La suspensión del director de la SAE es un ejemplo de las dificultades que enfrenta cualquier administración que intente frenar la corrupción. Por negarse a entregar acciones de la empresa de servicios de Barranquilla -la Triple A- expropiadas de manera dudosa a una empresa española por hechos de corrupción, el director de la SAE resulta sancionado. El tema es que los compradores del 82 % de las acciones -William Vélez y los hermanos Daes que posteriormente, el 22 de agosto 2022, cedieron su parte al Distrito de Barranquilla- contratistas tan grandes como famosos cercanos a la casa Char, estarían pagando un precio muy por debajo del valor real de las acciones para hacerse al control de un negocio muy rentable como es prestar servicios públicos a los barranquilleros.
El esfuerzo del director para que una empresa clave para los barranquilleros no se la regale la clase política local y nacional a dos grupos privados, es lo que sancionó la procuradora Cabello. Tal vez el director pudo actuar con mayor sabiduría legal para que su decisión no facilitara la sanción. Pero el fondo del asunto es que con su accionar defiende el interés común mientras que la procuradora con su proceder protege a dos grupos particulares que se van a lucrar gracias a su influencia política.
La venta a precio de ganga se produce gracias al embargo, secuestro y retiro del poder dispositivo del 82,16% de las acciones de la Triple A que eran (o son) propiedad de una empresa pública española de la municipalidad de Madrid, Canal Isabell II. El Fiscal Néstor Humberto Martínez expropió las acciones cuando las autoridades españolas descubrieron que una selecta pandilla de delincuentes políticos de ese país organizaron un robo continuo de más de 80 millones de euros. Estos dineros los sustrajeron a la Triple A y en últimas a los barranquilleros que pagan las tarifas.
El descubrimiento del caso que es similar al de Odebrecht porque cubre varios países, fue gracias a las autoridades anticorrupción españolas que montaron una Operación, la Blas de Lezo, y luego con la colaboración de las colombianas (Operación Acordeón) descubrieron y comprobaron el esquema de corrupción. Fue una pandilla binacional encabezada por Ignacio González -ex presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular- que estuvo unos días en la cárcel. En la Operación se les encontró parte de los fondos en cuentas en Panamá y Suiza. A través de una serie de grabaciones y allanamientos las autoridades recolectaron las pruebas del caso barranquillero y de otra empresa del Canal Isabel II en Brasil (Essentia) a la que le robaron una suma similar los mismos pandilleros.
_________________________________________________________________________ Ni a los barranquilleros ni a la Triple A les han devuelto un peso de los dineros que les robaron
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En 2018 bajo el gobierno Duque se inició el proceso para castigar a los responsables por el robo que hicieron los ejecutivos y es cuando le suspenden el ejercicio de sus derechos como accionistas de la Triple A. Las acciones se pusieron en manos de la SAE y luego se las pasaron a la Alcaldía de Barranquilla. Sin duda el caso de corrupción ameritaba las sanciones, detenciones y condenas que se han emitido dada la abundancia de pruebas, aunque es claro que ni a los barranquilleros ni a la Triple A les han devuelto un peso de los dineros que les robaron.
Lo interesante del giro que da el caso, es que las pandillas de políticos colombianos se organizaron para aprovechar la crisis para hacerse al control de la empresa, que es muy rentable. Suponiendo que fuera legal utilizar la figura de la expropiación diseñada para los bienes de los narcos, el negocio ha podido ser limpio y transparente. Se valoran por expertos las acciones y se ofrecen por subasta o cualquier otra figura como se hizo con tantas empresas públicas privatizadas a partir de un precio justo.
En este caso el castigo por la corrupción que ejercieron los ejecutivos es la expropiación, que equivaldría a la compensación por el daño causado. ¿Pero a quien le correspondería recibir la indemnización? ¿A dos particulares, a la ciudad o a los ciudadanos que fueron robados en últimas? Parece insensato que los beneficiarios de las acciones públicas que destaparon el caso de corrupción sean dos grupos amigos de los Char que a su vez administran la ciudad hace varios lustros, con el apoyo de la clase política cachaca del gobierno Duque.
El aprovechamiento de terceros de este caso de corrupción genera una nueva figura de corrupción, la corrupción derivada. Valiéndose de lo bien incrustados que están los corruptos en las instituciones que deben luchar contra la corrupción, se apropiaron de las acciones embargadas a una empresa (no a los responsables de los delitos) por un bajo valor. La pandilla colombo-española que hizo el robo original con base en su influencia política, nunca se imaginó que acabaría enriqueciendo a la clase política colombiana y a unos grupos económicos que viven de la contratación pública.
Mientras el director de la SAE es suspendido por actuar como éticamente le corresponde, las autoridades protegen las actuaciones inmorales. - Por, su lado, la empresa española espera que el Tribunal de Comercio Internacional del Banco Mundial (la CIADI) les devuelva las acciones alegando que se violó el régimen de protección de inversiones.
