El comercio es una actividad fundamental para el desarrollo económico y social, porque la riqueza se materializa con el intercambio mercantil. Pero el modelo económico predominante ha creado mecanismos para que dicha riqueza pueda ser canalizada hacia territorios en donde los países no tienen control sobre estas transacciones.
Un estudio de la Red de Justicia Tributaria, usando la metodología de Integridad Financiera Global (Global Financial lntegrity), encontró que para 2016 alrededor del 7,8 % del comercio colombiano usó algún método considerado como flujo financiero ilícito. Este consiste en registrar un valor diferente en las exportaciones e importaciones con el objetivo de evadir el pago de impuestos o lavar activos.
El fraude fiscal no es un invento criollo. Se estima que USD 990 000 millones se mueven en el mundo cada año como flujo financiero ilícito, de los cuales el 83 % son resultado de la falsa facturación comercial y un 17 % de actividades criminales. Así, mientras los países en desarrollo afrontan enormes necesidades en materia social, en infraestructura y competitividad, algunas multinacionales se aprovechan de la debilidad y complacencia de las naciones para operar sin requisitos y fugar las ganancias hacia paraísos fiscales.
Colombia ha suscrito 15 tratados de libre comercio y 6 acuerdos de protección de inversiones que otorgan enormes privilegios a estas empresas, socavando el bienestar social. Además, una tercera parte de la inversión extranjera proviene de paraísos fiscales como Panamá, Bermuda, Islas Caimán u Holanda, los cuales Colombia se ha negado a reconocer como territorios con alta opacidad en la información financiera.
En el caso colombiano, los datos señalan que durante 2016 cerca de USD 4162 millones en exportaciones fueron subfacturadas. Consiste en reportar un valor menor al que se vende realmente el producto al consumidor final, usando algún paraíso fiscal para triangular la exportación y solo pagar impuestos y regalías y por el valor menor de venta, mientras la ganancia se fuga a una cuenta secreta. Durante este mismo año, unos USD 1978 millones en importaciones se sobrefacturaron, haciendo más costosa la compra que realizó Colombia desde algún otro país, por lo que la base gravable disminuye pagando menos impuestos e incluso lavando dinero.
Es sospechoso que empresas públicas como Ecopetrol
tengan varias filiales en paraísos fiscales y ¡hasta un banco en Suiza!,
porque impide la fiscalización ciudadana sobre recursos que pueden estar fugándose hacia allá
Por eso es tan sospechoso que empresas públicas como Ecopetrol tengan varias filiales en paraísos fiscales y ¡hasta un banco en Suiza!, porque no hay forma de que la ciudadanía realice una efectiva fiscalización sobre recursos que pueden estar fugándose hacia estos territorios, mientras en Colombia aprueban reformas tributarias cada dos años para subir los impuestos a los trabajadores y empresarios pequeños y medianos.
Una política fiscal sana debe considerar el fortalecimiento de la Dian para fiscalizar los movimientos financieros sospechosos y fraudulentos, tanto del comercio como de actividades criminales. Lamentablemente la administración tributaria del país cuenta con la tercera parte de funcionarios en comparación con la OCDE. Por lo tanto, sin una política efectiva por parte del gobierno nacional, será imposible impedir que algunas multinacionales sigan esquilmando la riqueza que se necesita para el desarrollo nacional.
Twitter: @mariovalencia01
