de la ETA e independentistas que desestabilizan la democracia".
Un discurso similar usa la derecha colombiana, especialmente con la cercanía de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 17 de junio, a tal punto que partidos políticos que otrora cuestionaran al gobierno de Álvaro Uribe Vélez (como el caso del Partido Liberal), se han sumado a la campaña que reitera la amenaza de la llegada del 'castrochavismo' al país en manos del candidato progresista Gustavo Petro, quien siendo congresista, destapó en 2006 las alianzas entre paramilitares y políticos.
La corrupción en Colombia se convirtió como bien sentenció el juez de la Gürtel (España) en un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, tendremos que esperar a los resultados de las elecciones y ver si la ciudadanía castiga este accionar en las urnas o si sucumbe al temor gestado desde la derecha que es liderada por Álvaro Uribe Vélez, recientemente mencionado en un artículo del New York Times que desclasifica información sobre cables diplomáticos en los que mencionan los nexos de Uribe con el narcotráfico (5).
(1) Alcaldes mencionados en la investigación: Édgar George (Partido Liberal), Bernardo Hoyos (Partido Movimiento Ciudadano), Humberto Caiaffa (Independiente) y Guillermo Hoennigsberg (Partido Movimiento Ciudadano).
(2) Alejandro Char, del partido político Cambio Radical, ha ejercido como alcalde de Barranquilla entre 2008-2011 y para la legislatura comprendida de 2016-2019.
(3) Cartagena de Indias, vídeos y sobornos: el viaje de Ignacio González que destapó todo
(4) Declaran de lesa humanidad masacres del Aro y La Granja y el homicidio de Jesús María Valle
(5) Cables diplomáticos de Estados Unidos sugieren nexos de Álvaro Uribe con narcotraficantes
