Mientras la Fiscalía denuncia millonarios sobornos en contratos de salud en el departamento del Meta, la clínica Martha está en emergencia funcional por falta de recursos.
Con un hospital intervenido por la Superintendencia, una clínica de más de 50 años de existencia al borde de la quiebra por deudas de las aseguradoras, unos centros clínicos colapsados de pacientes que demandan su derecho a la salud y un exgobernador, un alcalde y un representante a la Cámara por el Meta acusados de recibir multimillonarios sobornos con los recursos de la salud, Villavicencio podría ser el mejor ejemplo de la crisis de salud que se vive en Colombia. Esta situación en la capital llanera es una muestra innegable que hay algo mal en la organización y en el funcionamiento del sistema de salud.
Un sistema ineficiente
El Estado colombiano aportó 25 billones de pesos del presupuesto nacional, que más los aportes de los trabajadores, impuestos a sectores particulares y otras fuentes constituyen casi 45 billones de pesos que son manejados hoy por la Administradora de Recursos en Salud ADRES (antiguo FOSYGA), una organización estatal. La ADRES por los servicios de salud prestados en febrero entregó $1.982.336.375. 475 (1,9 billones) a 45 EPS, como Saludcoop EPS que se robó 1.4 billones de pesos y que para sorpresa del autor aparece entre quienes recibieron parte de esos 1,9 billones. Por otro lado, a través de un giro directo entregó más de cuatrocientos mil millones ($410.155.339.897) a más de tres mil quinientas (3.571) IPS, como la Clínica Martha que está al borde de la quiebra y son quienes atienden a los usuarios. De los $1,9 billones de las EPS, $115.836.395.400 son para pagar incapacidades y actividades de promoción de la salud, mientras el resto deben ser girados por las EPS hacia las IPS de su red, descontando los gastos propios que tengan las EPS, claro está. ¿Pueden ver el problema en estas cifras?
Si aún no pueden ver el problema, se los diré claramente: Las EPS no son necesarias, son una figura creada para quedarse con parte de esos 45 billones. Así como sucedió con los 1,4 billones de Saludcoop, las EPS se quedan con recursos que nunca devuelven y sus labores pueden ser desarrolladas por la ADRES, las IPS y las Secretarias de Salud (SS), los actores fundamentales del sistema de salud. La ADRES podría pagar directamente a las empresas las incapacidades y las licencias, las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad podrían ser desarrolladas por IPS y SS, y el aseguramiento —que ha dejado de ser una prioridad llegando al 94,88% en febrero de 2018— podría delegarse también a las SS. Además, se debe mencionar que las EPS no están haciendo las tareas de caracterizar a su población y prevenir los riesgos, y que el aseguramiento no es lo mismo que el acceso a los servicios, lo cual se demuestra con el aumento en las acciones de tutela por el derecho a la Salud (ATS) y la insatisfacción generalizada que hay entre los usuarios.
La corrupción
El cálculo de las pérdidas por corrupción que ha tenido el sistema de salud ya llega a los siete billones de pesos ($7.000.000.000.000), según el portal Consultor Salud. Esta plata equivale a el 28% de los aportes para la salud del presupuesto nacional para 2018 y a más de 150 mil pesos por habitante. La plata que se ha perdido por corrupción en salud es siete veces más que los recursos que se destinan anualmente para las educación pública universitaria y podrían servir para reconstruir con lujos la ciudad de Mocoa, que fue destruida por el invierno.
En febrero de 2017 la Clínica Martha S.A de la ciudad de Villavicencio denunciaba que las EPS Saludcoop, Cafesalud, aseguradoras estudiantiles y del SOAT, le debían treinta y tres mil millones de pesos ($33.000.000.000) y que estaban en alto riesgo de dejar de funcionar definitivamente. Los trabajadores también denunciaban que les adeudaban más de tres meses de salario y otras prestaciones que los tenían en una situación precaria. Hoy se repite la historia, y aunque se desconocen las cifras precisas de la deuda de las aseguradoras con la clínica, la gerente actual Neri Caridad Cedeño, declaró la emergencia funcional por insuficiencia presupuestal el pasado 27 de marzo de 2018. Ahora a los trabajadores no solamente les deben los últimos tres meses, sino salarios de años anteriores y otras prestaciones, aumentando la precaria situación de este recurso humano y evidenciando que los problemas en el sistema siguen en aumento.
En 2017, Hernan Mc Allister, gerente de esa época, manifestaba que “3 mil millones de pesos ($3.000.000.000) que pagara la EPS Cafesalud, podrían ser suficientes para seguir funcionando y aliviar parte de la situación”. Tres mil millones de pesos que suplicaba la Clínica para seguir funcionando en 2017, es menos que el soborno que según hallazgos de la Fiscalía, fue pagado a Alan Jara, exgobernador del Meta por el contrato 864 del 14 de julio de 2015 de la ESE del Meta, Solución Salud. En estos términos, podría decirse que un soborno menos podría significar el bienestar de trabajadores honrados y la atención en salud a gran parte de la población. Aparte de este soborno a Jara, la Fiscalía también investiga otros dineros que habrían sido entregados al actual alcalde de Villavicencio, William Barbosa y al actual representante a la Cámara por el Meta, Jaime Rodríguez. Posiblemente los dineros que fueron repartidos en estas personas, más las actuales denuncias que hay por fraudes y compras de votos en las elecciones al Congreso son menos de lo que necesita la Clínica Martha y otras IPS para saldar su déficit presupuestal.
A manera de conclusión
La situación actual de la salud en el municipio de Villavicencio es una muestra clara de las consecuencias de mantener en el sistema de salud a las EPS, a quienes se entrega la mayoría de los recursos en salud y que terminan dejando en crisis a instituciones como la Clínica Martha de Villavicencio. Estas EPS no realizan a cabalidad algunas de las labores que les corresponde, además de que sus responsabilidades pueden ser delegadas en otros actores, garantizando verdaderamente el principio rector de la eficiencia y el derecho fundamental a la salud. Por otra parte, tenemos el cáncer de la corrupción, que va tomando más fuerza en un sector donde se supone que sus actores no tienen ánimo de lucro.
Todos los ciudadanos debemos alzar nuestras voces para que se exija a los entes de control que concluyan las investigaciones y apliquen las sanciones penales correspondientes a los funcionarios salpicados por corrupción con los recursos de salud en el Meta y en todo el país. Que se devuelvan inmediatamente todos los recursos saqueados y que se usen para garantizar la dignidad de los funcionarios del sector salud.
